Resulta entonces una obligación realizar varias reflexiones en torno a los posibles significados de la reforma con el fin de seguir contribuyendo en los debates pero, sobre todo, continuar aportando al horizonte de alternativas desde nuevos tópicos que resultan muchas veces inadvertidos.

1

De manera casi unánime se ha venido interpretando la reforma al BCRA como una decisión de ruptura histórica para la Argentina. Particularmente es vista como una medida que se opone al neoliberalismo fondomonetarista del pasado. Ciertamente. El neoliberalismo global agenciado principalmente – aunque no de manera única – por el Fondo Monetario Internacional durante las décadas anteriores tuvo en el formato estándar dispuesto a los Bancos Centrales “autónomos, independientes y autárquicos” un Caballo de Troya sin igual para imponer en diferentes países la política económica internacional y, en este caso, las políticas monetarias y financieras que resultan siempre funcionales a los intereses del capital financiero con sede en Washington. De allí que cualquier reformulación al esquema heredado, en principio, habría que aplaudirlo hasta la ovación.

No obstante, parece pasar desapercibido en la mayoría de los análisis y adhesiones a la reforma que hoy por hoy – y desde el año 2010, especialmente – es el propio FMI quien ha convocado a reformar el antiguo esquema de la Banca Central neoliberal. De hecho, desde el colapso financiero iniciado en 2008, el Fondo ha estado muy atento en propiciar un nuevo enfoque para la política macroeconómica global con el fin de contrarrestar los incómodos avatares que se derivan de la cabalgante crisis aplicando algunos “cambios” en la orientación y la institucionalidad neoliberales del pasado, desde luego, sin el ánimo de transformar el escenario. Esta tentativa radica, pues, en actualizar las políticas macroeconómicas para salirle al frente, y a su manera, a la crisis. Un documento del año 2010 titulado Repensar la política macroeconómica resulta bastante ilustrativo de lo anterior (http://bit.ly/ItivH5).

Por ello, cuestiones que se consideran – apresuradamente, tal vez – “a contracorriente” tales como la coordinación entre las políticas monetaria y fiscal (ésta última con un “rol más activo”) y las regulaciones en la tasa de cambio y el sector financiero ya son parte del ideario de principios básicos que guían el “nuevo” marco macroeconómico – insistimos en subrayarlo – fondomonetarista.

En el caso de los Bancos Centrales puntualmente, el Fondo había sido antes celoso en reservarles como única función mantener la estabilidad de precios (inflación baja) mediante un solo instrumento: las tasas de interés (“altas” para desincentivar la inflación). En el pasado el FMI defendió a rajatabla además la naturaleza de esta institución monetaria: independiente, autárquica y autónoma (en realidad, todos ellos eufemismos pues las decisiones en política monetaria nunca son neutrales, como se pretendía sugerir; ahora admiten la “no neutralidad” de lo monetario) frente a los gobiernos de turno bajo la justificación de la inconveniente interferencia de intereses de algún tipo en la política monetaria, en una especie de esterilización del manejo económico en lo eminentemente técnico y políticamente neutral. Ahora, sin embargo, y especialmente desde la re-visión del enfoque macroeconómico, el FMI propone un mandato ampliado del Banco Central (más allá de la obsesión por la inflación) que incluye, entre otras muchas cuestiones, prestar atención a la “actividad económica” – proponen taxativamente – y su nuevo enfoque tolera niveles promedio de inflación (un poco) “más altos” como también mayores grados de liquidez y la regulación en la tasa de cambio desde las autoridades económicas y creen firmemente en que la política fiscal “contracíclica” resulta ser una buena herramienta. El FMI mantiene intactos, en lo fundamental, los rasgos de autarquía, independencia y autonomía de los Bancos Centrales, lo cual, palabras más palabras menos, quiere decir que las reglas vigentes en materia monetaria hasta el momento, más allá de la nuevas formas y posibilidades que adquieren los instrumentos de política, siguen funcionando (¡siendo funcionales!) y, por supuesto, en este aspecto no deberían esperarse reformas.

Al lado de las reformulaciones que sugiere el FMI y que resultarían para algunos desprevenidos muy seductoras e incluso “contradictorias” frente a su visión anterior, por ejemplo: la deseabilidad de espacios fiscales mayores para incurrir en déficits (“cuando se necesite”), la acumulación de reservas internacionales en niveles “técnicos” mayores a los que habitualmente se aconsejaba para mantener los “equilibrios”, etc., se continúa en todo caso invocando el núcleo duro de los objetivos fondomonetaristas convencionales: profundizar el ajuste fiscal, la reducción de la relación deuda/PBI (lo cual no es otra cosa que condicionar el pago de deuda externa en detrimento de atender urgentes situaciones sociales, por ejemplo) y las tradicionales condicionalidades que este organismo suele imponer en el manejo de las políticas macroeconómicas en los países que se involucran con él (flexibilidad laboral, recorte de los gastos públicos sociales, etc.).

En síntesis, el nuevo marco de política macroeconómica que se “formula” desde el FMI a raíz de la profundización de la crisis es una forma de actualizar las orientaciones macroeconómicas anteriores (hoy consideradas inoperantes e inconvenientes en muchos casos; aunque en otros, las políticas convencionales aún disfrutan de alguna productividad y son aplicadas sin ningún matiz como está sucediendo en Europa) con el fin de ajustarse mejor a los nuevos tiempos. Estas re-visiones pretenden reorientar el marco de la política monetaria internacional, la cual se encuentra en función cuasidirecta de la política macroeconómica usamericana actualmente en trance crítico.

El FMI no ha descubierto nada. Estos lineamientos en materia de política macroeconómica han sido – y son hoy inclusive – bien conocidos. Hacen parte del abanico de propuestas que desde hace tiempo se encuentran disponibles en la teoría económica convencional pero que habían sido desechadas por la renuencia dogmática del FMI. No obstante, ahora, y ante la gravedad que plantea la evolución de la crisis capitalista, aparecen como argumentos aceptables para el neoliberalismo fondomonetarista en la medida en que son funcionales para mantener sin mayores transformaciones el statu quo. Esta propuesta de políticas está muy lejos de constituirse en una ruptura o en un marco de políticas económicas alternativas al neoliberalismo y, desde luego, no contribuye – en alguna manera – a destituir el carácter del proyecto económico político vigente sino más bien ayuda a gestionarlo. El modelo neoliberal aquí no está en discusión.

2

Si el FMI no ha innovado para nada los referentes de su política macroeconómica, en el caso de la reciente reforma a la Carta Orgánica del BCRA, la presidente Cristina Fernández de Kirchner ha sido bastante sincera respecto algunas de las motivaciones que llevan al país hacia la reforma del Banco Central.

En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en abril de este año (2012) la presidente afirmó en relación con la reforma al BCRA: “No es más ni menos que cumplir Basilea III, norma del G-20, no estamos inventando absolutamente nada…” (http://bit.ly/HEsZmh). Ciertamente. La reforma al BCRA, en ese sentido, no resulta improvisada: no se está inventando nada. Sus referentes y principios ideológicos ya han sido inventados.

De hecho yendo a la letra de la reforma es claro que los aspectos sustanciales del nuevo BCRA coinciden en lo fundamental con la “re-visión” fondomonetarista (organismo que – vale la pena subrayarlo – también ha sido uno de los promotores de la convergencia hacia Basilea III) y el “nuevo marco” de la política macroeconómica en general y en lo que atañe a los principios rectores de la política monetaria y cambiaria, incluyendo los aspectos financieros y crediticios referidos a la Banca Central en particular, hacen parte del “sentido común” hoy reinante (v.gr. articulado del Proyecto de Ley pero especialmente arts. 4°, 10°, 14° y 18°).

Esta es otro de los detalles que se pasa por alto pues si bien se ha dicho que la reforma se inspira en el cumplimiento de los Acuerdos de Basilea (específicamente el III) se omite que las ideas-guía y el marco de referencia que se explicita en la reforma convergen con los del Fondo Monetario Internacional en materia macroeconómica hoy.

El proyecto de ley de reforma del BCRA justifica los ajustes en la reglamentación de la Carta Orgánica so pretexto de actualizar la Carta Orgánica (“el ‘perímetro’ regulatorio se encuentra en sintonía con las nuevas regulaciones financieras internacionales”; folio 5, Proyecto de Ley), ante las condiciones internacionales generadas desde el colapso financiero de 2007-2008 las cuales, en términos de los autores del proyecto de ley, “han demostrado la necesidad de reformular el rol de los bancos centrales dotándolos de un mayor protagonismo. En el mismo sentido, los mandatos han ido mutando alejándose del objeto único y exclusivo de la estabilidad monetaria para reincorporar la dimensión de la estabilidad financiera, en pleno reconocimiento del estrecho nexo que las vincula” (folios 6 y 7, Proyecto de Ley).

Ahora bien, entre los varios “nuevos” detalles respecto a la CO del BCRA algunos aspectos de vital importancia llaman la atención.

Empezando, la reforma – calificada como “integral” por su actual directora, Mercedes Marcó del Pont (Diario Página 12, 22.03.12) – mantiene intactos lo relacionado con las directrices de independencia y autonomía del BCRA, respecto la CO anterior. Amplía las metas de la entidad, alejándose de la “única” función de velar por la inflación (estabilidad monetaria) hacia la estabilidad financiera y, especialmente, al desarrollo económico con equidad, pero – sin embargo – resulta un misterio a qué se refiere este último y de qué manera o con base en cuáles “nuevos” instrumentos el BCRA podría convertirse en un agente activo del mismo.

Un apartado merece el tema de los cambios en la CO del BCRA respecto al manejo de las Reservas Internacionales (RI) y sus implicaciones en el marco de la economía política argentina actual.

En medio de la crisis y, especialmente, desde el estallido del colapso financiero global en 2007-2008, varias economías se han visto incentivadas para acelerar la acumulación de RI con fines – sobre todo – precautorios. Resulta ilustrativo que mientras las reservas de los países emergentes en la década del 90’ representaban cerca del 8% como proporción del PBI, para 2009 esa misma relación alcanza el 36% (http://bit.ly/L0DxZo) (1).

Haciendo cuentas desde el año 2010, Argentina a través de su Banco Central ha destinado más de 16 billones (millones de millones) de dólares de las reservas internacionales al pago de deuda (de corto plazo), en particular, hacia dos tipos de acreedores: privados y multilaterales. Esto sin contar los U$9.3 billones de deuda con el Club de Paris (2). Solo en este año (2012) se han asignado alrededor de 5.7 billones de dólares. Ciertamente, la modificación del artículo 6° de la CO que establece las denominadas reservas excedentes o de libre disponibilidad (art. 14) se justifica no sólo para garantizar el pago al Club de Paris (así lo planteó de manera explícita la actual titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont ante el Congreso de la República), sino también con los organismos internacionales y la deuda externa oficial bilateral, una modificación que se complementa además con lo consignado en el artículo 22 (transitorio) que estableció el Fondo de Desendeudamiento el cual, desde su creación (Decreto 248 del 2010), viene reforzando esta tendencia.

Tabla 1. Reservas Internacionales del BCRA

Fuente: con base en web BCRA. Montos a 30 de diciembre de cada período anual. (*) Excluye asignaciones DEG 2009. (**) Al mes de abril.

En torno a este tema vale la pena realizar algunos comentarios. En primer lugar, la legitimidad misma de la deuda. Sólo este argumento exigiría congelar las transferencias de recursos, por lo menos, hasta que se determine la auténtica cuantía legítima de la deuda. La actual política de desendeudamiento privilegia el pago hacia acreedores internacionales en detrimento de, por ejemplo, la indiscutible deuda social y su virtual postergación pero, inclusive, la desestimación frente a otros acreedores nacionales. En este mismo sentido, los cuantiosos recursos que se canalizan casi en exclusiva hacia el pago de la deuda extranjera parecen reñir, o por lo menos, poner en duda, la declaración de los “nuevos objetivos” del BCRA especialmente en relación con la promoción del desarrollo nacional y la llamada inclusión social.

En este aspecto hay que subrayar que uno de los posibles impactos previstos fruto de los acuerdos de Basilea III es el hecho que las entidades bancarias, en el proceso de ajustarse a este tipo de reglamentaciones, tenderán a encarecer el crédito (tanto de captación, dinero que reciben del público, como el de colocación, el que prestan al público; y, seguramente, manteniendo sus márgenes de ganancias – bastante atractivas, por cierto -, es decir, las tasas de intermediación financiera) y los servicios que hoy prestan (de suyo hoy, progresiva y excesivamente costosos). Los bancos comerciales, por ejemplo, estarían desincentivados para captar ahorro y encauzarlo necesariamente hacia la inversión (productiva, incluso, hacia la especulativa, más riesgosa) y, por el contrario, lo utilizarían para aumentar su capital propio, una situación que si bien se aminora con la reglamentación, en lo esencial, sigue reproduciendo las condiciones anteriores pues el nuevo crédito no fluiría necesariamente hacia las familias o las empresas sino que sería administrado para la previsión de contingencias en el futuro, la adquisición de activos o títulos soberanos, por citar algunos ejemplos.

La crisis actual y los salvatajes estatales al sistema financiero en los Estados Unidos y Europa recientemente ofrecen varias situaciones que siguieron al pie de la letra esta dinámica. Estas tendencias dependen, por supuesto, de cuáles son orientaciones reales de política de los Bancos Centrales. Argentina desde tiempo antes se había encaminado en el paradigma de Basilea. En diciembre de 2006 el BCRA publicó una detallada “hoja de ruta” en la que proyectaba las acciones de la institución para converger con Basilea II hacia 2010. Con la reciente reforma parecería alinearse ahora en “sintonía fina” con los de Basilea III, tal y como lo ratifica el anuncio presidencial.

En segundo lugar, la política de desendeudamiento resulta problemática. El pago sistemático de los servicios de la deuda – incluso, con las sumas astronómicas que hemos señalado – se ha venido haciendo con más endeudamiento, es decir, generando nueva deuda, con lo cual se trataría sencillamente de un re-endeudamiento. Además se ha dicho poco en relación con la “autarquía”, “independencia” y “autonomía” del BCRA y el impacto – eventual pero potencial, según se observa en las tendencias que comentamos – de la deuda cuasi-fiscal del organismo y el límite (económico y político) de transferir sistemáticamente deuda fiscal hacia el BCRA (incluyendo la necesidad de saneamiento de las cuentas fiscales que se vienen sosteniendo con el financiamiento del ANSES, por ejemplo).

Vale la pena señalar que este es un aspecto muy importante no sólo referido a uno de los temas más sustanciales de la reforma al BCRA sino que tiene una relevancia inusitada dentro del contexto actual de la economía política mundial y en donde, además – insistimos – hoy por hoy el Fondo Monetario Internacional juega un rol determinante en diferentes espacios y también en foros como el G-20.

A pesar que no sea tan evidente y sin negar el relativo “desprestigio” en que habría caído el FMI en los recientes años entre la opinión pública, el Fondo sigue ejerciendo un liderazgo e influencia globales considerable. Hoy es el “encargado” de llevar a cabo las “soluciones” hegemónicas para darle “salida” a la crisis.

Tabla 2. Evolución de la deuda externa argentina

Precisamente, entre las opciones que se perciben desde el FMI para el caso, está la posibilidad de “resolver” la crisis europea (y de paso, la usamericana) mediante lo que denominan un cortafuegos, mecanismo para evitar las cesaciones de pagos soberanos (defaults) en Europa y las terribles consecuencias en términos financieros, económicos y políticos que ello significaría para ambas economías. Se espera en esta forma aumentar parte del financiamiento de la crisis europea, vía FMI, con préstamos especiales desde lo que se denomina países superavitarios, es decir, aquellos poseedores de – literalmente – “un gran número de divisas extranjeras”, por el orden de los U$600 billones (http://bit.ly/IWOQ8H). Entre los países que estarían llamados a converger en esta propuesta se cuentan Brasil, México, Rusia y, se postulan en genérico, “nuevos miembros del G-20” (¿Argentina?). La lista la completan países “exportadores de petróleo en el Medio Oriente” y no descartan a China, Japón y otros países asiáticos. Como se puede notar, se trata en la práctica del resto del mundo.

Esta es una operación – según sus promotores – en la cual todos ganarían pues, por un lado, varias de estas economías emergentes estarían interesadas en diversificar sus altos niveles de reservas “lejos del dólar” con el objetivo de mejorar su gestión financiera soberana en medio de la crisis y, a su vez, por otro lado, “los gobiernos de la eurozona trasladarían exitosamente parte de los costos de cualquier rescate financiero futuro hacia el resto del mundo. El resto del mundo obtendrá – a cambio – un favorable precio por este servicio hacia la eurozona en la forma de concesiones políticas de Europa en otras áreas de políticas” (http://bit.ly/IWOQ8H). Una de las posibles concesiones que haría Europa hacia estos países concretamente, se sugiere, sería la transferencia de 7 de los 8 asientos que mantienen hoy los europeos en el FMI.

En síntesis: el FMI planea trasladar los costos y el financiamiento de la crisis desde el centro hacia la periferia. ¿Tiene este contexto eventuales implicaciones sobre el manejo de las reservas internacionales – además de la intencionalidad manifiesta en el pago de la deuda externa – incorporados en la nueva legislación del BCRA? Se trata de implicaciones en términos no sólo técnicos y económicos sino, más importante aún, políticos y sociales. Involucran directamente el marco de los proyectos de integración internacional (adjetivo que sí aparece en el texto de la ley respecto las funciones y facultades del BCRA y el “desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional) (subrayo), una cuestión que evidentemente podría diferir de una integración regional (adjetivo que no aparece en el texto de la ley).

3

Otro asunto que no se profundiza lo suficiente aún pero en el cual se insiste desde importantes sectores tanto oficialistas como de la oposición es el objetivo de recuperar el rol activo del BCRA como garante del Desarrollo de la economía real, la producción y la distribución del ingreso. Inclusive, en este tema se ha llegado a afirmar que “las políticas económicas del país han cambiado y entramos en un nuevo ciclo productivo, caracterizado por la reducción del endeudamiento externo y la reindustrialización” (Mario Rapoport, Página 12, 11.03.12).

Sin embargo y en contraposición con el discurso difundido últimamente, hay que seguir subrayando las necesidades políticas y económicas de maniobrar sobre los límites que representa el modelo de acumulación iniciado en 2003 en su actual etapa. Es conocido cómo el paradigma actual de los Bancos Centrales, cuentan ya en su legislación y como parte de sus funciones desarrollar el pleno empleo, el incremento de la producción y la promoción del bienestar económico y financiero sin que por ello signifique cambios de fondo y reales en la manera como se concibe un desarrollo económico, político y social distinto al imperante.

Entonces lo que resulta urgente discutir, a la hora de hablar de paradigmas de Banca Central e incluso de Desarrollo socioeconómico, es cuál economía real se quiere desarrollar; qué tipo de crecimiento económico se necesita y qué es lo que el BCRA debería financiar, respaldar, acompañar.

¿Es el modelo de desarrollo basado en la producción de soja, la cual representa hoy el 56% de la tierra cultivable y avanza con la deforestación a escala de un millón de hectáreas entre 2002 y 2006 y con el desalojo de campesinos y pueblos originarios de sus tierras, lo que se plantea consolidar dentro del nuevo plan agro-alimentario (157 millones de toneladas para 2020)? ¿Es el modelo extractivista de la mega-minería a cielo abierto – prohibida en todo el suelo europeo – por los efectos devastadores e irreversibles sobre la naturaleza, de grandes multinacionales que no sólo se apropian del suelo y las cordilleras y que además gozan de las mayores exenciones impositivas (no pagan impuesto al cheque ni a los combustibles y pagan regalías solo entre el 2,5 y el 4%) y a las cuales el propio Néstor Kirchner les permitió liquidar divisas en el exterior (2004)? ¿Es el modelo industrial donde de las 500 principales empresas las dos terceras partes son de capital extranjero? ¿O la industria automotriz actual que, proyectándose como uno de los “pilares” del crecimiento, funciona como plataforma de exportación del capital trasnacional en base al ensamblaje de autopartes importadas? A estas preguntas podríamos añadir muchas otras, por ejemplo, el Transporte Público o a la (falta de) soberanía energética necesarios para cualquier desarrollo nacional, dos temas puestos recientemente de relieve en la agenda pública (masacre de Once, YPF).

