Frente a tales desafíos las estrategias gubernamentales se relacionan con la recuperación del espacio público, la movilidad alternativa, el desestimulo al uso del vehículo particular, y la construcción de sistemas de transporte masivo.  En general, los objetivos de política pública buscan mayor eficiencia económica a través de ahorros en tiempos de viaje y costos de operación; protección ambiental entendida como disminución de externalidades ambientales tales como la polución, el nivel de ruido, la vibración, entre otras; seguridad vía disminución de accidentalidad; y áreas metropolitanas habitables que suponen mantener niveles adecuados de calidad de vida, es decir, ciudades socialmente más saludables.

La consecución de estos objetivos se encuentran normativamente orientados por principios tales como la accesibilidad, entendida como la facilidad para acceder al sistema; la sostenibilidad y el equilibrio medioambiental; el desarrollo económico en tanto apoyo a los procesos productivos; y la equidad que distribuye beneficios y costos para todos por igual.

Soportado en este marco de estrategias, objetivos y principios, buena parte de nuestras áreas metropolitanas vienen creando sistemas de transporte masivo que buscan resolver las problemáticas que generan las actuales tendencias referidas al transporte urbano de personas. La principal estrategias ha sido la construcción de sistemas de transporte masivo.  Dentro de las posibilidades de estos sistemas aparece el Bus Rapid Transit (sistema de buses en calzadas exclusivas).

Curitiba en Brasil como experiencia prístina de este modelo, fue seguida por otras áreas metropolitanas latinoamericanas entre las cuales aparecen, hacia finales del milenio, las colombianas. Bogotá (TRANSMILENIO) como primera experiencia en Colombia, marcaría el camino de Pereira (MEGABUS), Cartagena (TRANSCARIBE), Bucaramanga (METROLINEA), Medellín (METROPLUS), Barranquilla (TRANSMETRO) y Cali (MIO).

La Problemática del Transporte Público Urbano en Colombia.

El transporte público urbano en Colombia está definido como un servicio público planificado, regulado y controlado por el Estado. Su prestación permanece principalmente en manos de operadores privados dentro de una economía de mercado, donde la infraestructura necesaria para su operación la financia el Estado en su nivel central como subsidiario del nivel municipal.

La problemática del transporte público urbano en las principales ciudades Colombianas obedece principalmente a causas estructurales referidas a la capacidad institucional y la regulación de los sistemas. Estas causas generan problemas en la oferta de los servicios y problemas en la oferta de infraestructura, lo que a su vez se ve reflejado en impactos negativos sobre el usuario y una serie de externalidades negativas propias de una gestión del transporte deficiente e inadecuada. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Problemática del transporte público urbano en Colombia

 Fuente: DNP.

Estas dos causas estructurales (capacidad institucional deficiente y regulación inadecuada) generan problemas en la oferta de los servicios y problemas en la oferta de infraestructura del transporte público urbano. Los problemas en la oferta de los servicios son la sobreoferta, la operación inadecuada y la utilización de equipos obsoletos. Por su parte los problemas en la oferta de la infraestructura es que ésta es subutilizada, de deficiente calidad, inequitativa e insostenible.

El Marco de referencia de los Sistemas Integrales de Transporte Masivo – SITM. [*] 

La Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo en Colombia surgió como una respuesta del Gobierno Nacional a los problemas relacionados con la operación y los impactos adversos anteriormente caracterizados. Esta política propuso el desarrollo de dos estrategias para solucionar la problemática del transporte urbano en las principales ciudades colombianas. La primera estrategia se aplicaría a Ciudades con una población superior a 600.000 habitantes para las cuales se trabajaría en el desarrollo de sistemas de transporte masivo basados en la experiencia (exitosa) del sistema integral de transporte masivo – SITM – Transmilenio que inició operación en Bogotá en Diciembre del año 2000. La estrategia para las ciudades con menos de 600.000 habitantes consistiría en reorganizar el funcionamiento del transporte público e implantar medidas de gestión de tráfico.

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional del último gobierno (Ley 812 de 2003) estableció quela Nacióncofinanciará el desarrollo de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en el país e igualmente determinó las ciudades en las cuales se realizarían dichos proyectos. Cartagena; Soacha; Bogotá (Corredor troncal Norte Quito Sur – NQS); y las Áreas Metropolitanas de Barranquilla, Centro Occidente (Pereira), Bucaramanga, Valle de Aburrá (Medellín) y Cali serían las ciudades beneficiadas.