Esta discusión (o la necesidad de que la sociedad argentina en su conjunto discuta su modelo social productivo) debe encarar la vinculación real existente entre esta reforma de la CO del BCRA, entre muchas otras de reciente emergencia, con las nuevas necesidades del Gobierno que surgen de los propios limitantes del modelo económico iniciado en el 2003.

Los primeros impactos de la crisis internacional combinados con el atraso de la inversión de los empresarios industriales y energéticos, generan un desequilibrio negativo de balanza comercial que expresa el “limitante externo” histórico del desarrollo periférico, y que vuelve a poner de manifiesto el carácter profundamente dependiente de la estructura económica nacional.

La inflación, otro de los desequilibrios centrales del modelo, pone de manifiesto a su vez la concentración económica y la capacidad de los oligopolios dominantes de aumentar su rentabilidad no a través de la inversión, sino mediante la fijación de precios que comen los ingresos de los sectores populares y las políticas estatales de distribución de la riqueza hacia los mismos (por ejemplo la asignación universal por hijo).

En un momento donde estamos discutiendo el protagonismo de la sociedad para la toma de decisiones y donde en general cuando se discute el papel de la banca cooperativa y de la banca pública en el debate del sistema financiero se habla de la necesidad de la toma de decisiones. ¿Por qué no es el momento de remplazar y transformar la Ley de Entidades Financieras y no únicamente “cambiar” algunas cuestiones?

En todos estos debates, por supuesto, no sólo hay cuestiones económicas en discusión sino también cuestiones políticas: por ejemplo, ¿cuál es el sistema financiero que necesitamos? ¿Cuál es el tipo de entidades financieras que necesitamos? ¿Cuál es el tipo de BC que necesitamos? ¿Qué tipo de BC queremos? ¿Qué política monetaria y qué política financiera necesitamos para desarrollar qué modelo productivo?

La reforma a la CO del BCRA no puede soslayar el debate sustantivo en la cual se inscribe en forma más amplia y mucho menos sugerir que el modelo económico, político y social del país está fuera de la discusión. Se trata entonces de la disyuntiva entre modelar un nuevo Desarrollo o simplemente continuar desarrollando el Modelo vigente.

Buenos Aires (Argentina), Mayo del 2012.

José Francisco Puello-Socarrás, Lucas Castiglioni y Santiago Guti

Grupo de Investigaciones Monetarias y Financieras Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP)

(1) Nos referimos a países emergentes en el sentido en que “(…) la calificación “emergentes” proviene de los inversores internacionales que requieren de países que les ofrezcan adecuadas condiciones para una rápida rentabilidad, precisamente en momentos de crisis en sus territorios de origen”. Gambina, J., “Aspectos estructurales y coyunturales de la crisis” en Estay, J., Lara, C. y Silva, C., El neoliberalismo y su crisis. Causas, escenarios y posibles desenvolvimientos, Santiago, Alfabeta Artes Gráficas, 2012.

(2) La necesidad de divisas para el pago de la deuda, no explica únicamente la reforma de la carta orgánica, sino también la gran cantidad de dólares que viene comprando el BCRA (aprovechando la liquidación de la soja y el trigo (abril 2012 uSu580 millones). El BCRA tiene el objetivo de incrementar en 26.4% M2 (oferta-liquidez monetaria) en los próximos tiempos.

“¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia?”.
Santiago Ramón y Cajal, citado en Eduardo Galeano, Los hijos de los días

El término Pensamiento Crítico puede resultar siendo una abstracción y hasta tener un carácter tautológico, si no se precisa qué se entiende por tal denominación. Una abstracción que puede convertirse en un mero enunciado, que se repite sin mucho cuidado. Una tautología porque en rigor todo pensamiento que amerite tal nombre debería ser crítico con todo lo existente y consigo mismo. Pero como hoy se han entronizado en el mundo entero un conjunto de banalidades propias de un pensamiento único, un pensamiento sumiso y un pensamiento abyecto, adquiere sentido hablar de pensamiento crítico, no sólo para diferenciarse de estas formas sino para rescatar la esencia de una reflexión que no se quede en la mera contemplación, aceptación o apología de todo lo existente. En ese orden   de ideas, y de manera algo esquemática, intentaremos precisar cuáles serían en nuestro sentir y entender las características del pensamiento crítico, que se encarna, por supuesto, en hombres y mujeres de carne y hueso, quienes son los pensadores y las pensadoras críticos.

1

Es un pensamiento histórico: El sistema capitalista se presenta a sí mismo como el fin de la historia, el mejor de los mundos, una realidad insustituible sin pasado ni futuro y la realización plena del presente perpetuo, que siempre gravita sobre lo mismo: sobre la producción mercantil y el consumo exacerbado. Ni antes ni después del capitalismo se concibe la existencia de otras formas de organización social, porque todo se sujeta al endemoniado ritmo de la pretendida “destrucción creadora”, que promete un reino eterno, aquí en la tierra, de opulencia y derroche. Para que todas estas falacias se impongan se hace necesario cortar los vínculos de los seres humanos con la historia, o mejor dicho, negar que nosotros somos seres históricos, que estamos anclados al mismo tiempo en el pasado, el presente y el futuro, y que en el pasado relucen los destellos de proyectos y alternativas de los vencidos que iluminan el futuro, para que el presente no aparezca como una fatalidad que tenemos que aceptar y contra la cual nada podemos hacer. Por eso, se ha impuesto la amnesia y el olvido, para que aceptemos que siempre ha existido y existirá el capitalismo, sin que podamos concebir otras formas de organización social y otras maneras de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.

Para enfrentar esos prejuicios sobre la eternidad del presente capitalista, la historia debe ser un instrumento indispensable de análisis y reflexión que nos ayude a recuperar otras perspectivas, que nos recuerdan que el capitalismo es sola una relación social históricamente constituida, que no representa ni mucho menos el fin de la historia. El conocimiento histórico nos ayuda a comprender que el presente actualmente existente es el resultado de procesos complejos en donde, entre muchas alternativas, se impuso, a menudo con la violencia y la irracionalidad, solo una de ellas. En breve, el pensamiento crítico se sustenta en aquella célebre propuesta de Pierre Vilar de pensar históricamente, para ubicar, localizar, relativizar, fechar, explicar, comprender y contextualizar todos los procesos existentes, incluyendo al capitalismo.

2

Es un pensamiento radical:   Para develar la injusticia y la desigualdad se hace necesario ir a la raíz misma de los fenómenos, con la finalidad de explicar sus causas fundamentales. Esto es lo que quiere decir el término radical, hurgar en el transfondo de los procesos, y no quedarse prisionero en el mundo de las apariencias. Un pensamiento radical supone escudriñar sin concesiones en los mecanismos que mantienen la dominación, la explotación y la opresión, llamando a las cosas por su nombre, y desmontando las falacias ideológicas que se emplean para encubrir con eufemismos la dura realidad. Por supuesto, la radicalidad del pensamiento no es una cuestión puramente lingüística o retórica, puesto que la misma utilización de ciertos conceptos (como capitalismo, imperialismo, clases sociales, desigualdad) implica la adopción de un punto de vista, que tiene consecuencias prácticas, en la vida de las personas que asumimos ese tipo de crítica radical.

3

Es un pensamiento anticapitalista:   En sentido estricto, en la actualidad un pensamiento radical tiene que ser anticapitalista, porque durante dos décadas se nos anunció que el mercado perfecto se había hecho realidad tras la desaparición de la Unión Soviética y su imposición garantizaba el crecimiento ilimitado y la satisfacción, vía consumo, de las necesidades de todos los habitantes del planeta. Estas mentiras han quedado hechas añicos por la crisis capitalista que se ha extendido por el mundo desde el 2008, en la que se ha evidenciado que el costo de la crisis la pagan los trabajadores, y los pobres, como lo estamos viendo en la Unión Europea, modelo por excelencia del triunfalismo capitalista, pero que hoy hace agua por todos los costados y que sitúa al mundo en la peligrosa disyuntiva fascista de la década de 1930. Si las cosas son así y se ha hecho palpable que el capitalismo en lugar de contribuir a solucionar los problemas de la humanidad los tiende a agravar con su lógica mercantil, basada en el lucro y el crecimiento ilimitado, es necesario volverse a plantear una propuesta que vaya más allá del capital.

4

Es un pensamiento abierto: Para ser radicalmente anticapitalista es indispensable apoyarse tanto en las más diversas tradiciones revolucionarias como en el conjunto de las ciencias y las artes. El pensamiento crítico precisa del dialogo permanente con diversos legados emancipatorios que se han ido construyendo durante varios siglos en distintos lugares del planeta, entre los que sobresale el pensamiento de Marx y sus seguidores más lúcidos, el anarquismo, el ecologismo, el feminismo, el indigenismo y todo lo que ayude en el propósito de reconstruir una agenda de lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Así mismo, como nos lo han enseñado los grandes pensadores de nuestra América y de otros continentes (como José Carlos Mariategui, Antonio Gramsci, George Lukacs), la reflexión crítica se enriquece en un dialogo fecundo con las ciencias y la técnica, un intercambio necesario para afrontar la crisis civilizatoria a la que nos ha conducido el capitalismo y en la cual todos estamos inmersos. Porque esa crisis no se comprende al margen de los impactos nefastos y contradictorios de las tecnociencias, lo que obliga a tener unos mínimos rudimentos sobre las mismas, que permitan esbozar una distancia crítica y mucha mesura y circunspección.

5

Es un pensamiento que cuestiona la idea optimista de progreso: Tras constatar los costos contradictorios de la filosofía de progreso, con todo su cortejo de muerte y destrucción, es pertinente cuestionar al progresismo, en todas sus variantes, y en especial el culto a la tecnociencia, por todas las implicaciones prácticas que tiene. Hoy, cuando se ha impuesto la razón instrumental y se ha generalizado el fetichismo de la mercancía que alienta la lógica irracional de producir para consumir en un círculo vicioso cada vez más destructivo, se torna urgente problematizar los proyectos progresistas que se sustentan en el tener sobre el ser, en la cuantificación abstracta propia de la mercancía despreciando el valor de uso, en la idea de consumir hasta el hartazgo como sustituto del buen vivir en condiciones dignas. La crítica a la filosofía del progreso es indispensable para abandonar las ilusiones sobre las soluciones técnicas como forma de resolver los problemas que ha generado el capitalismo (como los trastornos climáticos o la destrucción de los ecosistemas), y volver a priorizar las soluciones sociales y políticas. Por todos los avatares de los fallidos proyectos anticapitalistas del siglo XX y de la tragedia ambiental y humana que se vive en China, ya no es posible seguir rindiendo culto al Progreso. Esto, desde luego, resulta una idea poco popular por la imposición generalizada del consumo de artefactos tecnológicos en la vida cotidiana, pero que necesita plantearse para estudiar a fondo las consecuencias nefastas de la ampliación a algunos reducidos sectores de la población del modo estadounidense de producción y de consumo, frecuentemente aplaudida como la máxima expresión de progreso, y que destruye a la naturaleza y a los pobres.

Hay que decirlo, esto no supone el abandono ni de la ciencia ni de la técnica, como frecuentemente lo sostienen quienes creen que criticar al progreso es rechazar por completo la modernidad y retroceder a la época de las cavernas. Más bien de lo que se trata es de rescatar lo mejor de la modernidad para pensar en construir otro tipo de civilización ecosocialista.

6

Es un pensamiento ecologista y antipatriarcal: La destrucción ambiental se ha generalizado en el planeta, y Colombia no es la excepción, y más ahora con las locomotoras de la minería y el libre comercio.   El ecocidio avanza de manera incontenible al ritmo de la expansión capitalista por los cinco continentes, como lo demuestran las cada vez más frecuentes catástrofes sociales, que resultan de la destrucción de la naturaleza y de la mercantilización de los bienes comunes. Esto obliga a atender, mediante la reflexión analítica, el estudio de los límites ambientales del capitalismo y los peligros que eso entraña para grandes porciones de la población, en primer lugar los más pobres. Se necesita de una nueva sensibilidad que incorpore a la crítica anticapitalista, que ha estudiado a fondo la contradicción capital-trabajo, una crítica de similar importancia que dilucide la contradicción capital-naturaleza, y que involucre a todos los sujetos sociales afectados por esta segunda contradicción. En consecuencia, el pensamiento crítico requiere ser profundamente ecologista, en una perspectiva que sea un complemento indispensable del anticapitalismo.

Al mismo tiempo, dados las notables contribuciones teóricas de diversas corrientes del feminismo, en consonancia con el sometimiento de la mayor parte de las mujeres, es prioritario que el pensamiento crítico asuma el cuestionamiento del patriarcado y de todos sus componentes de opresión y de marginación de la mitad del género humano.

7

Es un pensamiento nacionalista e internacionalista a la vez:   El capitalismo realimente existente y sus ideólogos, entre los que sobresalen los neoliberales, se han encargado de construir un falso dilema: ellos presentándose como los globalizadores por excelencia, abjuran de todo lo relacionado con lo nacional, como propio del atraso y de la barbarie. Esto lo han hecho con la finalidad de justificar la entrega de la soberanía de los países y el regalo de los bienes comunes que se encuentran en sus territorios, todo a nombre de una pretendida modernización global. Al mismo tiempo, como respuesta a ese universalismo abstracto, otros portavoces del capitalismo han suscitado feroces guerras xenófobas en varios continentes, que han suscitado la xenofobia y la limpieza étnica.

Contra ese falso dilema –entre el universalismo abstracto y el chovinismo nacionalista-, el pensamiento crítico debe y tiene que reivindicar otro tipo de nacionalismo, junto con el internacionalismo. No se puede abjurar de lo mejor de la configuración nacional en nuestra América, máxime en estos tiempos de la vergonzosa desnacionalización que han impulsado las clases dominantes en estos países, como se patentiza en Colombia. Esto no supone reivindicar ni mucho menos un trasnochado patriotismo barato, propio de la mentalidad retrograda de los terratenientes y ganaderos de Antioquia y otras regiones de este país. Quiere decir, por el contrario, postular un nacionalismo cosmopolita, basado en la máxima de José Martí: “Patria es humanidad”. Como quien dice, que estemos asentados en nuestro territorio, pero para comprender mejor el mundo relacionarnos en forma más adecuada con los otros países, y no creernos ni mejores ni peores que los demás. Ese internacionalismo, además, es urgente tanto para recuperar las mejores tradiciones de lucha de los dos últimos siglos en nuestra América, como para solidarizarnos y compartir las utopías de los oprimidos del mundo entero.

8

Es un pensamiento anticolonialista y antiimperialista:   Por reivindicar lo mejor de lo nacional y lo mejor del mundo, el pensamiento crítico es, tiene que serlo, anticolonialista y antiimperialista, porque hoy se ha reforzado el colonialismo, que había sido seriamente debilitado en la década de 1960 con la extraordinaria lucha de liberación nacional que adelantaron los pueblos africanos y asiáticos, cuya gesta hizo gravitar la historia universal entrono a lo que por entonces se llamaba el Tercer Mundo. Esta epopeya anticolonialista generó imperecederos aportes intelectuales al pensamiento universal, representados en la obra de Franz Fanón, Walter Rodney, Amílcar Cabral o Aimé Césaire. Como ha quedado en evidencia hoy, el colonialismo en realidad nunca desapareció, sino que más bien se encubrió bajo otros mantos y emergió con toda su fuerza en las últimas décadas, asumiendo el viejo discurso eurocéntrico con la retórica de la globalización. Esta nueva conquista, la colonización externa, en el caso de nuestra América, viene acompañada de ese otro fenómeno que existe en este continente desde hace cinco siglos, pero del que poco se habla, del colonialismo interno, agenciado por las clases dominantes para mantener sus privilegios a costa de la exclusión, discriminación y explotación de indígenas, afrodescendientes y mestizos pobres.

La nueva colonización es también, como siempre lo fue, cultural, y ahora académica, porque de los centros hegemónicos de la cultura universitaria se imponen nuevas modas intelectuales, que desdicen y niegan de lo propio de la realidad de nuestro continente, de sus procesos de lucha y de sus propios proyectos culturales, para implantar un lenguaje artificial e impostado, elaborado para congraciarse con los nuevos imperialistas y sus mandarines intelectuales. En consecuencia, el pensamiento crítico debe estar atento a beber de lo más diversas fuentes, pero sin caer en las tentaciones de la novedad y de las modas efímeras, impuestas desde Nueva York o desde Paris.

9

Es un pensamiento que reivindica a los oprimidos de todos los tiempos y a sus luchas: El pensamiento crítico pretende develar los mecanismos de explotación y opresión en el presente, apoyándose en una visión histórica en la que emergen los sujetos que se han rebelado contra las diversas formas de dominación en diversas épocas. El conocimiento de los procesos históricos señala que incluso en las peores condiciones, como en la época de la esclavitud moderna, que perduró cuatro siglos (entre 1500 y 1890), hubo protestas, sublevaciones y rebeliones, propias de lo que puede llamarse la hidra de la inconformidad de los plebeyos. Cual hidra mitológica que renace aunque se le destruya la cabeza, lo mismo ha sucedido en diversos momentos de la historia del capitalismo, cuando a pesar de la tortura, persecución y asesinato de líderes y dirigentes populares, la protesta de los subalternos reaparece una y otra vez. Estudiando las luchas de los vencidos, se alimenta el fuego de la inconformidad en el presente, porque aquéllos nos acompañan desde la posteridad, con la memoria de sus acciones, de acuerdo al postulado de Walter Benjamin de no pedir “a quienes vendrán después de nosotros la gratitud por nuestras victorias sino la rememoración de nuestras derrotas. Ese es el consuelo: el único que se da a quienes no tienen esperanza de recibirlo” 1 . En resumen, el síndrome de Espartaco basado en el lema “Me rebelo, luego existo”, debería sintetizar la rememoración de los que han luchado en todos los tiempos, un componente indispensable del pensamiento crítico.

10

Es un pensamiento comprometido y no meramente contemplativo:   Los enormes problemas que afronta el mundo actual, agravados todavía más en nuestro continente por la dependencia y servilismo de las clases dominantes, requieren tanto de una reflexión seria y rigurosa, como del involucramiento de esa reflexión con los problemas de la gente común y corriente. En pocas palabras, se trata de que el pensamiento se encarne en sujetos concretos para devenir en praxis transformadora, a la luz de los problemas específicos que afronta la mayor parte de la población. No estamos hablando de una instrumentalización artificial de las ideas, que abjure de la importancia de la reflexión y que desprecie el trabajo intelectual, sino de la necesidad de vincular, de alguna manera, esas reflexiones con los problemas reales de la gente. Me gusta reivindicar nuestra actividad como propia de los trabajadores del pensamiento, como lo hacia Julio Antonio Mella cuando decía: “Intelectual es el trabajador del pensamiento. ¡El trabajador!, o sea, el único hombre que a juicio de Rodó merece la vida, es aquel que empuña la pluma para combatir la iniquidades, como los otros empuñan el arado para fecundizar la tierra, o la espada para libertar a los pueblos”  2  . Si situamos la elaboración de pensamiento crítico como un trabajo, y no como una refinada actividad especulativa al margen del mundo real, tendremos más oportunidad de vincularnos con el resto de trabajadores, incluyendo a los que con sus manos laboran la tierra o fabrican las cosas. Así podríamos declarar, a nuestra actividad como una artesanía del pensamiento, una artesanía que genera productos intelectuales que, directa o indirectamente, deben tener alguna utilidad para la gente.

Por otra parte, el pensamiento crítico no abjura de sus compromisos y por eso sabe que es perseguido y reprimido, porque pretende encarnar otro proyecto de mundo y de sociedad, que resulta insoportable para los detentadores del poder y la dominación en nuestro tiempo, donde quiera que se encuentren. El pensamiento crítico hace suya la consigna del filósofo de Tréveris, su undécima tesis: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo”.

En ese mismo sentido, el pensamiento crítico además de estar comprometido con los pobres y desvalidos, es un pensamiento alternativo, porque con ellos busca elaborar propuestas anticapitalistas, planteando que otro mundo es posible y necesario, si no queremos que el capitalismo sea el fin de la historia en el sentido literal de la palabra, si dejamos que nos destruya a todos y a nuestro planeta.

11

Es un pensamiento universitario y extrauniversitario al mismo tiempo: La universidad pública ha sido una conquista de las sociedades latinoamericanas, conquista lograda con mucho esfuerzo y con el sacrificio de estudiantes y de profesores. Durante mucho tiempo se ha buscado que esta universidad fuera un espacio democrático y popular, lo que efectivamente se logró en algunos países de la región, México es el principal ejemplo. En los demás, a pesar de los obstáculos, la universidad pública ha sido durante algún tiempo el faro intelectual que alumbraba con ideas y proyectos transformadores, que incidieron fuera de los campus universitarios. Ahora estamos asistiendo a la transformación de la Universidad Pública en un mercado educativo que vende servicios y quiere convertir a profesores y estudiantes en oferentes y clientes de combos mcdonalizados. Para hacer realidad ese propósito es indispensable erradicar de los campus a todos aquellos que cuestionen, critiquen y duden, ya que la universidad de la ignorancia requiere profesores, estudiantes y funcionarios obedientes y sumisos. En concordancia, la consigna de los mercaderes de la educación es erradicar el pensamiento crítico del mundo universitario, so pretexto de que no es ni útil ni rentable. Esa es la situación que hoy afrontamos de manera directa todos los que hemos hecho de la universidad pública nuestro proyecto de vida. Es necesario, entonces, defender ese territorio democrático de los embates del capital nacional y extranjero, para preservar la libre exposición y discusión de ideas, proyectos y propuestas para construir naciones y sociedades justas e igualitarias.

Puesto que el mundo universitario solamente representa a un ámbito reducido de la población y grandes problemas de la sociedad son asumidos por organizaciones populares, que construyen sus propios instrumentos analíticos, es necesario que el pensamiento critico se relacione con esos proyectos y esas luchas, para que aprenda de ellas y se nutra de esas experiencias, a las que luego podrá realimentar en forma dialógica. Es decir, el pensamiento crítico también se construye fuera de los espacios universitarios, en la calle, en la plaza pública.

12

Es un pensamiento digno: Para terminar, deben mencionarse las implicaciones éticas del pensamiento crítico, lo cual está relacionado con los intereses que representa, con las fuerzas sociales de las que aprende, se nutre y a la vez alimenta, y a los valores que defiende. Al respecto, la dignidad es una de sus características distintivas. Por dignidad entendemos muchas cosas, entrelazadas y complementarias: la independencia de criterio; la libertad de critica; la insubordinación; la defensa de los desvalidos; el valorar a las cosas por lo que son y no por su precio monetario; asumir los costos y las consecuencias de lo que se dice sin hacer concesiones ni traficar con los principios morales; no arrodillarse ni subordinarse a los amos y poderosos, a cambio de retribuciones, o reconocimientos formales, que buscan la claudicación; y, mantenerse al lado de los oprimidos sin importar que eso implique la marginación y la criminalización. El pensamiento digno no se vende por unas cuantas migajas, no se desmorona ante las lisonjas y halagos interesados de los mercachifles del saber y de la investigación, no se subordina a los dictados de la figuración mediática propia de la sociedad del espectáculo, no escribe ni diserta sobre aquello que proporcione dinero y fama, no negocia con el saber como si fuera una mercancía, no se cotiza en la bolsa de valores del arribismo intelectual. Quienes cultivan el pensamiento crítico caminan con rectitud con la frente bien en alto, por un sentido acendrado de dignidad, y no como le sucede a los portavoces de la mentalidad sumisa, por desgracia la vasta mayoría que, como lo afirma el dramaturgo italiano Darío Fo, “andan erguidos porque la mierda les llega hasta el cuello”.

Notas:

1 . Citado en Michael Lowy, Walter Benjamin, aviso de incendio. Una lectura de las tesis “sobre el concepto de historia”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, pp. 135.

2 . Julio Antonio Mella, “Intelectuales y tartufos”, en Escritos revolucionarios, Siglo XXI Editores, México, 1978, p. 44.

(*) Texto leído en el evento “En defensa del pensamiento crítico”, realizado el miércoles 9 de mayo de 2012 en la Universidad Pedagógica Nacional. El Blog ColombiaDesdeAfuera publica este fascinante escrito como una forma de rendirle un homenaje a Renán Vega Cantor, invitado habitual de este espacio, y se une a la jornada de desagravio .

Así lo muestra el común denominador de las declaraciones y debates más recientes que se ventilaron durante las últimas reuniones anuales del Foro Económico Mundial en Davos (enero 2012), el cual no por casualidad fue titulado: “La Gran Transformación. Modelando nuevos modelos”, seguramente en clara alusión a una de las principales obras de Karl Polanyi. En La Gran Transformación que data de 1944, el intelectual alemán, después miembro de primerísima línea de la Sociedad Mont-Perélin, foro ab origine del neoliberalismo, anticipaba el Fin de la Historia humana en la Sociedad Capitalista – ¡mucho después de que David Ricardo propusiera, hacia finales del siglo XIX, su tesis sobre el “estancamiento final” de la civilización en el capitalismo; y, por supuesto, muchísimo tiempo antes de que el mediocre best-seller de Francis Fukuyama “cautivara” al mundo -. La tesis de Polanyi, al igual que la de Ricardo, describía la imposibilidad histórica de ir más allá del capitalismo. Si se quiere: el capitalismo sería la última etapa superior en la evolución del hombre y la sociedad, de la humanidad.

Sin embargo, como el buen neoliberal heterodoxo que fue, Polanyi se refería a la existencia perenne de un capitalismo regulado pues, en contra de las posturas ortodoxas del neoliberalismo de la época, sabía muy bien que el leseferismo y los entusiastas llamados a que el mercado lo podía todo como ordenador armónico de la sociedad eran un disparate. Más acá de esta anécdota en particular, no resulta una curiosidad ociosa preguntarse qué hay detrás de todas estas coincidencias.

Hoy más que nunca resulta un hecho que las acciones que se pretenden aplicar en medio del consenso generalizado por “superar” la crisis del capitalismo en general – y que algunos esperan poder hacerlo sin dejar atrás su rostro más salvaje: la del neoliberalismo ortodoxo – empiezan a convocar el oxímoron del capitalismo humano, el cual también denominan capitalismo civilizado, igualmente, un rabioso eufemismo pues resulta evidente que las lógicas exacerbadas del sistema vigente y, específicamente, el modo de producción capitalista, lo que están poniendo en riesgo es la civilización humana. No sin razón, muchos análisis convergen en caracterizar esta crisis como una crisis civilizatoria.

Examinemos, pues, en que consisten las coincidencias que se propiciaron en el Foro de Davos 2012.

¿De la Gran Recesión a la Gran Crisis?

La primera de ellas tiene que ver con el hecho que Davos se ha visto obligado a reconocer pública y oficialmente – al menos, bajo una disimulada preocupación que contrasta con las versiones anteriores y sin que ello llegue a constituirse en un giro radical en sus perspectivas - que lo que enfrenta el mundo hoy por hoy es una crisis “del” capitalismo y no un desarreglo excepcional “en” el sistema o en alguno de sus “sectores”. No es una casualidad que la pregunta más acuciosa durante las sesiones en el 2012 haya estado en torno al futuro del capitalismo.

Y si bien hasta el momento se acepta veladamente por parte de las élites mundiales que asistimos a una crisis en general, estructural y de largo plazo de la totalidad del sistema capitalista  – hay que recordar que estamos hablando de personajes como Klaus Schwab, principal vocero del encuentro y co-fundador del Foro junto a Friedrich Von Hayek, comúnmente reconocido como el Padre del Neoliberalismo -, sí resulta bastante sintomático el hecho que la posición de Davos se deslice hacia la mirada de una crisis “política, económica y, particularmente, financiera”; es decir, involucrando diferentes dimensiones, una perspectiva que desde hace décadas diferentes voces ya habían señalado frente a las equivocadas (mal)interpretaciones que promociona el pensamiento único y convencional del neoliberalismo.

En este aspecto, desde luego, no hay que pedirle peras al olmo. Pero si se revisa el desarrollo de los pronunciamientos que desde el 2010 vienen instalándose en el corazón del Mundo Davos, año en el cual tímidamente se empezaba a sugerir que la crisis encarnaba problemáticas más allá de lo financiero, las élites globales no han tenido otra opción que ir susurrando que esta crisis incluye – aún en sus propios términos titubeantes – otros “sectores” (por esa época proponían además del sector financiero, crisis en la energía y el empleo). Ahora hablan de la existencia de sectores críticos bastante preocupantes, de caráccter político y económico.

Esta situación entonces no debe minimizarse. Una vez estallara el colapso financiero en Wall Street y se extendieran en adelante sus efectos a lo largo y ancho de Europa (y más subrepticiamente a nivel global), la tesis sobre una crisis en general, estructural y de largo plazo “del” sistema ha sido objeto de un ocultamiento sistemático, igualmente de una irresponsable desinformación, desde la tríada hegemónica como una de las fórmulas para continuar manipulando a la opinión pública.

El consenso convencional en este particular ha deseado ubicar esta crisis exclusivamente en el terreno financiero intentado calmar los ánimos y dejar la impresión que la crisis era simplemente un problema que involucraría algunos bancos, puntualmente usamericanos y europeos. Además, pretendía sugerir que el origen de los problemas se relacionaban con algunos “desarreglos” fruto de la inmoralidad de un puñado de especuladores fraudulentos. Esta interpretación convencional intentaba seducir con la idea de que las convulsiones actuales no se relacionan con el funcionamiento del capitalismo como un todo (un sistema no sólo económico sino sobre todo de naturaleza sociopolítica que se reproduce a través de crisis, más allá que esta crisis sea excepcional y plantee desafíos insondables para el futuro de ¡la civilización humana!) sino de una especie de complot orquestado por un grupo irracional de malhechores e inmorales corredores de bolsa que conspiran desde las bolsas de Nueva York, Londrés o París, disipando así las razones verdaderas que causan esta crisis. Vale decir que en las lógicas financieras actuales, las prácticas delincuenciales por más que sean consideradas “legales” son la norma y la lógica estructural del sistema fácilmente ha derivado – antes como hoy – en situaciones de este tipo fruto, sobre todo, de la desrregulación exacerbada (lo cual, no significa que con la “regulación” limitada, como ahora se promueve, los problemas de este tipo se eliminen).

Ahora bien, renombrados analistas y círculos académicos e intelectuales afines al statu quo han reforzado esta idea por otra vía: bautizar la presente crisis como una Gran Recesión, operación que intenta matizar aún más la gravedad de los tiempos presentes.

Esta nominación, además de reconocer – en algún sentido – la inocultable magnitud de esta crisis, simultáneamente ha tenido el efecto de impedir cualquier tipo de remembranza que asimile la actualidad a la tristemente célebre Gran Depresión mundial de la década de los 30s, la cual – no olvidemos, en ese momento – amenazó con arriesgar la continuidad del capitalismo hasta ese entonces conocido, obligando una recomposición de fondo del sistema con el fin de garantizar su continuidad. En ese trance se deben incluir dos Guerras Mundiales, la profundización del imperialismo neo-colonial – con la opresión y explotación en la “nueva relación” entre los países del centro y de la periferia – y la prórroga del liberalismo económico que venía practicándose desde el inicio del siglo XX en la construcción del Estado de Bienestar.

La idea de presentar esta crisis simplemente como una “recesión” tiene cada vez mayores dificultades para convencer del todo a la opinión pública alrededor del mundo del carácter provisional y quizás incluso – tal y como se atrevieron algunos a corroborar – efímero de esta crisis. Se ha visto también que resulta ser un argumento cada vez menos versátil para reconducir, aún en lo subjetivo, las tensiones y malestares de todo tipo que vienen profundizándose entre las grandes mayorías empobrecidas (desde los mal-llamados “miserables” y pobres, hasta las clases medias indignadas). Igualmente, cada vez más inconsistente para calmar los ánimos de rebelión y luchas que vienen acumulándose desde hace un par de décadas y que hoy se manifiestan – a su manera y según su contexto – “activamente”.

La evolución y, especialmente, los graves efectos directos o colaterales que se desprenden de esta crisis (hablamos de las múltiples crisis que convergen en esta crisis: alimenticia, energética, medioambiental, biológica, económica – a nivel productivo, financiero tanto en el sector público como privado -, política, epistémica y, por supuesto, social) son demasiado contundentes y día tras día resultan incontrovertibles como para seguir sosteniendo con algún tipo de validez social o productividad política todos estos engaños o, incluso, darle credibilidad a las “salidas” que se proponen desde el establishment mundial.

Es lógico que, ante un diagnóstico “errado” por parte de las élites mundiales, aunque también hay que decirlo: muy funcional para mantener (y aprovechando esta oportunidad, acrecentar) sus propios intereses y ganancias, las mentadas salidas a la crisis no resultan tales y, por el contrario, la seguirán profundizando.

¿La Gran Transformación?

Más allá de los mea culpa que comentamos y que podrían interpretarse como triunfos relativos en el terreno ideológico frente a la visión única del neoliberalismo, no hay que ser incautos optimistas de cara a las “alternativas” que se intentan construir en este tipo de reuniones, insistimos, axis mundi de la ideología dominante.

Es lógico que tanto el “futuro” como las “salidas” a la crisis actual, avaladas en espacios como Davos, no sean otros que las de la mirada neoliberal.

Sin embargo, fruto de la crisis epistémica e ideológica por la que atraviesa el capitalismo neoliberal hoy, habría que registrar que el convencionalismo reinante de las últimas décadas ha sufrido varios golpes – afortunadamente no desde la teoría abstracta sino desde las realidades concretas. Teniendo en cuenta ese trance, hoy se busca consolidar “nuevos” referentes. Eso sí, sin extralimitar en ningún momento su identidad ideológica fundamental.

La actual crisis ha acelerado una reconfiguración al interior del neoliberalismo en general inadvertida pero que se ha venido gestando desde los últimos años del siglo pasado, a través del relevo en la hegemonía que habían disfrutado dentro de esa ideología las posiciones neoliberales ortodoxas, en su gran mayoría de inspiración laissezferista (laissez-faire, laissez-passer, “dejar hacer, dejar pasar”). Esta vez, la renovación del ideario neoliberal se abre paso desde otras posturas igualmente neoliberales pero heterodoxas, sendero que permite la recomposición emergente del capitalismo neoliberal con el fin de enfrentar las vicisitudes que le plantean los nuevos tiempos y ante los cuales el extremismo ortodoxo no parece ofrecer ya respuestas viables (sobre todo, desde el punto de vista político-económico).

La heterodoxia neoliberal históricamente se ha caracterizado por ser crítica del exagerado – y en su opinión: peligroso – libertinaje de los mercados (desregulación a limine) profesado por la ortodoxia convencional y puesto en práctica durante décadas. No obstante y al mismo tiempo, esta heterodoxia es fiel defensora de lo que considera las auténticas “libertades del mercado”: máxima libertad para los mercados pero con “regulaciones oportunistas”, es decir, arbitrajes ocasionales desde la autoridad pública dirigidos a “corregir” puntual, eventual y momentáneamente los fallos del mercado (el proceso de acumulación capitalista) y, en algunos casos, los resultados sociales que en adelante puedan obstruir sus lógicas. La presencia del Estado se justifica entonces en función exclusiva del Mercado, a la manera de una acción “quirúrgica” y provisional. El emergente neoliberalismo heterodoxo – al unísono con las posturas de la ortodoxia, desde luego – se opone radicalmente tanto al intervencionismo estatal (por ejemplo, el capitalismo keynesiano) como a la planificación centralizada (prototipo de la mayoría de los extintos socialismos estatales).

Ahora bien, este tránsito al interior del neoliberalismo no sólo se despliega desde las cuestiones abstractas relativas al sistema de pensamiento (guías ideológicas e intelectuales). Por supuesto, influye en la renovación de sus prácticas concretas (programas y medidas en el terreno de las políticas públicas).

El Mundo Davos y las voces dirigentes del mundo continúan entonces sosteniendo que esta crisis se está, se viene y se seguirá resolviendo no sólo con más capitalismo (matriz y raíz de la actual crisis) sino, aún peor: con más neoliberalismo, fase del capitalismo en la cual se han exacerbado las principales contradicciones del sistema y que, no sin razón, se lo ha denominado coloquialmente: capitalismo salvaje.

No obstante, el Foro 2012 aporta elementos adicionales para seguir testificando la obstinada cristalización ideológica del proyecto hegemónico.

Decíamos que resulta ser todo menos que una simple casualidad que esta versión de Davos lleve por título: La Gran Transformación. Modelando nuevos modelos. Desde una interpretación más aguda, ¿a qué puede convocar esta “Gran Transformación” y la novedad que supondría su invitación? Volvamos a Polanyi.

La obra de Polanyi describía lo que se consideraba en aquella época la causa fundamental del desorden económico del sistema capitalista de mediados del siglo XX: la autorregulación del mercado. Esta fue una respuesta ideológica a la Gran Depresión de los 30s la cual tuvo como salida ideas, prácticas y la construcción de instituciones “redistributivas” (de tipo económico pero que repercutieron en lo político desde el punto de vista del “equilibrio” en el poder de clase) que iban “desde formas keynesianas hasta fascistas”. Sin embargo, la perspectiva keynesiana sirvió finalmente como la base ideológica para el orden capitalista de postguerra frente a los defensores del liberalismo puro quienes interpretaban en la tendencia hacia la autorregulación de la sociedad organizada en torno al Mercado como el fin de la Historia. Fueron los neoliberales, desde la heterodoxia pero especialmente desde la ortodoxia, quienes se constituyeron en los críticos más acérrimos del keynesianismo pues si bien bajo esta fórmula se lograría mantener el presupuesto imprescindible de “garantizar” la continuidad del proyecto económico y político del capitalismo había que avanzar en la historia de la mano de un nuevo liberalismo contemporáneo, desde luego, ajustado a la novedad de los tiempos que instalaba el capitalismo tardío.

Antes como hoy, los llamados neoliberales ponen de presente la necesidad de una “vuelta” al Estado como principal herramienta para regenerar al capitalismo convaleciente.

En este aspecto subsiste mucha confusión y, por lo general, un irreflexivo pensamiento mágico que observa en el “fortalecimiento” de las acciones y la mayor presencia estatales un atentado automático contra el neoliberalismo. En estas posturas la reflexión de que el Estado y su aparato tienen un carácter de clase y por lo tanto, son capitalistas en general, y hoy neoliberales en particular, brilla por su ausencia. Dentro del capitalismo el Estado se encuentra subordinado (positiva o negativamente) al mercado, pero subordinado al fin y al cabo, con lo cual resulta funcional al régimen de acumulación, a pesar que en momentos como éste, se puedan verificar ciertas situaciones en donde el Estado capitalista parezca en principio “ir contra” el proceso de la acumulación capitalista y mantenga – digámoslo así – cierta autonomía relativa pues, al final de cuentas, es la institución social más poderosa que podría eventualmente garantizar la “normalidad” del proceso.

La Gran Transformación que se anima es, pues, la de recomponer el capitalismo de mercado – en concepto de la hegemonía, la única opción – intentando estabilizarlo a través de la no-acción del Estado, es decir, a través del aparato estatal como regulador (eventual) de los “fallos del mercado”, cuestión que resulta diferente de la inacción del Estado (profesada por el neoliberalismo ortodoxo) y que tampoco debe confundirse con la acción estatal que supondrían la intervención (sostenida) o planificación del Estado.

!Antineoliberalismo! (pero anticapitalista)

Si se considerara con seriedad los análisis rigurosos y las caracterizaciones probas en torno a la crisis actual (insistimos: de naturaleza civilizatoria), las salidas necesariamente deben incorporar una perspectiva no únicamente antineoliberal sino decididamente anticapitalista. Expliquémoslo mejor.

Por lo general, en el primer caso, el antineoliberalismo se ha agotado en señalar “críticamente” al hoy anacrónico viejo neoliberalismo ortodoxo de las últimas décadas apuntando hacia el también desgastado Consenso de Washington, es decir, al decálogo de políticas económicas allí resumidas. En este caso, no se percata que el neoliberalismo es un proyecto social y político de clase imposible de reducir a un programa específico de políticas públicas, sean éstas económicas o “sociales”. Tampoco advierte el proceso emergente hoy en marcha de recomposición del capitalismo centrado en el “mercado” – vale decir, los intereses privados dominantes de naturaleza neoliberal – y el cambio de estrategia asociada a la necesidad de dotar con regulacionismo estatal al proceso de acumulación neoliberal.