Como se sabe la entrada en operación de los proyectos ha sido de forma paulatina. A principios del año 2000 inició operación el sistema integral de transporte masivo de Bogotá, luego en agosto del año 2006 entró a operar el SITM de Pereira y en el año 2008 entra en servicio el SITM de Cali. Para diciembre de 2009 entró a operar Bucaramanga, y en el segundo trimestre del año pasado inició operaciones el SITM de Barranquilla y el de Soacha, seguido en el tercer trimestre por el de Valle de Aburrá y hacia finales del año 2010 operará el SITM de Cartagena.

Para apoyar la etapa de implementación de los sistemas integrados de transporte masivo y de acuerdo con lo señalado en el crédito de Empréstito 7231-CO suscrito específicamente con el Banco Mundial, se conformó un grupo interno de trabajo adscrito al despacho del Viceministro de Transporte para apoyar los proyectos SITM del país cofinanciados porla Nación. Estegrupo realiza seguimiento y apoyo a los procesos de implementación de los sistemas masivos de transporte, específicamente en el área administrativa, financiera y contable; de obras y adquisiciones; de gestión social en reasentamientos; de comunicaciones; de gestión ambiental; y de seguimiento del proyecto. 

Este seguimiento se realiza con el objeto de que las entidades gestoras de cada área metropolitana que son empresas industriales y comerciales del orden público constituidas en cada ciudad con la importante tarea de implantar, planear, y controlar el SITM en el área determinada, realicen las actividades contractuales cumpliendo con las exigencias dela Banca Multilateralincentivando la generación de capacidades institucionales para su sostenibilidad y operación.

Uno de los actores principales del proceso son dichas entidades gestoras de los SITM, definidas en el documento de política número 3260 de 2003 del  Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) como los organismos encargados de planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la operación de los SITM en cada municipio, distrito o área metropolitana, así como de asegurar un excelente servicio de transporte masivo al usuario.

 Esquema 1. Relaciones Interinstitucional generadas en el desarrollo de la Política Pública Nacional de Transporte

Fuente: Ministerio de Transporte. (Documento Banco Mundial, en línea).

La inversión de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia asciende a la suma de US$ 5.052 millones de dólares de los cuales la Nación financia alrededor del 70% que equivale a US$3.061 millones de dólares y los entes territoriales (áreas metropolitanas) aportan aproximadamente US$1.990 millones de dólares.

Con el fin de garantizar los aportes dela Naciónen la cofinanciación, el Gobierno Nacional definió como alternativa adelantar operaciones de crédito con organismos multilaterales. En desarrollo de lo anterior,la Naciónrepresentada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación – DNP suscribió los contratos de empréstito No. 1659/OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); No. 7231-C con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus respectivos adicionales No. 7457-CO y No. 7739-CO; y el ya referenciado No. 7231-CO suscrito específicamente con el Banco Mundial.

Los determinantes en la implementación de los SITM en las ciudades Colombianas

Dentro de los principales determinantes de la implementación de SITM en las Ciudades colombianas encontramos tres aspectos que fundamentalmente condicionaron la decisión por el Bus Rapit Transit con tecnología de plataforma alta.[1] El primero de ellos corresponde a un clásico ejercicio de transferencia de política pública del centro a la periferia. El segundo corresponde a aspectos de orden financiero y el tercero se relaciona con intereses de orden económico.

En relación al primero como se pudo ver en el aparte inmediatamente anterior, la decisión que llevó a implementar sistemas de transporte masivo en las ciudades de Colombia no se adelantó en el plano local de dichas Ciudades o Áreas Metropolitanas, sino que se estableció como estrategia a imitar en la medida en que había sido exitosa en Bogotá, por lo tanto susceptible de externalizarse a las demás Ciudades del país, claro está, sin tener en cuenta la diferencia de contextos y necesidades del transporte público en las demás Ciudades.