Hablar entonces de una supuesta era post-neoliberal sin verificar cambios (o posibles futuras transformaciones, es decir, “otro” proyecto social y político), por lo menos en la estructura y la funcionalidad del régimen económico político actual resulta ser demasiado osado y, en mi concepto, políticamente peligroso. No es válido afirmar la superación progresiva del neoliberalismo simplemente bajo la sospecha de verificar la (mayor o menor) presencia estatal – para los defensores de este tipo de argumentos, “activa” – o el cambio en un par de políticas económicas que ni reforman ni reformulan la matriz del neoliberalismo. Por el contrario, en muchos casos reales en la región latinoamericana, la supuestas reformas antineoliberales, la dejan intacta. Incluso, algunos van más allá y presumen verificar la aurora “post”-neoliberal con la excusa de una serie de políticas que se autoproclaman “sociales” y “redistributivas”, sin poner en cuestión el espectro amplio, político y económico, del neoliberalismo que venimos hablando.

Un antineoliberalismo (el cual puede identificarse fácilmente con posiciones contrarias al neoliberalismo ortodoxo pero no al neoliberalismo capitalista, tal y como sucede con las posturas heterodoxas fielmente neoliberales) sin el adjetivo anticapitalista propone ser tal vez una de las mayores encrucijadas políticas de la actualidad.

Una salida antineoliberal que no retorne nuevamente al neoliberalismo (así sea de otro tipo, llámese “regulado”, con “rostro humano”, todos ellos y en todo caso, neoliberales) debe convocar la destitución (y no el mantenimiento o la restitución) del neoliberalismo real. Ello significa ante todo una actitud contra el neoliberalismo, en todas sus versiones y, principalmente, des-andar el espinoso camino de las décadas anteriores y, en simultáneo, la instalación progresiva de otro régimen económico guiado e inspirado en otro proyecto político.

Por ejemplo, la vorágine de discursos y el cándido paroxismo generado sobre todo por la supuesta novedad del emergente nuevo desarrollismo en América Latina y el Caribe, el cual en sus teorías y, especialmente, en sus prácticas resulta ser simplemente un neoliberalismo regulado (es antineoliberal frente al programa de políticas promovidas por la ortodoxia pero no discute el “modelo”) se sintoniza consistentemente con el proyecto hegemónico actual y por las mismas razones resulta ser una sin-salida para la crisis actual. Quizás, lo más desaventurado de este desarrollismo neoliberal es su capacidad para “atrapar” y deshacer, precisamente “vía” el Estado, las múltiples resistencias que desde hace varias décadas se han gestado desde los pueblos de la región, no como una moda sino fruto de la descomposición y malestar de las realidades sociales que produjo y sigue produciendo el capitalismo neoliberal hoy vigente, y que han mostrado la posibilidad de auténticas alternativas ante el statu quo (2).

(1)  Sobre aspectos históricos y recientes del Foro, cfr. Puello-Socarrás, J.F., “DAVOS 2010: una cacofonía entonada en RE mayor” en: www.colombiadesdeafuera.wordpress.com.

(2)  Para los más absortos, existen teóricamente y en concreto, diversas experiencias históricas de neoliberalismos regulados y “desarrollistas”, inclusive, vinculados con intereses industriales-exportadores. No se debe prolongarse la confusión según la cual el neoliberalismo se opone necesaria e insalvablemente al desarrollismo.

La primera cuestión es la Ley de Entidades Financieras. Martínez de Hoz, dictadura militar (1977). En Marzo del ´81 Martínez de Hoz se retira de su cargo como Ministro de Economía del Gobierno, viene otro. Y cuando Martínez de Hoz hace el balance de su gestión de Gobierno (desde abril del 76 a marzo del 81) él manifiesta que la ley más revolucionaria, ese es el término que utiliza, la ley más “revolucionaria” es la Ley de Entidades Financieras (de ahora en más LEF).

En aquel momento había más de 800 entidades financieras en la Argentina, y Martínez de Hoz señala que en la Argentina con 50 entidades financieras alcanzaba y sobraba. Ustedes trabajan en el sistema bancario y saben cuantas entidades financieras quedaron. Bastante cerca de lo que Martínez de Hoz planteó en el ´81.

La LEF fue uno de los instrumentos privilegiados de la política económica de la dictadura militar, y la política económica de la dictadura militar fue el mecanismo de transformación estructural de la sociedad capitalista argentina.

No se trata sólo de estudiar, uno podría hasta consultar con mayores y ver que la sociedad argentina pre ´76 es muy distinta a la sociedad argentina post ´76. Yo me animaría a decir que esto que yo mencioné de ausencia de alternativa política es algo que los trabajadores sufrimos desde el terrorismo de estado, desde la represión que supuso y desde la desarticulación que sufrió, especialmente del movimiento obrero y el movimiento popular de la Argentina (y no solo la argentina). La dictadura militar argentina y la dictadura militar chilena son fundantes de la política hegemónica a nivel mundial que hoy reduce gasto social en Grecia, en Portugal y en todos los países europeos.

Si en Argentina en el ´76 había que desarmar la estatalización de la economía argentina, eso es lo que está planteándose en Europa. Europa es el último reducto de las políticas económicas del “Estado de Bienestar”, entre comillas, que había que derrotar en los años 70 en Argentina y en América Latina. Entonces no es un tema menor que nosotros, entre bancarios, pensemos la importancia que tiene el sistema financiero para la economía mundial.

Hay un debate, no necesariamente lo vamos a hacer hoy, o podemos trabajarlo en el futuro, que habla de una financiarizacion de la economía mundial, y por eso se habla hoy (mal) de que hay una crisis financiera. No hay una crisis financiera. Hay una crisis financiera, económica, alimentaria y energética. Es una crisis capitalista integral, pero se la denomina mayoritariamente como financiera porque lo financiero ha adquirido un volumen muy especial.

Por ejemplo en Junio se va a hacer la cumbre “Rio + 20”, en Rio de Janeiro. Es “+20” porque es a 20 años de la cumbre de la Tierra del 92, para discutir la crisis medioambiental. ¿Saben cuál es la solución de la crisis medioambiental que hoy está en discusión? La creación de bonos de carbono que se van a cotizar en el mercado mundial. Es decir, la respuesta del capitalismo mundial a la crisis medioambiental es que los que contaminan paguen con bonos de carbono que se van a comercializar en bolsas y mercados secundarios de todo el mundo. Así que la cuestión de la financiarizacion, la cuestión del peso de lo financiero es un tema clave e importante para que lo entendamos. Por eso hace falta contextualizar que la LEF del ´77 fue un instrumento estratégico de la dominación, de la transformación y reestructuración del capitalismo en la Argentina, fue el mecanismo que permitió vía endeudamiento el proceso de extranjerización del sistema financiero y del conjunto de la economía de nuestro país. Por eso la primera reflexión es para que pensemos la LEF. Ley que está vigente. Ley que está vigente y que ahora, muchos que están de acuerdo con el gobierno, dicen que el gobierno no quiere modificar la ley porque no quiere pelearse con todos al mismo tiempo. Si uno pregunta “Bueno, ¿con quién se están peleando?” para ver si cambiar la LEF supone pelearse con alguien que le traiga problemas a una política autónoma e independiente en la Argentina. Pero es un tema para discutir. La LEF junto con la Ley de Inversiones Extranjeras facilitó todo el mecanismo de transformación.

En plena dictadura, sobre el final, ya después de Martínez de Hoz, con Cavallo como presidente del BCRA, se avanzó con los mecanismos de estatización del endeudamiento externo. El sistema financiero argentino fue el ámbito de viabilización de la circulación internacional de capitales. Argentina, se ha insertado en el mercado mundial favoreciendo el ingreso y la salida de capitales. No sólo en los ´70, ni en los ´80 ni en los ´90, sino en la actualidad. Si quieren conversar y tenemos tiempo hablamos de las medidas que se han tomado en los últimos meses a propósito del tema de los dólares, y tiene que ver con la salida de capitales de la Argentina.

Aún antes de que se establecieran restricciones a la comercialización de divisas el año pasado, en el discurso aniversario de la bolsa de comercio la Presidenta destacó que un rasgo característico de la economía argentina del 2011 respecto de la década del ´90, era que en los ´90 la salida de capitales era por pago de intereses y capitales de la deuda, mientras que ahora el dato importante y destacable es que la salida de capitales es por la remesa de utilidades al exterior. En general los capitales salen de Argentina por estas dos vías. O por pago de intereses y capitales de la deuda, o por remesas de utilidades al exterior. Yo digo, cualquiera de las dos medidas está mostrando los lazos de la dependencia del capitalismo argentino y la subordinación del excedente que se genera en la argentina a las necesidades de acumulación en el exterior. Que haya cambiado de un sentido al otro no es bueno ni mejor. En todo caso la Presidenta en la bolsa de comercio dijo que lo deseable sería que esas remesas de utilidades al exterior se reinviertan en la Argentina. Y con la situación que hay de la economía mundial esos excedentes sirven para tributar a las casas matrices, mayoritariamente a las que están asentadas en los países que hoy soportan en forma directa la crisis del capitalismo contemporáneo.

Entonces la segunda cuestión, es que la LEF está asociada estrechamente al tema del endeudamiento, y ya voy a explicar porqué me interesa que remarquemos el tema del endeudamiento. Porque creo que es el tema principal, lo que define el cambio de la CO del BC. La necesidad de recursos para el pago de la deuda, como el argumento central.

Un tema adicional. En el discurso del 1ero de Marzo la Presidenta señaló que la Argentina lamentablemente esterilizó en los últimos años nada menos que 19.500 millones de dólares en pagos de bonos asociados al corralito, que tiene que ver con las restricciones bancarias establecidas en el 2001 y que generaron las respuestas de cacerolazos y protestas que se desarrollaron en Diciembre de ese año. Bueno, para salir de eso hubo que hacer deuda pública. Deuda pública que se ha pagado y fueron 19.500 millones de dólares. Y la Presidenta agrego en su discurso “esta es una de las razones por las cuales no invertimos en ferrocarriles”. Con lo cual queda demostrado (a confesión de parte relevo de pruebas) que el pago del desendeudamiento no es anodino, que pagar deuda pública supone no pagar otras cuestiones. Para el caso del que estamos hablando, inversiones ferroviarias, que ha terminado en lo que terminó, con el desastre que supuso 51 muertos y 700 heridos en la estación Once.

Finalmente, el tema central, es que se ha presentado que lo que hay que cambiar en la Argentina es la Carta Orgánica del Banco Central (de ahora en más CO del BC). Yo quiero recordar que la CO del BC fue modificada en tiempos de Cavallo y Menem, y que el principal tema de la modificación de la carta con Menem y con Cavallo, fue la autonomía de la banca central. Uno de los principios de las políticas neoliberales en todo el mundo, es la autonomía de la banca central.

La autonomía es una categoría que a veces suena bien, sobre todo en el movimiento obrero, “somos autónomos de los patrones, de los partidos, de los gobiernos”. La autonomía es algo importante. Pero respecto de los bancos centrales la autonomía supone que el banco central tiene independencia del Gobierno. Yo me preguntaría si en el hipotético caso de un gobierno popular dirigido por trabajadores bancarios y de cualquier naturaleza que nosotros empujáramos para un determinado proyecto político, si estaríamos de acuerdo en que el banco central tuviera autonomía del poder político. Bueno, yo quiero que lean las declaraciones de la Presidenta argentina después del 1ero de Marzo. El énfasis en la divulgación del tratamiento de esta ley, incluso la visita de Mercedes Marco del Pont hoy al Parlamento, es asegurar que no está en discusión la independencia del BC. Que se va a modificar la carta orgánica pero que no hay una orientación de modificar la autonomía, que se va a respetar y se va a asegurar desde el poder ejecutivo no invadir la independencia del BC. No se toca el núcleo central del proyecto planteado en su momento por Cavallo-Menem. Y Cavallo-Menem todos sabemos lo que significan en avanzar en el proceso de reestructuración regresiva del capitalismo en la Argentina.

Más grave, o si ustedes quieren detalle de color, la presidenta del BCRA cuando fue diputada presentó un proyecto de reforma de la CO del BC, donde el elemento central era la eliminación de la autonomía. Hoy estuvo defendiendo en la Cámara de Diputados que el tema de la autonomía no se toca.

Hay que agregar que el BC es la institución económica más conservadora de la historia económica argentina. El BC, el sistema financiero, es el dinero. Es una categoría clave en el capitalismo. El dinero es lo que permite que algunos inversores se transformen en capitalistas, se transformen en explotadores. Lo que el sistema capitalista necesita es inversores. Lo que el capitalismo necesita es que el dinero se transforme en capital. El capitalismo no busca dinero, busca dinero capitalizable. Busca dinero que invertido aumente el dinero. Lo que el capitalismo busca es ganancia, acumulación de esa ganancia, y en base a eso la dominación. El BC es el instrumento privilegiado para montar sistemas financieros necesarios para este desarrollo de la perspectiva capitalista.

El discurso de la Presidenta dice “vamos a modificar la CO del BC porque no es necesario cambiar la ley de entidades financieras”. Es más, dice en una jerga muy popular, hablar de la reforma de la LEF es “hacer mucho ruido y pocas nueces”. Todos sabemos qué quiere decir eso. Que es al cuete, que es innecesario. Y lean hoy, en los diarios de hoy, el titular de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Felleti. Felleti fue delegado del BC, no sólo bancario, sino delegado. Uno de los fundadores de la CTA, un compañero que milito con nosotros y que hace 20 años teníamos charlas de estas compartidas en cantidad. Pero hizo su campaña para diputado hasta hace muy poquito levantando la bandera de la reforma de la LEF. Lean las declaraciones de hoy. “No es necesario”, dice. La pregunta entonces es ¿era necesario en Septiembre cuando estabas en campaña?, ¿era necesario en Octubre cuando gran parte de la población argentina voto ese proyecto?, y si se voto ese proyecto por qué antes era necesario y ya no. Pero bueno, me parece que es interesante ver, por eso comento el proyecto de Mercedes Marco del Pont, otra compañera con la que hemos compartido un montón de cuestiones, o de Roberto Felleti, o el del mismo Heller que es el que fundamentaba la reforma de la LEF y que sale a decir que bueno, que esto es una medida que está asociada a la toma de decisiones del poder político. Como que la presidenta sabe por qué lo hace.

En un momento donde estamos discutiendo el protagonismo de la sociedad para la toma de decisiones y donde en general cuando se discute el papel de la banca cooperativa y de la banca pública en el debate del sistema financiero se habla de la necesidad de la toma de decisiones. Y cuando hay que decidir qué ley se cambia, la Presidenta sabe, por qué no es el momento de cambiar la LEF y sólo es el momento de cambiar algunas cuestiones.

Entonces no sólo hay cuestiones económicas en discusión, sino que también hay cuestiones políticas. Y hay cuestiones de cómo se discute con la sociedad argentina y especialmente con trabajadores bancarios, cuál es el sistema financiero que necesitamos? Cuál es el tipo de entidades financieras que necesitamos? Cuál es el tipo de BC que necesitamos? Qué tipo de BC queremos?

El proyecto de reforma de la CO del BC dice que queremos un banco más involucrado en el desarrollo del modelo productivo, en la economía real. Y eso a cualquiera de nosotros nos suena bien. En general suena lindo, porque en general todos estamos de acuerdo con la economía productiva, porque la economía de servicios sería una porquería. Es un sentido común generalizado que nos afecta también en cuanto a trabajadores bancarios de servicio. Ojo, porque estamos trabajando en un lugar que no es querido, y no es cierto que las finanzas no sirven. El crédito, las finanzas, son necesarias para el funcionamiento de la economía. No necesariamente de la economía capitalista. No necesariamente de la economía del lucro. Por eso es importante que como trabajadores bancarios también discutamos que quiere decir esto de un BC al servicio del desarrollo productivo y de la economía real.

¿Cuál es la economía real de la Argentina? La economía real se llama en la jerga de los economistas “economía productiva”. El banco no es la economía real, la economía real es la fábrica, es el campo. La economía real es la producción de bienes materiales. No tiene que ver con la hotelería, con el transporte, el seguro, con la banca. Bien, “tiene que servir al desarrollo de la economía productiva y contribuir al nivel de la expansión de la economía real, tal como viene ocurriendo en los últimos años”. ¿Cómo es la economía real de la Argentina de los últimos años?

Yo les voy a contar tres grandes sectores que contribuyeron al crecimiento de la economía argentina desde el sector real.

Uno. La soja, y si quieren abrimos un capitulo para discutir lo que es la sojización de la Argentina, proceso que se viene desarrollando desde 1996. Soja hay desde los ´70, pero el proceso de soja transgénica que transformó la producción agraria en la Argentina es del ´96 con Cavallo-Menem, con Felipe Sola de Secretario de Agricultura, con el permiso de los organismos genéticamente modificados. La soja transgénica que ha significado que si en el ´96 la soja y el trigo estaban en un mismo nivel de producción (algo así en aquel momento como 6 millones de toneladas), hoy el trigo esta en 4,5 millones (bajó de 6 a 4,5) y la soja pasó de 6 a 22 millones de toneladas. Y lo que está planteado en el proyecto productivo agropecuario del 2020 es mucho más expansión e ir a multiplicar la producción agrícola de la argentina, sobre todo la sojera. Sector 1, la soja, no sólo el campo en general, sino la soja, y la soja es destructora de fuerza de trabajo. La soja es cuestionable desde el punto de vista de la organización territorial y del impacto social. Es despobladora. Recién vengo de hacer un video conferencia con economistas mexicanos. Estamos organizando el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, lo vamos a hacer en Haití en Noviembre próximo, y estábamos discutiendo con unos quince economistas mexicanos. Los mexicanos nos hablaban del problema de crisis alimentaria de México. No sólo porque 54% de la población vive debajo de la pobreza (54% de 100 millones de habitantes). Sino porque México que es el inventor del maíz, México que es la cultura de pueblos originarios del maíz y la tortilla de maíz, hoy es un importador de maíz. México importa maíz. Con lo cual la seguridad alimentaria, o mejor, la soberanía alimentaria está puesta en discusión. Y América Latina, México incluido, es productor de alimentos. Yo me pregunto cuánto va a tener que pasar para que la Argentina tenga problemas de soberanía alimentaria. Cualquiera que me escuche dice “este tipo está delirando”. Pero yo les pregunto a ustedes cuánta soja desayunamos, almorzamos, merendamos o cenamos. El 95% de la soja, por ser generoso, se va afuera. Es para la exportación. Es para una introducción subordinada de la Argentina. No tiene que ver con nuestra cultura alimentaria. Y en general está concentrada en un grupo de países, principalmente China. Ayer saltaron las bolsas de todo el Mundo porque China anuncio que por primera vez en muchos años hay un pronóstico para este año de crecimiento menor. Crecimiento menor es bajar del 9 al 7,5%, es mucho crecimiento. Quién puede asegurar que China va a mantener un nivel de crecimiento de su economía al nivel del que ha desarrollado en los últimos 30 años. Y quién asegura que China va a ser eternamente un gran comprador de soja, de esa soja incrementada en la argentina.

La subordinación y la dependencia del monocultivo es un problema de los pueblos de toda la historia. La argentina viene desarrollando un modelo productivo sojero que va en contra de los intereses de la población, de la mayoría de ella. Especialmente los más empobrecidos.

Dos, la Argentina que no es un país minero pero tiene minería (yo soy sanjuanino y San Juan es hoy la experiencia de moda de la minería con una de las minas de oro más importante del Mundo), Argentina ha en los últimos años acrecentado el ingreso de capitales externos para la producción de mega minería a cielo abierto. Yo los invito a que vean cualquier foto de las minas a cielo abierto. Donde había una montaña luego de 25 años de explotación minera queda un cráter. Hay una destrucción de los recursos naturales y donde se llevan esa masa de minerales en la cual hay multiplicidad de minerales más valiosos que el propio oro. Pero los acuerdos con la minera son sólo a confesión de parte con la minera sobre cuánto es el oro, el cobre y la plata que se llevan. Después se llevan lo que quieran, minerales valiosos donde no tienen porqué declarar.

Uno de los grandes crecimientos de la economía argentina de la producción tiene que ver con la minería. Y ustedes saben, no voy a enfatizar en eso, los conflictos que se han generado en el último tiempo, donde no sólo se trata de una cuestión económica de si hay que explotar la riqueza o no explotarla, sino tiene que ver con cómo se usa el agua. Si el agua se usa para la minería o para la agricultura familiar. Y por qué digo que no es sólo económico: porque tiene que ver con la cultura de los pueblos. Tiene que ver con la cultura de esas familias que producen en el campo y bajo la forma de explotación familiar y que no están interesadas en un cambio de la cultura asociativa-social que genera esa forma de producción. Son temas lamentablemente creo, desmiéntanme ustedes, no están en la discusión del debate cotidiano. El debate cotidiano a veces es mucho más simple, más burdo, más vulgar.

“Estoy de acuerdo con el Gobierno”, “no estoy de acuerdo con el Gobierno”, y no trabajar a fondo cuáles son las ideas que ordenan el modelo productivo. Soja, minería, y tercero la industria automotriz. Yo no quiero alargarlo mucho, pero acá se plantea como un éxito y un orgullo 800 mil autos por año. La Argentina venía de producir 400 mil, hemos duplicado y la tendencia es a seguir creciendo. Yo dije plan agropecuario 2020. También hay un plan industrial 2020. El plan es potenciar la industria actual y la industria Argentina es una industria de armaduría.

Esto creo yo es un tema muy poco discutido en la sociedad Argentina. En nuestra cabeza, sobre todo los que peinamos canas, recordamos la industria automotriz de los ´60 y ´70, e incluso el movimiento obrero de la industria automotriz de esos años. Porque la industria automotriz de aquellos tiempos era una industria para el mercado interno. Los autos los compraban los trabajadores argentinos y la terminal extranjera producía autos pero las auto-partes eran de pequeñas y medianas industrias que estaban diseminadas en el interior.

Hoy hay el menor nivel de vinculación de pequeñas y medianas industrias autopartistas en la producción del automotor final. Es un sistema de enclave. Las empresas vienen acá. Hoy no se pueden hacer autos si no son autos de alta tecnología. La tecnología para producir autos tiene que ser del primer nivel. Para que me entiendan, la industria automotriz en los ´60-´70 era competitiva con el Ford Falcon, y además de reprimir en tiempos de la dictadura, sirvió para que se hicieran autos por 35 años, cuando en EEUU ese mismo modelo sólo se vendió 3 años. Acá en la Argentina se podía hacer eso porque había una gran protección y por lo tanto no había desarrollo tecnológico. El Falcon, el Fiat 600, el Citroën, la Renoleta, sigan pesando el tipo de automotores, se hacían para un tipo de mercado que era el mercado interno. Hoy se venden autos que tienen que tener tecnología mundial y por lo tanto competitividad mundial.

¿Por qué la industria automotriz se radica en la Argentina? Por el costo del salario. Argentina no es competitiva con el nivel del salario alemán o francés, sino con el salario coreano, que es otra de las grandes potencias de automotores. Síntesis de lo que quiero decir: el modelo productivo de la argentina es el modelo sojero, es el modelo mega minero a cielo abierto, es el modelo de la industria automotriz, es el modelo de la armaduría.

La Argentina se pone contenta porque viene BlackBerry a Tierra del Fuego. Bueno ¿y por qué viene BlackBerry a la Argentina que tiene fábricas en más de 30 países?, ¿porque los argentinos somos los mejores jugadores de fútbol, porque lo tenemos a Gardel, porque cantamos Tango, porque somos simpáticos, agradables, atractivos?, ¿Vienen por eso? No, BlackBerry viene acá porque tiene las condiciones adecuadas para una estrategia de acumulación de ganancias a nivel internacional. Tenemos una industria de armaduría.

Entonces, lo que quiero poner en discusión es que cambiar la CO del BC y poner como argumento que es para “potenciar el desarrollo de la economía real”, lo que en verdad tenemos que discutir es cuál es la economía real.

Para que se entienda adónde apunto. En su momento la Argentina tuvo un conflicto muy serio con Uruguay a raíz de la instalación de dos pasteras. La inversión en esas pasteras era por 1500 millones de dólares y Uruguay la defendió porque la pastera significaba fuerza de trabajo uruguaya y la utilización de recursos naturales como es la madera que había sido acumulada previamente.

Uno podría pensar, que Uruguay, Argentina, Brasil, los países del MERCOSUR, los países de la UNASUR, podrían discutir el modelo productivo regional. Pensar que si Uruguay tenía madera sobrante y necesidad de fuerza de trabajo, no hay porqué darle una pastera con potencialidad contaminante en el río Uruguay. Se puede pensar en conjunto, cómo utilizar esa madera, que no sólo se puede hacer pasta de papel para exportarla (porque Uruguay la produce para que sea consumido en EEUU y Europa). Los países del MERCOSUR podrían pensar una discusión de cómo utilizar esa madera en toda la región, de cómo fomentar el empleo en Uruguay y en los otros países, y si la discusión eran 1500 millones de dólares se podía pensar que en el mismo tiempo que Uruguay peleaba por una radicación de inversiones de 1.500 millones de dólares, Brasil en el mismo tiempo le pagaba al Fondo Monetario 15.000 millones de dólares, y Argentina 9.500 millones de dólares. Pago en efectivo, no de refinanciamiento.

Menciono esto porque Brasil y Argentina ahora están en el G-20. Mercedes Marcó del Pont y Lorenzino, acaban de venir de una reunión en México donde ahora está coordinado el G-20, y han estado discutiendo la próxima cumbre y uno de los temas centrales está el planteo de la cuestión financiera y la financiación de la economía productiva. Uno tiene que preguntarse entonces qué BC, qué política monetaria y qué política financiera necesitamos para desarrollar qué modelo productivo. No alcanza con poner el nombre de que hay que fomentar la producción sino que hay que decir qué producción fomentamos para satisfacer qué tipo de necesidades. Con lo cual la cuestión productiva, es un tema que hay que discutirlo.

No hay autonomía de las finanzas y de la producción. No son dos cosas distintas. Son dos cosas entrelazadas y que se potencian mutuamente. El proyecto de reforma de la CO del BC está asociado a eliminar algunas disposiciones vigentes de la ley de convertibilidad. No todas. Muchos pensaron que la devaluación de 2002 significaba terminar con el régimen de la convertibilidad. No. Significaba cambiar la paridad cambiaria y la forma de administración de la evolución de la divisa. Pero se mantuvieron una cantidad de normas. Entre otras la que establece que las reservas internacionales tienen que cubrir la base monetaria. Y que todas aquellas reservas que superen la cobertura de la base monetaria pueden ser utilizadas como reservas de libre disponibilidad.

Ustedes recordarán el debate con Redrado en el 2010. El debate fue que el Gobierno dispuso, finalmente por decreto, la formación de un fondo constituido con reservas de libre disponibilidad para el pago de la deuda. Pago de la deuda que recién mencionamos se podría haber usado para los ferrocarriles. No dicho por mí. Dicho en el discurso de la Presidenta de 3 horas y media al Parlamento.

Ahora el proyecto de reforma de la Carta Orgánica se plantea eliminar esa relación. Está bien. Es invento de la convertibilidad que hayan tantos dólares como la base monetaria. No tiene razón de ser. Ahora la pregunta es para qué se quieren liberar reservas, y la sensación, es que para buscar recursos para seguir cumpliendo el pago de la deuda. Argentina no puede no pagar la deuda porque es parte del G-20 y allí están los países más poderosos del Mundo que están preocupados por la crisis mundial del capitalismo y que quieren arreglar las cuentas del capitalismo en crisis. ¿Para qué le dan dinero a Grecia? Para que Grecia pague su deuda pública. Es un préstamo al Estado griego para que el mismo le pague a los bancos. Uno podría decir “que se jodan”, que se derrumben los bancos, que se caigan. Porque le pagan a los bancos para resolver sus problemas y dejar en la calle o bajar los ingresos de una parte muy importante de la población. Algo que hemos conocido nosotros muy fuerte en la década del ´80, del ´90, deteriorando la calidad de vida de la población. Argentina tiene 150 mil millones de dólares como activos en el exterior. Eso son propiedades de afuera, depósitos en otros países y los dólares del colchón. 150 mil millones de dólares es una cifra equivalente a la deuda pública argentina aproximadamente. Grecia tiene tres veces la deuda pública, de griegos que tienen activos en el exterior. Con lo cual lo de la crisis griega tiene una cantidad de mentiras y de desinformación porque el capital griego está invertido en Alemania, España, Francia, EEUU, y cómo alguna vez propusimos podrían cobrarse directamente de ahí en vez de afectar los intereses de los sectores populares.

Pero lo que quiero traer a colación es que uno de los sentidos principales de esta reforma de la CO es romper esta disposición de la ley de convertibilidad, que insisto, técnicamente hasta yo estaría de acuerdo.

Yo diría que técnicamente está bien. Pero el problema en economía nunca es técnico, siempre es político. La suba de la tasa de interés, la baja, la ampliación de los encajes legales, todo es político. La Argentina resolvió en los ´40 gran parte del déficit habitacional con créditos hipotecarios, ¿cuánto crédito hipotecario tiene el Provincia, el Nación, el Ciudad, que son los bancos con mayor predisposición para créditos hipotecarios? En la Argentina no hay política de hipotecas. En la Argentina no hay política de vivienda popular. En la argentina la producción de vivienda es la producción de vivienda para el sector ABC1. Técnicamente dicho eso es Puerto Madero, o las construcciones que ustedes ven en Villa María, Villa Mercedes, Venado Tuerto, por nombrar ciudades progresistas del interior del país, de la cuenca sojera. O los barrios cerrados de San Juan o Catamarca, que están asociados a la economía de la mega-minería.

Entonces el tema de qué hacer con las reservas es un tema delicado. La reforma de la CO del BC tiene más esa orientación que pensar en un cambio del modelo productivo. En fin, yo dije al principio que quería tirar algunas ideas para provocar el debate, pero insistir que el tema de la cuestión financiera, no sólo la LEF, la CO del BC, sino la política financiera, es un tema clave para los trabajadores. Las finanzas son un sector clave del sistema económico en su conjunto. Y si para Martínez de Hoz la reforma del sistema financiero fue un tema revolucionario, yo me animo diciendo que sigue siendo un tema revolucionario modificar la LEF, la política financiera y la política monetaria. Y para ser revolucionario hay que construir política alternativa. Por eso empecé diciendo que la gratificación de estar con ustedes está asociada a que ojalá estos debates contribuya n en la expectativa y en la experiencia que ustedes están desarrollando, al ser un canal de contribución al desarrollo de alternativa política que es lo que nos falta en el país.

Respuestas a las preguntas del público

La LEF de Martínez de Hoz se hizo con el fin de concentrar y extranjerizar la banca. Yo no sé si ustedes saben que históricamente la banca nacional especialmente la banca pública, era la banca más importante. Hoy la banca más importante en la Argentina es la banca extranjera. Y la banca extranjera son las garantes. La Presidenta hizo evidente que hasta el Rey de España la llamó por las empresas españolas. El lobby internacional que actúa cuando uno dice “por qué no se reforma la ley y se reforma la CO” es porque se hace lo que se puede en función de un proyecto. Después podemos estar de acuerdo o no con ese proyecto. Pero, ¿cuáles son los condicionantes políticos que hay?

Entonces no es tanto que la ley lo permita o no. La LEF no está hecha para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. No está hecha para favorecer a la banca oficial. La banca oficial está al servicio del sistema. Por eso la banca es hoy una banca universal. Cualquier capital chiquito que tenga el capital suficiente para ser banco puede hacer todos los negocios que quiera. O sea la ley sólo prohíbe aquello que está efectivamente legislado. Entonces es una legislación que favorece los negocios de la banca privada y que no tienen necesariamente reciprocidad con otros países para que capitales argentinos (si queremos promover el capitalismo argentino) se proyecten a otros países. Con lo cual la ley tiene fenómenos estructurales muy serios para esa orientación. Pero vuelvo a decir algo que dije. No es sólo la cuestión financiera. Es la cuestión política. ¿Por qué en la Argentina no hay política de vivienda? Hay un déficit espectacular de vivienda en los sectores populares. Vuelvo a dar el ejemplo, puedo ser muy insistente, pero se pagaron 19500 millones de dólares para pagar el endeudamiento del corralito y se dice “así no pudimos invertir en los trenes”.

La pregunta es hagamos un plebiscito en la sociedad, tomemos esa parte del fragmento de la Presidenta y repitamosló durante 2 meses hasta que la gente se canse y diga basta. Y digamoslé a la sociedad “vamos a votar” en qué vamos a gastar en los próximos 10 años 19500 millones de dólares: en pagar deuda o en invertir en trenes para todos. ¿Qué les parece que va a contestar la sociedad? No sé, pero discutámoslo. Cuántos son en un caso y cuántos en el otro. Porque los muertos en Once son todos trabajadores. ¿Adónde iba a trabajar el muerto número 51? A un call center. ¿Quién se mete por la ventana donde no hay lugar para poder viajar? Un trabajador que quiere ir a laburar. Alguien del corralito no se mete por la ventana. En todo caso vale la pena discutirlo, abrir el debate.

Crédito al consumo. Hoy el crédito más rentable para los bancos es la tarjeta de crédito y el descubierto. ¿En qué se consume? Porque el patrón de consumo está asociado al patrón productivo. Yo antes hablé bastante del modelo productivo. Ahora, el modelo productivo es el que define el consumo. Porque se producen viviendas para los que las pueden consumir. Se producen viviendas en Puerto Madero o donde sean para que las consuman los que pueden consumir esas viviendas. Lo mismo los autos. Ustedes saben que el 70% de los autos que se producen en la Argentina se venden al exterior. ¿Y saben que el 70% de los autos que se compran en la Argentina son importados? Es decir, el nivel de transnacionalización de la economía argentina hace que el patrón de consumo sea ese.

Yo doy un ejemplo burdo para que se entienda: si por alguna razón se dispusiera que hay que darle a cada argentino 10 mil pesos ya. ¿Qué hacen los sectores de menores ingresos? Consumen en el hipermercado porque están las ofertas. El consumo que se financia es un consumo que está al servicio del modelo productivo. Cuando uno piensa en las finanzas (dar y orientar crédito), debe preguntarse “es un crédito para qué consumo” y “para qué producción que satisfaga las necesidades de consumo”. Justamente en el tema de las necesidades está brillante la pregunta sobre el capitalismo y las reglas del juego.

Esta es una pregunta de fondo. La discusión es: este es el sistema en que estamos. Es un sistema en crisis mundialmente. Se dice que Argentina, Brasil, América Latina, está fuera de la crisis porque la crisis es griega, española, europea, estadounidense. Porque nosotros crecemos. La Argentina creció más del 10%. Dijo la Presidenta “el tercer país con más crecimiento del Mundo”. Tenemos que estar orgullosos, ¿o no? Ahora después de China y de la India venimos nosotros. Ahora, el crecimiento bárbaro, pero ¿en qué se crece? En soja, en mega minería, todo lo que dijimos antes. Hay que discutir el crecimiento. ¿Por qué hay que crecer en lo que se crece?, ¿por qué no discutimos qué tipo de crecimiento? ; ¿Por qué no pensamos en un tipo de sociedad? ¿Por qué América Latina no piensa en una nueva arquitectura financiera en la región? El G-20 resolvió fortalecer el Fondo Monetario Internacional y entre otras cosas los países le están dando préstamos al FMI. Brasil le ha prestado 15.000 millones de dólares a tasa internacional cero para que el FMI avance con sus planes de ayuda, de asistencia financiera a Grecia, Portugal, España, etc. Yo me pregunto, ¿Brasil no podría orientar esos 15.000 millones de dólares a un proyecto como el Banco del Sur por ejemplo, que ya lleva 5 años de discutido? Hasta yo digo, supongamos que la crisis mundial es financiera (cosa que no comparto). Si es financiera es ideal para tener un banco autónomo de los países, que oriente el crédito para el desarrollo productivo de las pequeñas empresas, de las cooperativas, de lo que quieras. Hemos desperdiciado la ocasión violentamente.

¿Qué hacer con las reservas internacionales? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes se acuerdan cuando Sancor Cooperativa estaba a punto de quebrar, se acuerdan la discusión. ¿Quién la quería comprar? Primero la quería comprar ADECO Agros, la empresa de Soros. El tipo dijo vengan, me hago cargo de la deuda y seguimos produciendo. Algunos criticaron que iba a ser vendida a un extranjero, entonces apareció un comprador argentino. Apareció Eskenazi, dijeron vamos a argentinizar al estilo REPSOL. Se armó la discusión y apareció Venezuela y dijo cuánto hace falta: “250 millones de dólares, aquí tienen, me lo pagan en plazos adecuados con producción y transferencias de tecnologías”. Porque Venezuela es un país primario exportador, produce petróleo y lo que necesita es diversificar la producción. “Tráigannos vacas y enséñennos a hacer leche, crema, yogurt, toda esa historia”. El INTI ayudo en eso y el Ingenio Martínez a cargo, llegó a decir que Venezuela usaba más al INTI que Argentina. El INTI tenía más función en Venezuela que en Argentina. Completo el ejemplo. 250 millones de dólares es mucha plata, sí. Pero en 50.000 millones de dólares en reservas, traer 250 millones para resolver el tema de un pueblo, de trabajadores, de productores, vale la pena. ¿Por qué tiene que ponerlo Venezuela y no hacerlo la propia Argentina?

Hace 2 años estalló el conflicto de Paraná Metal en Villa Constitución. Ahí había 900 trabajadores. Trabajé junto con la UOM de Rosario y contacté a Martínez del INTI a través de una carta. Martínez puso a todo el INTI Rosario, junto con la UOM de Villa Constitución y dijimos “bueno, ¿por qué estaba en crisis esa empresa?”. Lo estaba porque producía block de la Ford Brasil y era Paraná Metal una fundición vieja, con vieja tecnología. Y la Ford quería pasar del acero, del manejo rudimentario a tecnología más sofisticada del aluminio. ¿Qué hizo la Ford Brasil? Se fijó dónde se produce el aluminio en Sudáfrica. Dejan de proveerse de Villa Constitución. Síntesis: 500 trabajadores a la calle.

Nosotros le propusimos hagamos una reconversión con el saber hacer de los trabajadores y discutamos qué otra cosa se puede hacer. Matricería para la industria de la madera, calzado, juguete. Porque una fundición puede hacer muchas cosas, no sólo fundir block de motores. Entre otras cosas les decíamos a los compañeros que tomemos la fábrica y hagamos una pelea para que venga apoyo del Gobierno porque para reformularla hay que poner mucha guita. Hicimos los estudios y costaba más o menos 25 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Son 10 veces menos que los 250 millones de Sancor. Nosotros lo que estábamos proponiendo entonces era para mantener la fuente de trabajo de mil trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución. Una ciudad del interior pequeña, donde los trabajadores metalúrgicos son como eran los trabajadores del petróleo en Comodoro Rivadavia. Es el que permite que después haya peluqueros que te corten el pelo, genera toda la economía de la ciudad.

Repliquemos entonces lo de Villa Constitución en 10 ciudades del interior del país como Villa Constitución. Lo que hizo Venezuela uno puede tenerlo como política del BC, del Ciudad, del Nación.

¿Qué es lo que quiero señalar? Que vos podés discutir el orden capitalista desde cosas muy concretas. Porque el tema de la inversión, el tema es quién pone la inversión y para qué. Si nosotros lo que seguimos es en esa lógica, de querer que venga el capital de afuera, capital que viene para llevarse. No viene para satisfacer necesidades. La pregunta ¿se puede hacer de otra manera? Claro que se puede. Requiere un nivel de consenso político, un nivel de discusión en la sociedad que convengamos no es el que está. Los medios de comunicación no están para hacer este debate. Y hay muchas ideas buenas dando vuelta.

Argentina y Brasil empezaron a hacer algo bueno que es empezar a ensayar el sistema múltiple de pagos. Que es que no haya importaciones y exportaciones en moneda extranjera sino que se compensen en monedas locales. Que los argentinos compren en peso, los brasileros compren en reales. Y cada tanto se hace el balance “me debes tanto, te debo tanto”. En ese momento de cancelación se cancela en dólares. Los países del ALBA, inspirados en eso, montaron el Sucre. El Sucre es una moneda de cuenta. No hay moneditas Sucre. Pero la idea es avanzar hacia eso. La intencionalidad es que los países del ALBA comercien entre ellos con Sucre. Que cada uno pague con su moneda, hay una intencionalidad, el que más pierde con eso es Venezuela que es el más rico de todos. El Sucre obliga a un desarrollo integrado. Obliga a que los países que nos comprometemos con una propuesta de esa naturaleza tengamos que decir “yo necesito que Uruguay” se desarrolle múltiplemente. Hay que multiplicar las multiplicidades productivas de los países. Hay ventajas comparativas de Brasil, de Argentina, de Venezuela.

América Latina necesita pensar una nueva estructura financiera. El Banco del Sur es una vergüenza que no esté, y Argentina lo aprobó recién el año pasado. Hoy el Banco del Sur es nada, los países podrían poner mucho dinero. Hay que discutir qué se hace con las reservas.

Vos preguntabas sobre la inflación, el dólar, etc. Otro tema complicado, tratemos de hacerlo simple.

La inflación es un mecanismo económico de la lucha de clases. La inflación es quién puede meterle la mano en el bolsillo al otro. ¿Qué pasa en las paritarias, en la negociación colectiva? ¿Qué queremos los trabajadores? El máximo salario posible. ¿Cuánto nos merecemos los trabajadores? Nos merecemos todo lo que podamos pelear. En el mercado ese debate entre trabajadores y empresarios, es un debate a ver si le podemos doblar la mano a las patronales. Y las patronales, ¿cómo nos doblan la mano? Con aumento de precios. La inflación expresa la capacidad que tienen sólo algunos sectores de imponer precios. Es una competencia en el mercado de quién puede imponer el precio. No cualquiera puede imponer en el mercado el precio de lo que vende, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. Inflación internacional: ¿qué es? ¿Cuánto vale el petróleo? Producir el barril de petróleo en la Argentina o en otros lugares tiene un costo. Pero el precio internacional del petróleo, ¿quién lo fija? El mercado mundial. ¿Quién tiene el petróleo en la Argentina? ¿De quién son las reservas de la Argentina? Son de las provincias porque se hizo la reforma constitucional para que las provincias favorecieran la privatización de YPF. El 90% de las reservas internacionales son de los países. Pero los que manejan el modelo productivo petrolero son las transnacionales del petróleo, son las que fijan el precio. Y el petróleo es un bien escasísimo a nivel mundial. Traten de verme este cuadro que yo hago. Desde 1840 que empezó a producirse petróleo la producción de petróleo crece en forma abismal. Pero al mismo tiempo el consumo del mismo crece de una forma espectacular.

En el año ´73 hubo crisis petrolera porque EEUU empezó a agotar sus reservas petroleras. Entonces EEUU siguió consumiendo petróleo pero en el 73 comenzó a consumir cada vez menos petróleo estadounidense. ¿De dónde saco el petróleo que siguió consumiendo excesivamente EEUU? Comprándolo o invadiendo países. En la actualidad qué está pasando? Lo que le pasó a EEUU en los ´70 ahora le está pasando al Mundo. Se están agotando las reservas internacionales. Esto quiere decir que hay un mayor consumo que las nuevas reservas que se consumen. Por eso ahora se empiezan a hacer productivos pozos petroleros que antes no lo eran. Eso hace crecer el precio del valor. ¿Qué va a pasar ahora con EEUU? Va a seguir aumentando el consumo del petróleo. ¿De dónde van a sacar el petróleo que no hay ni en EEUU ni en otros países que parecen agotados? De Libia, de donde sea. Por eso la disputa es con Venezuela.

Entonces: cuando hay inflación internacional es porque el precio del petróleo impacta en la Argentina. No sólo porque Argentina importa petróleo. Argentina siempre importó petróleo. Argentina tenía una política petrolera soberana, desde Mosconi, y lo que YPF hacía era cuidar el petróleo de la reserva. Entonces producía petróleo suficiente para el mercado interno, pero un poquito importaba. Argentina siempre fue importadora de petróleo. ¿Qué pasó con la privatización de YPF? Sacaron todo el petróleo que pudieron y el gas y lo exportaron. No había que resolver el gas de los pobres del interior de la Argentina. Había que exportar todo el petróleo que se pudiera. Al nivel actual el tema del combustible es un desastre.

Sobre lo que me habían preguntado de las últimas medidas. El 54% es un gran condicionante. Es un consenso espectacular. Marca y divide la cancha por un período bastante largo. Lo que yo tengo la sensación (no lo avala ninguna investigación científica) es que la sociedad argentina tiene un alto nivel de hartazgo de que lo privado lo resolvía todo. El petróleo, la energía, la electricidad, los bancos, todo. Hace 40 años venimos con el discurso de que el Estado es ineficiente y lo privado lo resolvía. 20 años para hacernos la cabeza y 20 años para aplicarlo. El terrorismo de Estado trabajó sobre esas cuestiones de fondo. Yo creo que estamos en el límite de eso. Pregunta: ¿hay que volver a la estatización? Yo creo que no. Porque además la estatización tampoco sirvió. Yo creo que hay que ir (y si quiero ponerle el nombre que quiero) a la socialización.

¿Qué es la socialización? Es que se hagan cargo de los ferrocarriles, del petróleo, de los bancos, los trabajadores y los usuarios. ¿Es sencillo? No, es un despelote. Pero sino que dirijan los gerentes, o los técnicos. Los técnicos son los que nos han llevado a esto, ¿o no? Al desastre de la estación Once. Los técnicos que organizan, no los que arreglan los frenos de los trenes. Los políticos, los que deciden como organizar tal o cual cuestión.

Entonces yo creo que estas políticas que se vienen tomando muestran problemas en la economía argentina tal como la misma venía funcionando en los últimos años. Les voy a dar un dato. Estamos haciendo una investigación para los trabajadores estatales. Entre otras cosas que descubrimos es que en el 2001 los salarios estatales eran el 15% del presupuesto. En el 2003 llegaron al 16%. En el 2011 son el 11%. Transferencias al sector privado. En el 2007 eran del 3%. En el 2011 del 9,5%. Esto quiere decir que la orientación del gasto va privilegiando distintos sectores de la iniciativa privada. Se favorece más la iniciativa privada. Y viendo los ferrocarriles uno dice, ¿está bien la cantidad de trabajadores estatales? ¿No necesitaríamos más? Si tuviéramos un cambio en el sistema bancario, un Banco Provincia, un Ciudad, un Nación, que se metan a resolver los problemas que tenemos realmente, ¿alcanza el personal que tenemos en la banca pública hoy? Yo ya digo que no. Hace falta un sector público más fuerte, más comprometido. Por eso hablo de socialización, no de estatización. No sólo los trabajadores estatales en la gestión y administración sino también los usuarios. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Se vio con expectativas. Nadie sabía que se subsidiaba a los casinos. Cuando se hizo pública la quita, ¿quién estuvo en contra? Ni los casinos dijeron estar en contra, era una vergüenza. Ahora medio que se paró, el tema de los subsidios no ha seguido. Hay que ver qué pasa. El tema es que las cuentas públicas están teniendo algunas dificultades. Hay problemas de déficit fiscal y hay problemas de déficit comercial. Por eso las medidas del oro y demás. Todas las medidas son porque hay desajustes. Lo mejor es explicar cómo se resuelven los desajustes.

Síntesis de todo lo que estamos hablando: no hay Economía, hay Economía Política. Toda medida económica tiene un sentido político. Tiene beneficiarios y perjudicados. No hay medida económica anodina. No hay ninguna medida. Si aumento los salarios beneficia a algunos y perjudica a otros. Si aumento la tasa de interés también, y sigan pensando cualquier medida. No hay medida económica que sea neutra.

(*) Conferencia

Frente a tales desafíos las estrategias gubernamentales se relacionan con la recuperación del espacio público, la movilidad alternativa, el desestimulo al uso del vehículo particular, y la construcción de sistemas de transporte masivo.  En general, los objetivos de política pública buscan mayor eficiencia económica a través de ahorros en tiempos de viaje y costos de operación; protección ambiental entendida como disminución de externalidades ambientales tales como la polución, el nivel de ruido, la vibración, entre otras; seguridad vía disminución de accidentalidad; y áreas metropolitanas habitables que suponen mantener niveles adecuados de calidad de vida, es decir, ciudades socialmente más saludables.

La consecución de estos objetivos se encuentran normativamente orientados por principios tales como la accesibilidad, entendida como la facilidad para acceder al sistema; la sostenibilidad y el equilibrio medioambiental; el desarrollo económico en tanto apoyo a los procesos productivos; y la equidad que distribuye beneficios y costos para todos por igual.

Soportado en este marco de estrategias, objetivos y principios, buena parte de nuestras áreas metropolitanas vienen creando sistemas de transporte masivo que buscan resolver las problemáticas que generan las actuales tendencias referidas al transporte urbano de personas. La principal estrategias ha sido la construcción de sistemas de transporte masivo.  Dentro de las posibilidades de estos sistemas aparece el Bus Rapid Transit (sistema de buses en calzadas exclusivas).

Curitiba en Brasil como experiencia prístina de este modelo, fue seguida por otras áreas metropolitanas latinoamericanas entre las cuales aparecen, hacia finales del milenio, las colombianas. Bogotá (TRANSMILENIO) como primera experiencia en Colombia, marcaría el camino de Pereira (MEGABUS), Cartagena (TRANSCARIBE), Bucaramanga (METROLINEA), Medellín (METROPLUS), Barranquilla (TRANSMETRO) y Cali (MIO).

La Problemática del Transporte Público Urbano en Colombia.

El transporte público urbano en Colombia está definido como un servicio público planificado, regulado y controlado por el Estado. Su prestación permanece principalmente en manos de operadores privados dentro de una economía de mercado, donde la infraestructura necesaria para su operación la financia el Estado en su nivel central como subsidiario del nivel municipal.

La problemática del transporte público urbano en las principales ciudades Colombianas obedece principalmente a causas estructurales referidas a la capacidad institucional y la regulación de los sistemas. Estas causas generan problemas en la oferta de los servicios y problemas en la oferta de infraestructura, lo que a su vez se ve reflejado en impactos negativos sobre el usuario y una serie de externalidades negativas propias de una gestión del transporte deficiente e inadecuada. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Problemática del transporte público urbano en Colombia

 Fuente: DNP.

Estas dos causas estructurales (capacidad institucional deficiente y regulación inadecuada) generan problemas en la oferta de los servicios y problemas en la oferta de infraestructura del transporte público urbano. Los problemas en la oferta de los servicios son la sobreoferta, la operación inadecuada y la utilización de equipos obsoletos. Por su parte los problemas en la oferta de la infraestructura es que ésta es subutilizada, de deficiente calidad, inequitativa e insostenible.

El Marco de referencia de los Sistemas Integrales de Transporte Masivo – SITM. [*] 

La Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo en Colombia surgió como una respuesta del Gobierno Nacional a los problemas relacionados con la operación y los impactos adversos anteriormente caracterizados. Esta política propuso el desarrollo de dos estrategias para solucionar la problemática del transporte urbano en las principales ciudades colombianas. La primera estrategia se aplicaría a Ciudades con una población superior a 600.000 habitantes para las cuales se trabajaría en el desarrollo de sistemas de transporte masivo basados en la experiencia (exitosa) del sistema integral de transporte masivo – SITM – Transmilenio que inició operación en Bogotá en Diciembre del año 2000. La estrategia para las ciudades con menos de 600.000 habitantes consistiría en reorganizar el funcionamiento del transporte público e implantar medidas de gestión de tráfico.

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional del último gobierno (Ley 812 de 2003) estableció quela Nacióncofinanciará el desarrollo de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en el país e igualmente determinó las ciudades en las cuales se realizarían dichos proyectos. Cartagena; Soacha; Bogotá (Corredor troncal Norte Quito Sur – NQS); y las Áreas Metropolitanas de Barranquilla, Centro Occidente (Pereira), Bucaramanga, Valle de Aburrá (Medellín) y Cali serían las ciudades beneficiadas.

Como se sabe la entrada en operación de los proyectos ha sido de forma paulatina. A principios del año 2000 inició operación el sistema integral de transporte masivo de Bogotá, luego en agosto del año 2006 entró a operar el SITM de Pereira y en el año 2008 entra en servicio el SITM de Cali. Para diciembre de 2009 entró a operar Bucaramanga, y en el segundo trimestre del año pasado inició operaciones el SITM de Barranquilla y el de Soacha, seguido en el tercer trimestre por el de Valle de Aburrá y hacia finales del año 2010 operará el SITM de Cartagena.

Para apoyar la etapa de implementación de los sistemas integrados de transporte masivo y de acuerdo con lo señalado en el crédito de Empréstito 7231-CO suscrito específicamente con el Banco Mundial, se conformó un grupo interno de trabajo adscrito al despacho del Viceministro de Transporte para apoyar los proyectos SITM del país cofinanciados porla Nación. Estegrupo realiza seguimiento y apoyo a los procesos de implementación de los sistemas masivos de transporte, específicamente en el área administrativa, financiera y contable; de obras y adquisiciones; de gestión social en reasentamientos; de comunicaciones; de gestión ambiental; y de seguimiento del proyecto. 

Este seguimiento se realiza con el objeto de que las entidades gestoras de cada área metropolitana que son empresas industriales y comerciales del orden público constituidas en cada ciudad con la importante tarea de implantar, planear, y controlar el SITM en el área determinada, realicen las actividades contractuales cumpliendo con las exigencias dela Banca Multilateralincentivando la generación de capacidades institucionales para su sostenibilidad y operación.

Uno de los actores principales del proceso son dichas entidades gestoras de los SITM, definidas en el documento de política número 3260 de 2003 del  Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) como los organismos encargados de planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la operación de los SITM en cada municipio, distrito o área metropolitana, así como de asegurar un excelente servicio de transporte masivo al usuario.

 Esquema 1. Relaciones Interinstitucional generadas en el desarrollo de la Política Pública Nacional de Transporte

Fuente: Ministerio de Transporte. (Documento Banco Mundial, en línea).

La inversión de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia asciende a la suma de US$ 5.052 millones de dólares de los cuales la Nación financia alrededor del 70% que equivale a US$3.061 millones de dólares y los entes territoriales (áreas metropolitanas) aportan aproximadamente US$1.990 millones de dólares.

Con el fin de garantizar los aportes dela Naciónen la cofinanciación, el Gobierno Nacional definió como alternativa adelantar operaciones de crédito con organismos multilaterales. En desarrollo de lo anterior,la Naciónrepresentada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación – DNP suscribió los contratos de empréstito No. 1659/OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); No. 7231-C con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus respectivos adicionales No. 7457-CO y No. 7739-CO; y el ya referenciado No. 7231-CO suscrito específicamente con el Banco Mundial.

Los determinantes en la implementación de los SITM en las ciudades Colombianas

Dentro de los principales determinantes de la implementación de SITM en las Ciudades colombianas encontramos tres aspectos que fundamentalmente condicionaron la decisión por el Bus Rapit Transit con tecnología de plataforma alta.[1] El primero de ellos corresponde a un clásico ejercicio de transferencia de política pública del centro a la periferia. El segundo corresponde a aspectos de orden financiero y el tercero se relaciona con intereses de orden económico.

En relación al primero como se pudo ver en el aparte inmediatamente anterior, la decisión que llevó a implementar sistemas de transporte masivo en las ciudades de Colombia no se adelantó en el plano local de dichas Ciudades o Áreas Metropolitanas, sino que se estableció como estrategia a imitar en la medida en que había sido exitosa en Bogotá, por lo tanto susceptible de externalizarse a las demás Ciudades del país, claro está, sin tener en cuenta la diferencia de contextos y necesidades del transporte público en las demás Ciudades.

[…] Personalmente estoy convencido que las políticas que llevaron a introducir este tipo de Sistema en Colombia ha sido una política estatal impulsada desde el gobierno nacional, incluyendo el actual gobierno de Uribe, donde no se ha tenido en cuenta las necesidades del transporte masivo en el país. […] (Entrevista No. 1).[2]

El segundo de los determinantes, el de orden financiero, corresponde a la pregunta de ¿quién financiaría la implementación de estos sistemas?. Nuevamente los condicionantes del tipo de sistema implementado aparecen del centro hacia la periferia. La nación o mejor el Estado en su nivel central al financiar el 70% de las inversiones claramente determinaba que sistema instaurar. Las ciudades colombianas poco peso tuvieron en esta decisión al ser cofinanciantes de un escaso 30%.

[…] el sistema como tal, la financiación del proyecto en la infraestructura es 70/30 en donde el gobierno nacional da el 70% y el gobierno municipal el 30%; esto es para el 100% de la construcción de la infraestructura, este es un esfuerzo del sector público o gobierno nacional. […] (Entrevista No. 2).[3]

De la mano de este determinante de orden financiero aparece un tercer determinante de orden económico que a nuestro parecer tuvo el mayor peso en la decisión. Los intereses económicos de los proveedores del sistema influyeron de manera contundente en la decisión. La inversión de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia se estimaba inicialmente en US$ 5.052 millones de dólares. No siendo ésta una cuantía menor, despierta el interés de firmas proveedoras que no consideraron tecnologías alternativas mucho más módicas que la del Bus Rapit Transit con plataforma alta.

[…] Yo estoy convencido que lo más importante era el elevado gasto público que permitiría a un escaso número de proveedores de este Sistema elevadas ganancias. Detrás de la decisión están los que producen los buses de plataforma alta, los constructores que producen la infraestructura de carriles exclusivos, estaciones de plataforma elevada y demás. Con todo esto ganan mucho dinero, desinteresándoles la calidad del Sistema desde el punto de vista del pasajero.[…] (Entrevista 1).

SITM con plataforma alta: ¿La mejor solución para el transporte urbano en las áreas metropolitanas de Colombia?

A pesar de que coincidimos con los diagnósticos realizados por las principales autoridades del transporte público de pasajeros en Colombia, diferimos con la respuesta única dada a la problemática del transporte en las principales ciudades colombianas.

El sistema tipo Bus Rapit Transit con tecnología de plataforma alta no fue la decisión más acertada para las necesidades del transporte urbano de las principales ciudades colombianas, en tanto no era la propuesta más eficaz. Las autoridades locales desafortunadamente tuvieron muy poco que ver en la decisión de esta tecnología.

Mientras se alcanzan las metas propuestas por los SITM en Colombia, se deberán realizar ajustes de cara a mejorar los actuales problemas en la operación de dichos sistemas. Una de las alternativas para corregir dichas problemáticas deberá considerar la propuesta de complementar los actuales sistemas con tecnología de plataforma baja. Si se aprovechan las ventajas de esta tecnología pueden llegar a subsanarse problemas de estructuración y articulación de rutas que llevará a una mayor cobertura territorial, inclusive, superior a la esperada y por supuesto al crecimiento de la demanda del actual de cada uno de los sistemas.

El Bus Rapid Transit con tecnología de plataforma baja es un sistema cuyos beneficios ya han sido probados en muchas ciudades del mundo entero. Las ciudades colombianas, desafortunadamente no pueden echar marcha atrás con la infraestructura que adecuaron bajo la tecnología de plataforma alta. Sin embargo, si puede llegar a complementar la actual infraestructura con la tecnología de plataforma baja.

El argumento más poderoso a favor de esta última tecnología paradójicamente es recogido por los propios documentos oficiales que califican la construcción de nueva infraestructura como insostenible en el largo plazo. Las propias autoridades nacionales reconocen que dicha nueva infraestructura implica unos costos de inversión enormes frente a la limitada capacidad de pago de los municipios, así mismo, la velocidad de construcción de estas obras no es consistente con el ritmo de crecimiento del número de vehículos que ingresan en el sistema, lo cual representa una importante carga financiera para las ciudades profundizando mucho más sus restricciones fiscales.

Considerar entonces la tecnología de plataforma baja además de coadyuvar a subsanar las actuales problemáticas de operación de los SITM en Colombia, puede llegar a materializar un ahorro de escasos recursos públicos, permitiendo alcanzar mayores niveles de eficiencia convirtiendo a nuestras ciudades, quizás, en las primeras áreas metropolitanas de Latinoamérica con un sistema de tecnología híbrida que responda de la manera más adecuada posible al conjunto de necesidades de sus habitantes.

---

[1] Los tres determinantes explicativos de la decisión que llevó a implementar Sistemas Integrales de Transporte Masivo tipo Bus Rapit Transit con tecnología de plataforma alta en las principales ciudades colombianas, se construyeron a partir de dos testimonios aportados por expertos. Dichos testimonios recogidos a través de entrevistas semiestructuradas fueron contrastados extrayéndose de ellos algunos apartes importantes los cuales aparecen referenciados en el texto a continuación.

[2] Entrevista No. 1 realizada el 11 de Marzo de 2010 al Profesor Rolf Möller dela Facultad de Ingeniería dela Universidad del Valle.

[3] Entrevista No. 2 realizada el 12 de Marzo de 2010 al Ingeniero Yesid Tello actual Jefe de Operaciones del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

---

Esta orientación destinada a “disciplinar” al movimiento popular es parte de una estrategia integral del Estado argentino que puede seguirse en diferentes instrumentos jurídicos, entre ellos en la Ley de Entidades Financieras, el régimen previsional vigente y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La legislación financiera data de 1977, tiempo de ejercicio pleno del terrorismo de Estado bajo la dictadura genocida. Según su mentor, el Ministro de Economía (1976/1981) José Alfredo Martínez de Hoz, esa legislación se constituyó en el “instrumento más revolucionario de su gestión”. Mediante esa ley se habilitó el camino de la concentración y centralización financiera y económica que facilitó la extranjerización de la economía y la subordinación del orden local a las necesidades de la transnacionalización capitalista. Fue un mecanismo de fomento de la dependencia y subordinación al orden mundial, siendo el mecanismo jurídico de constitución de un orden económico disciplinado al poder mundial. A 35 años de entonces ya conocemos el resultado en términos de pérdidas de ingresos de los trabajadores y otros sectores populares, de flexibilización laboral y de menoscabos de derechos sociales y laborales, todo lo que incidió en deteriorar la capacidad de resistencia del movimiento de trabajadores. Toda una estrategia para disciplinar al movimiento obrero y popular.

Modificar el régimen previsional en 1994 fue el camino de la privatización de las pensiones y jubilaciones, toda una estafa a favor de la banca transnacional que operó hasta la re estatización de 2009. Fueron 15 años de brutal transferencia de ingresos previsionales, de aportes de los trabajadores al capital más concentrado que operó desde las AFJP y sus propietarios. El resultado se manifiesta como un achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales, donde más del 70% de los perceptores de ingresos por pensión y jubilación reciben la mínima, en valores muy alejados de la cobertura de la canasta necesaria que reclama el movimiento de trabajadores jubilados y la CTA. En la actualidad, pese a los dos ajustes anuales, el régimen previsional condena a la miseria a la mayoría de los jubilados y pensionados intentando disciplinarlos y conformarlos con ajustes que no resuelven la demanda histórica de percibir el 82% del salario de los trabajadores activos. Las reformas previsionales han pretendido disciplinar a los trabajadores y así como ahora en Europa se pretende bajar los ingresos de los pasivos, la política económica de los 90 y en la actualidad supone la subordinación y el disciplinamiento de la población trabajadora a ingresos previsionales de subsistencia.

En materia de responsabilidad fiscal, el régimen vigente sancionado en agosto del 2004, apuntaba a darle viabilidad a los acuerdos en proceso con el FMI. Era una estrategia a dos puntas, satisfaciendo las demandas del organismo internacional y a disciplinar la capacidad de gasto de las provincias en Argentina, entre otras cuestiones, en lo relativo a empleo y a endeudamiento público. Más allá de las confrontaciones y cancelaciones de deuda pública con el FMI, la legislación siguió vigente, flexibilizada en 2009 y 2010 por imperio de la desaceleración económica asociada a la crisis mundial. Es un mecanismo de disciplina fiscal para controlar el gasto, el endeudamiento de las provincias, y de éstas con sus municipios. Salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y San Luís; los 21 Estados provinciales y el nacional están sometidos a las disposiciones legales de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del órgano competente que preside el Ministro de Economía. Recordemos el espíritu original emanado del FMI para disciplinar al país y de éste para con las provincias, lo que supone anteponer juridicidad a cualquier reclamo de mejora en los ingresos de los trabajadores estatales, o de cualquier gasto público que demande la sociedad. A los trabajadores judiciales se nos niega el derecho a discutir paritarias y a recuperar el sistema de porcentualidad de salarios, que derogó Menem y Cavallo  y que hasta la fecha consagran remuneraciones de privilegio en la justicia argentina, mientras a los trabajadores nos degradan el salario, imponiéndonos el pago del impuesto a las ganancias.

¡No! Los trabajadores percibimos salario, los empresarios ganancias.

Son todos ejemplos de cómo el Estado influido por las clases dominantes intenta por distintos mecanismos el control y disciplina de la sociedad, para así asegurar la reproducción del régimen desde la obtención de las ganancias, su acumulación para acrecentar el capital, y así favorecer la dominación capitalista reproduciendo la explotación del hombre por el hombre.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

Matias Fachal                                                                              Víctor Mendibil

Secretario de Prensa                                                                     Secretario General

 Français

                        Italiano

El pasado 12 de agosto (¡exactamente 2 meses antes de “destrabarse” la ratificación de los Acuerdos de Promoción Comercial – antes denominados TLCs con Colombia, Panamá y Corea del Sur en el Congreso de los Estados Unidos!), C. Fred Bergsten, director del Instituto Peterson para la Economía Internacional, realizó una intervención titulada: “Los Estados Unidos en la Economía Mundial”.

La presentación era parte de una serie de conferencias sobre temas “de actualidad” que anualmente patrocina la Institución Chautauqua a lo largo de una temporada de nueve semanas en las orillas del lago que lleva su mismo nombre, en la ciudad Nueva York[1].

El discurso pronunciado por Bergsten cuestionaba con un tono muy característico, las actitudes tanto del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama como del Partido Republicano en el Congreso usamericano, en lo que él consideraba un persistente desdén por parte de ambos frente a los asuntos estratégicos del comercio internacional de ese país.

En opinión de Bergsten, esta “indiferencia” le estaría acarreando a los Estados Unidos perder “una gran oportunidad para crear empleos”, un problema que – sabemos – se torna cada vez más preocupante para la gran mayoría de los países “desarrollados” y que se agrava aún más con las llamadas “crisis de las deudas soberanas”. Bergsten sugería la necesidad de avanzar inmediatamente en este terreno a partir de una tríada de medidas prácticas de las cuales se obtendrían resultados muy rápidos.

Lo que podría ser interpretado como una anecdótica conferencia dentro de las miles que seguramente se vienen realizando sobre estos temas en la primera potencia mundial – y, especialmente, por esta época de crisis capitalista -, contiene sin embargo aspectos que ilustran las perspectivas hoy disponibles desde los principales centros hegemónicos del poder frente a los desafíos y reconfiguraciones que se vienen experimentando en la economía política actual, tanto en el espacio específicamente usamericano como en otros ámbitos más generales a nivel planetario.

El discurso, en su forma y contenido, llama la atención por varias razones.

Como primera medida, respecto a su lugar de enunciación. Bergsten – lo decíamos – ha sido el director del Instituto Peterson para la Economía Internacional desde 1981 (año de su creación) y hasta el día de hoy.

Este centro de investigaciones es ampliamente reconocido como “el think-tank (tanque de pensamiento) más influyente en el mundo”. Ciertamente, las “visiones” y dictámenes ofrecidos desde allí han sido histórica y sistemáticamente acogidos por las autoridades responsables en materia de política económica (fundamentalmente respecto a los aspectos internacionales) en los Estados Unidos durante – por lo menos – las tres últimas décadas.

Bastaría recordar que entre el staff de investigadores se encuentran figuras académicas que trabajan en varias de las más “prestigiosas” universidades de los Estados Unidos y su equipo permanente, en algún momento y la mayoría de veces en simultáneo, estrecha vínculos carnales con los principales organismos gubernamentales, estatales y multilaterales con sede en Washington – empezando por la Presidencia de la República – y también con el complejo circuito de lobby alrededor de Wall Street. No obstante, entre todos ellos, sobresale especialmente uno: John Williamson, economista que desde hace un par de décadas saltó a la fama por dar a luz el Consenso de Washington. De hecho, el Instituto para la Economía Internacional fue la institución “responsable” de organizar durante 1989 las conferencias en las cuales el tristemente célebre Consenso tuvo lugar y, tiempo después, sus sucesivas “versiones”[2]. Esta breve reseña ya pone en perspectiva sobre quiénes estamos hablando y las “nuevas” fórmulas que intentan promocionar.

El texto del discurso – en segundo término – inicia resumiendo la situación actual de la economía usamericana. Bergsten advierte, entre otras cosas, que los Estados Unidos importa hoy la mitad del petróleo que requiere su economía; casi la mitad de los balances contables de las 500 primeras compañías usamericanas se derivan de operaciones internacionales[3]; la mayoría de la deuda del gobierno pertenece a los inversores extranjeros, capital que – según Bergsten – financia buena parte de la inversión doméstica requerida para mantener un crecimiento económico “decente” y gracias al déficit comercial registrado por ese país durante más de 30 años, los Estados Unidos hoy es el primer deudor mundial: posee una deuda externa bruta total de aproximadamente U$23 trillones – la mayoría en manos de China, Rusia y varios países del Medio Oriente, precisamente (¡qué casualidad!) los principales exportadores de petróleo – y pide préstamos al mundo del orden de U$500 billones anuales.

Subrayaba además el deterioro de la importancia económica de los Estados Unidos en términos mundiales, la cual viene literalmente en picada. Desde la Segunda Guerra Mundial la economía usamericana aportaba 50% al PIB mundial mientras que en este momento significa no más del 20% (Septiembre de 2011), sin contar el estancamiento de los salarios promedio por más “de una generación” y que la distribución del ingreso tiende cada vez más a empeorar. Desde luego, el panorama presentado, de ninguna manera, es halagador.

Para Bergsten, la situación de “crisis profunda” en la que se encuentra la economía usamericana, sin embargo puede ser revertida: lejos de modificar el rumbo de las decisiones hasta ahora adoptadas y que, según varios analistas en su mismo país, son las mismas que han acelerado las contradicciones económico políticas que se extienden globalmente – de lo que se trata ahora es profundizar – hasta sus últimas consecuencias – el “modelo de desarrollo” vigente (término con el cual eufemísticamente se denomina a las estrategias de expansión imperial en el capitalismo contemporáneo) y, en particular, aquel que ha rendido grandes beneficios para los capitales usamericanos: la globalización.

A pesar de los problemas por los que atravesaría la economía usamericana, el balance en este sentido explica consistentemente esta apuesta: “Los Estados Unidos han ganado enormemente con esta globalización. Nuestro país – dice Bergsten –cada año es mucho más rico en más de U$1 trillón gracias a la integración comercial. Esto equivale aproximadamente al 10% de toda nuestra renta nacional y más de U$10.000 por hogar. Se acumulan ventajas adicionales con la globalización financiera que ha acompañado los crecientes flujos comerciales (subrayo) [Nota: los “beneficios adicionales” podrían añadir otros U$0.5 trillones al cálculo]. Lo anterior por el lado de las ganancias.

Mientras tanto las pérdidas (“costos” en términos de Bergsten) de la globalización para los Estados Unidos resultan ser bastante diferentes: “Cerca de medio millón de trabajadores (de una fuerza laboral total de 150 millones) pierden su trabajo anualmente, la mayoría por períodos temporales, como resultado del incremento en las importaciones. Algunos tienen que aceptar empleos con bajos salarios en el largo plazo, sufriendo una pérdida en ingresos durante toda su vida. Esos efectos totalizan aproximadamente U$50 billones por año, un monto sustancial en términos absolutos pero sólo un vigésimo de la rentabilidad anual fruto de la globalización…” (resalto y subrayo). Lo anterior no podría ser más expresivo del deplorable y cínico estilo usamericano que impera en asuntos como éstos pues ¡los negocios son los negocios!

La “globalización” – la cual puede ser de diferentes tipos, dimensiones y magnitudes – a la que se refiere aquí y adula hasta el paroxismo Bergsten es evidentemente aquella que favorece en exclusiva los intereses de los capitales usamericanos, es decir, la globalización de carácter neoliberal la cual, en estos momentos, en su concepto, debería avanzar hacia su fase superior: el Libre Comercio (total). Con este objetivo, los Estados Unidos deben insistir en una “gran campaña” – aún más agresiva de la que se ha visto hasta el momento, parece sugerir – para continuar “negociando” y ampliando nuevos Tratados de Libre Comercio, bilaterales o plurilaterales (como el “Acuerdo P4” o Transpacífico (TPP) que vincula Asia y América)[4].

Incluso, Bergsten en su tríada de “soluciones” anima a que, además de los TLCs, el mejor mecanismo para consolidar definitivamente el modelo usamericano de “crecimiento basado en las exportaciones” y la mejor forma para asegurar los mercados mundiales sería lograr un Tratado de Libre Comercio Global que reemplace (o reviva) la Ronda de Doha, la cual – en su opinión – ha sido un total fracaso después de una década de “esfuerzos en las negociaciones”. En estas tentativas propone la “utilización” de las instituciones económicas internacionales como el FMI y la OMC.

Quedaría hacer una observación clave también aludida en el discurso de Bergsten. No se ha recalcado suficientemente que estos “Tratados” por más que aludan al “Libre Comercio”, desde luego una realidad completamente inexistente pues en la práctica se trata de negocios de poderosos monopolios transnacionales, tampoco lo sean estrictamente de “comercio”. Este componente sólo representa una mínima porción de lo que se negocia en ellos. Se trata mejor de Acuerdos de liberalización de inversiones en los cuales los servicios (especialmente financieros; las compras estatales, los derechos de propiedad, etc.) tienen un significado muy estratégico[5].

Lo anterior responde a que los Tratados, recordemos, diseñados a la medida de las pretensiones usamericanas, reproducen las mismas estructuras productiva y de intereses que actualmente existen en los Estados Unidos después de las transformaciones sufridas en ese país desde la década de los 80s. Hoy por hoy el sector manufacturero usamericano representa a lo sumo el 10% de la economía mientras que la Agricultura no más del 1% y los Servicios (sobre todo, los financieros) más del 80%. Este último sector provee el 25% de los empleos y ha crecido los últimos treinta años a tasas del 30% y con salarios 10% superiores a los de la manufactura.

Bergsten sugiere precisamente que los “esfuerzos internacionales” de los Estados Unidos deben enfocarse y apuntar hacia allá, máxime cuando en áreas como América Latina y el Caribe y en las llamadas economías emergentes, la legislación en estos aspectos no se encuentra “acondicionada” (o desregulada) lo cual supone una gran oportunidad para la “apertura de los mercados”.

Sin embargo, las barreras establecidas por los gobiernos europeos para limitar los flujos migratorios y evitar que, con excusas académicas, los latinoamericanos se establezcan permanentemente en sus territorios –así como el costo que implica para las monedas de América Latina ser convertidas en euros y subvencionar el precio de los estudios, el trayecto trasatlántico y el mantenimiento diario de una persona que, generalmente, no tendrá permiso para trabajar legalmente-, obligan a pensar en opciones diferentes que satisfagan adecuadamente las demandas formativas y culturales de los jóvenes –y no tan jóvenes- estudiantes.

Las nuevas opciones necesitan cumplir tres requisitos principales. En primer lugar, los centros académicos deben ser espacios de calidad, deben contar con reconocimiento internacional y deben estar constituidos por grupos de investigación consolidados. En segundo lugar, los precios de los estudios deben ser razonables y ajustados al poder adquisitivo de los demandantes. Por último, las condiciones de acogida de los estudiantes deben permitirles realizar una vida “normal” (tener un trabajo, ser sujeto de derechos, ser incluidos socialmente, contar con una tramitación rápida, justificada y adecuada de los permisos de estancia, etc.).

La mirada antes dirigida a Europa, hoy bajo una crisis que ha obligado a reducir los presupuestos de universidades públicas, a bajar las ayudas a la investigación, a disminuir las plantillas de profesores y a encarecer los precios públicos de los programas de postgrado –cuyos costos por crédito para ciudadanos no comunitarios son casi tres veces más caros que para un nacional europeo-, debe cambiar de orientación y mantenerse o encaminarse hacia la región latinoamericana.

En primer lugar porque la oferta académica de programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados ya ha madurado lo suficiente y tanto los grupos de investigación como las universidades han comenzado a posicionar sus propuestas científicas en las discusiones internacionales. Asimismo, los centros educativos han recibido múltiples reconocimientos a sus actividades de divulgación y se han puesto en marcha procesos de acreditación de excelencia, que muchas universidades y programas en Europa aún no tienen. Los estudios universitarios en centros reconocidos latinoamericanos no tienen nada que envidiarle a los programas del viejo continente.

En segundo lugar, los precios de los estudios, a pesar de ser comparativamente altos en algunos lugares como en Colombia y Chile y en el conjunto de universidades privadas de la región, siguen siendo más baratos que lo que implica un desplazamiento y un mantenimiento transoceánico. Asimismo, el costo de la vida en los países suramericanos es, comparativamente, mucho más económico que en Europa y el mantenimiento del estudiante es así mucho más fácil.

En tercer lugar, las condiciones de tratamiento humano (visados, permisos de trabajo, integración social, inscripción a servicios de salud y, sobre todo, la poca discriminación o la baja dosis de racismo frente al inmigrante) aseguran que el estudiante pueda desarrollar una vida más cercana a la que está acostumbrado a llevar en su país de origen.

La mirada puesta en el Sur obliga a repensar el sentido educativo hacia la búsqueda de alternativas a problemáticas propias desde estudios propios. Vale la pena destacar los esfuerzos que Argentina y Brasil, principalmente, realizan en materia de educación superior. Asimismo, en Colombia, a pesar de los altos costos que implica realizar estudios superiores, se cuenta con varias universidades de excelencia que lideran programas académicos sobresalientes.

Los programas de Maestrías en Colombia, así como en gran parte de América Latina, implican un trabajo muy serio que responde a estudios estratégicos de unidades académicas o a procesos de investigación consolidados. La oferta amplia y completa –una gran herramienta para ubicar fácilmente programas de postgrado en Colombia puede encontrarse en el portal EducaEdu Colombia- garantiza también la posibilidad de diversificación de los perfiles profesionales o investigativos.

La recomendable mirada al Sur para la continuación –o el inicio- de la formación universitaria responde también al cambio que se vive hoy en el mundo. Una perspectiva regional, nacional, latinoamericana, que ubique y enaltezca los referentes académicos propios es necesaria para continuar con el proceso de acelerar en las vías del desarrollo.

Sólo nos resta creérnoslo…

El discurso de lo que pasa en Cataluña empieza a verse en cada uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma y en la mayoría de las farmacias y centros de salud de las poblaciones menores. La reducción de los servicios de urgencias, la disminución de las camas de atención a los pacientes, el cobro –como si fueran hoteles- de las noches que pasa un acompañante con los enfermos o la ausencia de prestación de servicios de atención nocturna para el caso de las farmacias, son símbolos claros del desmonte de un sistema de salud caracterizado anteriormente por su fortaleza y su profesionalidad. Los discursos y primeros síntomas, se encuentran acompañados, como no, de un incremento de la opinión pública –manipulada por intereses económicos- en favor de sistemas que, como el copago y el fortalecimiento del servicio de entidades particulares de salud –que en España se conocen como Mutuas-, premian al sector privado y debilitan a un sector público estigmatizado como una carga excesiva para las arcas en crisis del Estado.

La lección aprendida de Colombia, cuya Ley 100 transformó todos los servicios de salud del país en el marco del decálogo del Consenso de Washington, y de otros países de América Latina, ha demostrado con creces la paulatina eliminación del sistema de salud pública en beneficio de instituciones privadas que, como el caso colombiano de mutuas -Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Coomeva, Famisanar, Colmédica y algunas otras-, arrojan dos escenarios completamente sombríos. El primero, tal y como ha quedado claro en el debate entre los dos modelos que se disputan la presidencia de gobierno en España, define un desplazamiento hacia el sector privado de los enfermos baratos, cubiertos bajo el famoso Plan Obligatorio de Salud (POS), y por el contrario, un envío de los enfermos caros al sistema de salud estatal o a entidades privadas bajo cuotas mucho más altas.

El segundo escenario, como quedó absolutamente claro en el panorama colombiano a partir del destape del escándalo de la salud[i], es el envío de dineros públicos a entidades privadas que, aparte de jugar con la regulación de sus servicios (los enfermos caros), establecen, por una parte, monopolios asociados a los servicios de salud (artículos para hospitales, transporte de emergencias, lavandería e incluso hasta educación superior asociada a los profesionales de la salud), y, por otra, un sistema de beneficios financieros inmensos –otro de los puntos del decálogo de Washington- que, ayudados por sistemas de corrupción política –tal y como ha pasado en Valencia, Andalucía, Canarias o Galicia, por citar sólo las cuatro principales comunidades autónomas implicadas en casos de corrupción- han enriquecido a particulares a costa de un dinero que antes ayudaba al mantenimiento del sistema sanitario español que, vale decir, goza de un excelente prestigio internacional y sus profesionales han recibido llamados, con el agregado de estabilidad, de sistemas de salud como el británico[ii].

La washingtonización de la economía española ha copiado casi exactamente, 20 años más tarde, las recetas que terminaron de abrir las venas de un país que, como Colombia, perdía en cada una de las propuestas formuladas por el Consenso. En la historia reciente de España es muy fácil encontrar la intencionalidad manifiesta de las “Instrucciones de Crecimiento” impulsadas por Estados Unidos, entonces, y por los países de la primera velocidad europea -Francia y Alemania-, ahora. En directa conexión con el tema expuesto de la salud –que también implica la revisión de las pensiones[iii] y la disminución de los presupuestos de la educación pública[iv]-, se enmarca la reforma constitucional realizada en el mes de agosto en la cual se adopta tanto la disciplina fiscal como la reordenación de las prioridades del gasto, tal y como ha pasado con la salud y la educación.

Aunque quizás, lo que más ha impactado a la economía española a partir de su entrada en el sistema económico de la Comunidad Europea es la desaparición del parque empresarial español, tal y como pasó en Colombia en la década del noventa tras la apertura económica conducida por César Gaviria quien le dio la “bienvenida al futuro” al país. Empresas como Endesa, Iberia o Seat, antiguas entidades estatales españolas han sido absorbidas por capitales internacionales de los países de la primera velocidad europea, transformando, como en Colombia, todo el –incipiente- sector industrial en entidades de comercialización de productos cuyos beneficios se van a manos extranjeras. Hoy incluso los productos chinos, que aprovechan muy bien la liberalización del comercio internacional (otro de los puntos del Consenso), se venden mucho más que los productos españoles e incluso los antiguos bares de tapas son ahora administrados por comerciantes del gigante asiático.

El caso de España demuestra, una vez más, que la historia de los países no deja de repetirse en diferentes contextos. El caso colombiano, pero sobre todo el argentino, deberían ser demostraciones de la historia para países que, como España, empiezan a asumir sin vergüenza todas las recetas de un ya fracasado Consenso de Washington. Afortunada y curiosamente, en el mismo periódico del partido que gobierna en Cataluña, en el que apareció la desafortunada visión de la salud como un bien privado, se empiezan a perfilar actitudes que llaman a una salida de la crisis desde una forma alternativa.

El caso de la economía argentina, que en el 2001 suspendió el pago de 95.000 millones de dólares de deuda externa y abandonó el vínculo con el dólar, ha demostrado que ir en contravía del Consenso no hace emerger el caos. Al contrario, en los últimos diez años, según un informe del Centro de Investigación sobre Política Económica –cuya sede, curiosamente se encuentra en Washington- el país ha crecido el 94%, dos veces más que Brasil. De hecho el país latinoamericano ha reducido el número de pobres, ha reducido la tasa de desigualdad y ha recuperado el nivel del PIB que tenía antes de la crisis de finales de siglo. Quizás por salirse de la vía de Washington Argentina no sale en los diarios tanto como Brasil… pero quizás también por eso mismo la naturaleza acaba de premiarla –o castigarla- con petróleo.

La sociedad neoliberal chilena, la más consolidada de la región latinioamericana, ha sido remecida durante los últimos meses por un levantamiento generalizado de las y los jóvenes estudiantes tanto secundarios como universitarios desde la nortina ciudad de Arica hasta la austral Punta Arenas. Cientos de miles de jóvenes se han “tomado” (ocupado) las escuelas, las universidades y, sobre todo, las calles exigiendo y demandando a las autoridades gubernamentales, a la clase política parlamentaria, a los partidos políticos, o sea, a todos los actores que han monopolizado la política durante los últimos 21 años de régimen democrático autoritario electoral, el fin de la educación de mercado. Sin embargo, esta demanda no es solo una exigencia estudiantil al Estado o al régimen político, sino también, lo es para la propia ciudadanía nacional; en otras palabras, la movilización estudiantil exige y demanda la participación activa de la sociedad civil. En ese sentido, el levantamiento juvenil, estudiantil y ciudadano ha tenido la capacidad de convulsionar la “pax política neoliberal” establecida por las clases dominantes, los dirigencias políticas como por las ciudadanías neoliberales a lo largo de las últimas dos décadas en Chile.

La movilización social y política de las y los estudiantes universitarios chilenos se inscribe en una larga lucha en contra de la mercantilización de uno de los derechos humanos y sociales fundamentales, el derecho a la educación. Esta lucha que se inició en los años ochenta del siglo pasado cuando la dictadura militar entregó dicho derecho a las fuerzas del mercado, es decir, a la iniciativa privada del capital e impuso a las y los ciudadanos nacionales, la “obligación” de comprar educación, en el naciente mercado de la educación.

En aquellos años la vasta protesta estudiantil en contra de esas imposiciones se entrelazó con las masivas movilizaciones sociales y políticas por la democracia y el fin de la dictadura. La demanda estudiantil sectorial como tantas otras, ingreso a la gran “bolsa de demandas ciudadanas” que la dirigencia política conceptualizo como la: “deuda social” legada por el dictadura a la democracia. El movimiento estudiantil ochentero reclamaba, el fin de la mercantilización de la educación nacional universitaria y secundaria, la democratización efectiva de las universidades y su gratuidad. Todo lo cual implicaba la reposición del derecho a la educación en la sociedad chilena y el reconocimiento efectivo por el Estado. Al interior de las reivindicaciones del movimiento estudiantil consideraba, la demanda de  la condonación o el fin de las deudas contraídas por los estudiantes a través del sistema de crédito fiscal o universitario establecido por la dictadura y administrado por las Universidades. Este sistema crediticio había transformado las “becas de estudio” tanto las “académicas” como las socioeconómicas, desde 1981/2 en créditos, el cual los estudiantes debían devolver una vez egresados de la Universidad. Muchos de las y los estudiantes de los ochentas siguen siendo hasta el día de hoy deudores del sistema.

Los gobiernos concertacionistas (1990-2010), democráticos y, supuestamente, antineoliberales, a través de un pacto político con los neoliberales autoritarios, hicieron viable la transición desde la dictadura al régimen autoritario electoral actual, mantuvieron y profundizaron la mercantilización de la educación nacional completando de esa manera la destrucción del derecho a la educación iniciado por la dictadura militar. A lo largo de estos años el movimiento estudiantil se movilizó por restaurar ese derecho como para mejorar su condición de estudiantes clientes.[1] La respuesta gubernamental fue, por un lado, represión policial, la cual costo la vida de un estudiante universitario en los años noventa. Y, por otro, la ampliación de un precarizado sistema de becas y, diversas modalidades de sistemas de créditos para “ayudar” a los estudiantes a pagar por su educación.

Bajo el amparo institucional de los gobiernos concertacionistas el capitalismo académico se desplegó a todo su ancho por la República instalando cerca de 40 universidades privadas y varias decenas de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Transformando a las universidades estatales (Universidad de Chile, Universidad de Santiago como a las universidades regionales) en empresas capitalistas académicas: directamente financiadas por los estudiantes y sus familias con escasos aportes del Estado. La lógica empresarial capitalista (autosustentable) como la mercantil (vender formación académica y profesional como también servicios) transformó a la educación superior en una de las “industrias emergentes” más lucrativas y rentables de la sociedad neoliberal chilena.[2]

La expansión de esta particular y específica empresa capitalista ha sido vertiginosa, amplia y arrolladora extendiéndose por todo el país, involucrando a cientos de miles de estudiantes, profesores, académicos, profesionales, trabajadores, etcétera. La cobertura, por ejemplo, o sea, el número de clientes atendidos aumentó, entre el año 2006 y 2010, en un 100%. Actualmente, el sistema educativo superior concentra cerca de un millón de estudiantes-clientes. Las utilidades obtenidas por la mayoría de las empresas-universitarias han sido millonarias. En un cálculo muy simple y básico, tan solo como botón de muestra, si cada uno de los estudiantes en el sistema, paga por adquirir un titulo profesional, en promedio, aproximadamente 300 dólares mensuales, estamos diciendo que el sistema reporta más o menos 300 millones dólares mensuales y, por ende, 3 mil millones de dólares anuales.[3] Tan solo por concepto de aranceles. El capitalismo académico es, sin mucha discusión, altamente rentable para todos los que participan en el sistema. De acuerdo a una información periodística, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la mayoría de las universidades públicas como las privadas obtuvieron utilidades durante el año 2009.[4]

Son estas cifras lo que explica la acérrima defensa de este lucrativo mercado por parte del emergente “empresariado académico” nacional. Este, está conformado por una extensa red social y política, en la cual participan distintos grupos económicos empresariales y sociales  tanto nacionales como internacionales. A los cuales se han incorporado de manera activa la “clase política y dirigente”, vinculados a los partidos políticos con o sin representación parlamentaria. Por ello, es habitual encontrar en los directorios de estas instituciones a ex senadores, exdiputados; a exministros y exsubsecretarios de Estado, dirigentes políticos y diversos integrantes de las dirigencias centrales de los partidos políticos activos o en retiro, etcétera. La participación en este especial y relevante grupo se hace ya sea en la calidad de dueños directos como directores en las diversas corporaciones universitarias, institutos profesionales, centros de formación técnica públicos o privados.

Podríamos sostener que en el manejo y gestión de la educación superior como también secundaria y básica, están presentes  transversalmente los integrantes de la elite empresarial, política como de la elite social, cultural e política de la sociedad civil chilena. Los cuales expresan allí sus diversos intereses económicos, políticos, ideológicos y, académicos en torno a la educación. Al hacer una radiografía sobre quienes son los que controlan el mercado educativo nacional se observaría que todos los principales actores sociales e instituciones, desde las iglesias, instituciones armadas, corporaciones gremiales hasta los partidos políticos, tienen ya sea, una o más universidades como diversos institutos profesionales y centros de formación técnica o escuelas básicas, medias. Todos ellos venden educación, más allá si sus instituciones educacionales tienen fines de lucro o no.

Por esta razón, se podría perfectamente afirmar que las y los estudiantes universitarios como las y los ciudadanos que los acompañan no solo se han rebelado ante el funcionamiento del mercado educativo superior sino también en contra las actuales estructuras de poder político, social y económico predominante en la sociedad neoliberal chilena.[5]

El análisis de la estructura económica y financiera del mercado educativo superior nos indica que su composición interna sufrió una significativa modificación en el año 2005 cuando el gobierno concertacionista del socialista neoliberal Ricardo Lagos y su Ministro de Educación Sergio Bitar promulgaron la Ley 20.027 que estableció el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con dicho medida, eminentemente financiera, por ende desligada de todo sentido social, abrieron las puertas de la educación, por un lado, al sistema bancario nacional y, por otro, el ingreso a la educación superior de miles y miles de jóvenes, quienes por medio del endeudamiento bancario, podrían cumplir su “sueño” de alcanzar una profesión universitaria.

En consecuencia, gracias a la “financiarización”[6] del mercado educativo la masa de ciudadanos-estudiantes en calidad de clientes-usuarios, creció de manera explosiva. Además, con el ingreso del sistema financiero bancario nacional con respaldo estatal se hizo posible la “educación para todos”. Ciertamente,  para todos aquellos que podían o querían o se veían en la obligación de endeudarse para adquirir un titulo profesional técnico o universitario, en otras palabras, comprar a crédito educación, como se hace con cualquier otra mercancía que se vende en la sociedad chilena. La educación pasó a ser -como bien lo señalo el presidente Sebastian Piñera-, “un bien de consumo” [7] y no un derecho ni un bien público sino una particular mercancía.[8]

Al cabo de un lustro de haberse establecido la “financiarización” en el mercado educativo los “clientes-estudiantes usuarios” percibieron que tanto el servicio como la calidad del mismo no tenían relación con los altos niveles de endeudamiento, por un lado, ni con los valores cobrados por las instituciones, por otro. Y, tal vez, lo más grave desde el punto de vista académico-laboral, era que  los títulos profesionales adquiridos no los habilitaban para incorporarse al mercado laboral ni a ningún otro mercado existente en la sociedad neoliberal. El problema era que miles de jóvenes adquirían títulos profesionales y grados académicos profundamente devaluados. Aquellos que lograban terminar la educación superior se encontraban al cabo de dos, tres o cuatro años de estudios, endeudados con la banca nacional y, lo peor de todo, en la calidad de cesantes semi-ilustrados  (la tasa de cesantía a nivel juvenil en Chile es, la más alta de la fuerza de trabajo nacional, según las estadísticas gubernamentales, esta alcanzaría alrededor del 19%). Ante este escenario profundamente adverso y desconcertante las y los jóvenes estudiantes, especialmente, los universitarios salieron a las calles a manifestar su malestar e indignación contra el mercado educativo superior. Desatándose una nueva batalla por la educación.

En las calles de las principales ciudades del país, los estudiantes universitarios, especialmente, de las universidades públicas, se encontraron en los primeros meses con los estudiantes de las universidades privadas y de otras instituciones de la educación superior, pero también, con la masiva y bullanguera presencia de las y los estudiantes secundarios. El movimiento estudiantil universitario se transformó en una multitudinaria y colectiva acción social y política de la juventud chilena en contra del mercado educativo y contra del sistema político neoliberal. La protesta de los jóvenes al correr de los meses adquirió tintes de rebelión social y política.

La potencia política y social de esta rebelión juvenil y estudiantil con sus masivas marchas, ocupaciones de establecimiento y, sobre todo, con su radical crítica al sistema educativo nacional abrió la estructura oportunidades políticas para que se incorporaran a la rebelión activamente miles y miles de ciudadanos antineoliberales.

En efecto, los ciudadanos “subpolíticos” antineoliberales que desde la instalación del sistema político democrático autoritario han estado trabajando y haciendo política social en los márgenes institucional de él, irrumpieron y se sumaron con sus históricas demandas a la movilización estudiantil, ampliando la base social y política de la rebelión juvenil. De esa forma, la movilización estudiantil en un lapso corto de tiempo se transformó un masivo movimiento social y político ciudadano de orientación anti-neoliberal.[9]

Lo que convoca transversalmente a este movimiento ciudadano antineoliberal es, fundamentalmente, la reposición en la sociedad chilena, en primer lugar y, tal vez, ante todo, el derecho a la educación y, en segundo lugar, la refundación de la política democrática. Ambas cuestiones constituyen demandas radicales que prometen alterar completamente la forma como se ha organizado la sociedad chilena en los últimos 30 años. Es esta condición la que nos permite sostener el carácter de rebelión de la actual movilización ciudadana.

Para el movimiento la reposición política y ciudadana del derecho a la educación es primordial. Por esa razón, considera que dicho derecho debe estar en el centro de las preocupaciones políticas y sociales no solo del Estado, como fue durante el siglo pasado, sino, esencialmente de la sociedad civil, o sea, de las y los ciudadanos.  No se trata de estatizarlo sino de ciudadanizarlo. La ciudadanización de este derecho implica que quienes se hacen cargo de él, son los propios ciudadanos los cuales, de una u otra, de manera colectiva “mandatan” al Estado, a través de un régimen político democrático participativo, hacerse cargo de la operativa que implica su implementación. En esta dimensión el movimiento ciudadano en su vertiente popular se plantea asumir la responsabilidad de la educación en sus propias manos. Este es un punto profundamente innovador de algunos sectores políticos que integran y participan en el movimiento, ante la tradicional y desgastada apelación estatista.

Ahora bien, la demanda por una educación gratuita y social y estatalmente garantizada, evidentemente, debe ser asumida por una nueva forma estatal. Tanto la actual forma estatal neoliberal como el régimen de democracia protegida existente no pueden hacerlo. Como lo han expresado los defensores del neoliberalismo,  la existencia de una educación pública gratuita desde la preescolar hasta la superior es políticamente imposible implementarla, pues sería contrario a todos sus planteamientos políticos y, sobre todo, económicos.[10] La única forma que queda al movimiento es lograr la reestructuración integral del sistema educativo nacional. Ello implica, en otras palabras, el fin del mercado de la educación en Chile.

La demanda por gratuidad esta siendo ampliamente discutida y analizada por los distintos actores políticos y sociales del país. Diversas argumentaciones han sido construidas tanto por aquellos que se le oponen como por los que están a su favor. Sin embrago, la discusión política entorno a este punto tiene inmovilizado tanto al gobierno del Presidente Sebastian Piñera como al movimiento juvenil, estudiantil y ciudadano. Podríamos sostener que el conflicto se encuentra en empate. La posición del gobierno y de los actores políticos y sociales ligados al empresariado del capitalismo académico sostiene que establecer la gratuidad del derecho a la educación es imposible en Chile. El propio presidente Sebastián Piñera ha cerrado completamente esa posibilidad al señalar que Chile no puede ofrecer ese sistema. Pues el gobierno, “no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones. Primero, porque Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta. Pero en segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos”.

            El camino para enfrentar la demanda estudiantil y ciudadana por parte del gobierno de derecha ha sido similar a la seguida por los cuatro gobiernos concertacionistas en el pasado reciente, reforzar la entrega de becas. Y, en ese sentido el anunció de la generación de un sistema de becas que buscara financiar al 40 por ciento de los hogares más pobres del país no más que continuar la misma política pública construida por la dictadura y la concertación. No hay novedad en el ofrecimiento. Lo mismo ocurre con el otorgamiento de créditos para los otros grupos socioeconómicos. El fundamento de esta política se encuentra en las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también planteó que sería injusto entregar educación gratuita para todos los estudiantes y que, además, el país no está en condiciones de cubrir esa demanda.        Esta fundamentación ha sido asumida y respaldada por otros sectores políticos ligados a la Concertación de Partidos Políticos por Democracia como también por algunos sectores de la izquierda nacional. Con la idea de rechazar la gratuidad para todos, incluso para los sectores con mayores ingresos, todos están aceptando que la educación siga siendo “vendida” en el mercado educacional y ésta siga siendo comprada por las y los ciudadanos interesados en obtenerla. Bajo el equivocado principio de que no se debe financiar la educación de aquellos que pueden pagarla, se busca mantener un sistema altamente lucrativo para el capital privado, pero profundamente injusto e incluso inhumando para el resto de los ciudadanos que deben realizar enormes esfuerzos materiales para comprar un titulo profesional.

Establecer la gratuidad de la educación supone terminar con el capitalismo académico, implica en lo sustantivo no la desaparición del sistema privado educativo, pero si su reducción significativa. A nivel de la educación superior universitaria, implicaría, el fortalecimiento de las universidades públicas, específicamente, las estatales. Estas debieran abrir sus puertas a todos los jóvenes que egresen de la Enseñanza Media. Por tanto, abolir los odiosos sistemas de selección y discriminación actualmente existentes. La Universidad de Chile como la Universidad de Santiago de Chile, debieran volverse universidades nacionales dispuestas a recibir jóvenes provenientes de todos los estratos socioeconómicos. Debiera fundarse el Instituto Nacional de Formación Superior Técnica y Profesional, que atendiera a todos aquellos jóvenes interesados en obtener una profesión técnica profesional no universitaria.

Todo este sistema de educación publica-ciudadana debiera ser sostenido por la sociedad civil, o sea, en otras palabras por la ciudadanía, a través de un sistema, no competitivo y lucrativo como el actual, si no de carácter fraternal y solidario. Para tal efecto, los que tienen más deben ayudar a los que tiene menos, para que ello ocurra se requiere de una reforma tributaria profunda que permita obtener los recursos necesarios para financiar un derecho humano que es considerado por todos como fundamental. Por esa razón, ética y política, debe ser rescatado de las manos (in)visibles del mercado capitalista neoliberal.

Por otro lado, debiera también establecerse constitucionalmente que ninguna institución universitaria, media o básica debiera cobrar por ofrecer educación.

Al momento de escribir esta presentación la batalla por la educación sigue su curso, las posiciones de los principales actores sociales y políticos involucrados se mantienen tal como se plantearon hace cinco meses atrás. Sin embargo, la dominación y la hegemonía capitalista neoliberal en Chile ha comenzado agrietarse.

Evidentemente que para superar y transformar la sociedad neoliberal se requieren muchas más grietas. Se necesitan de más y más ciudadanas y ciudadanos en las calles, que estén dispuestos cambiar total y radicalmente las actuales estructuras del poder político, económico y social. En otras palabras, hay que abrir las grandes alamedas no solo para pasen las masivas y lúdicas marchas juveniles sino para darle paso a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer posible el cambio revolucionario ciudadano.

De no producirse esa acción histórica, la batalla por la educación quedara encerrada en los estrechos espacios del conflicto tan propio de las sociedades neoliberales, o sea, entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. Como ya sabemos cuando ello ocurre, el único ganador hasta ahora ha sido el Mercado y el Estado, y la Sociedad Civil, ha sido permanentemente derrotada. Salvo quizás en las sociedades latinoamericanas que han buscado liberarse del mercado o de las decisiones mercantiles estatales como, por ejemplo, la boliviana.

Santiago de Chile, octubre de 2011