[…] Personalmente estoy convencido que las políticas que llevaron a introducir este tipo de Sistema en Colombia ha sido una política estatal impulsada desde el gobierno nacional, incluyendo el actual gobierno de Uribe, donde no se ha tenido en cuenta las necesidades del transporte masivo en el país. […] (Entrevista No. 1).[2]

El segundo de los determinantes, el de orden financiero, corresponde a la pregunta de ¿quién financiaría la implementación de estos sistemas?. Nuevamente los condicionantes del tipo de sistema implementado aparecen del centro hacia la periferia. La nación o mejor el Estado en su nivel central al financiar el 70% de las inversiones claramente determinaba que sistema instaurar. Las ciudades colombianas poco peso tuvieron en esta decisión al ser cofinanciantes de un escaso 30%.

[…] el sistema como tal, la financiación del proyecto en la infraestructura es 70/30 en donde el gobierno nacional da el 70% y el gobierno municipal el 30%; esto es para el 100% de la construcción de la infraestructura, este es un esfuerzo del sector público o gobierno nacional. […] (Entrevista No. 2).[3]

De la mano de este determinante de orden financiero aparece un tercer determinante de orden económico que a nuestro parecer tuvo el mayor peso en la decisión. Los intereses económicos de los proveedores del sistema influyeron de manera contundente en la decisión. La inversión de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia se estimaba inicialmente en US$ 5.052 millones de dólares. No siendo ésta una cuantía menor, despierta el interés de firmas proveedoras que no consideraron tecnologías alternativas mucho más módicas que la del Bus Rapit Transit con plataforma alta.

[…] Yo estoy convencido que lo más importante era el elevado gasto público que permitiría a un escaso número de proveedores de este Sistema elevadas ganancias. Detrás de la decisión están los que producen los buses de plataforma alta, los constructores que producen la infraestructura de carriles exclusivos, estaciones de plataforma elevada y demás. Con todo esto ganan mucho dinero, desinteresándoles la calidad del Sistema desde el punto de vista del pasajero.[…] (Entrevista 1).

SITM con plataforma alta: ¿La mejor solución para el transporte urbano en las áreas metropolitanas de Colombia?

A pesar de que coincidimos con los diagnósticos realizados por las principales autoridades del transporte público de pasajeros en Colombia, diferimos con la respuesta única dada a la problemática del transporte en las principales ciudades colombianas.

El sistema tipo Bus Rapit Transit con tecnología de plataforma alta no fue la decisión más acertada para las necesidades del transporte urbano de las principales ciudades colombianas, en tanto no era la propuesta más eficaz. Las autoridades locales desafortunadamente tuvieron muy poco que ver en la decisión de esta tecnología.

Mientras se alcanzan las metas propuestas por los SITM en Colombia, se deberán realizar ajustes de cara a mejorar los actuales problemas en la operación de dichos sistemas. Una de las alternativas para corregir dichas problemáticas deberá considerar la propuesta de complementar los actuales sistemas con tecnología de plataforma baja. Si se aprovechan las ventajas de esta tecnología pueden llegar a subsanarse problemas de estructuración y articulación de rutas que llevará a una mayor cobertura territorial, inclusive, superior a la esperada y por supuesto al crecimiento de la demanda del actual de cada uno de los sistemas.

El Bus Rapid Transit con tecnología de plataforma baja es un sistema cuyos beneficios ya han sido probados en muchas ciudades del mundo entero. Las ciudades colombianas, desafortunadamente no pueden echar marcha atrás con la infraestructura que adecuaron bajo la tecnología de plataforma alta. Sin embargo, si puede llegar a complementar la actual infraestructura con la tecnología de plataforma baja.

El argumento más poderoso a favor de esta última tecnología paradójicamente es recogido por los propios documentos oficiales que califican la construcción de nueva infraestructura como insostenible en el largo plazo. Las propias autoridades nacionales reconocen que dicha nueva infraestructura implica unos costos de inversión enormes frente a la limitada capacidad de pago de los municipios, así mismo, la velocidad de construcción de estas obras no es consistente con el ritmo de crecimiento del número de vehículos que ingresan en el sistema, lo cual representa una importante carga financiera para las ciudades profundizando mucho más sus restricciones fiscales.

Considerar entonces la tecnología de plataforma baja además de coadyuvar a subsanar las actuales problemáticas de operación de los SITM en Colombia, puede llegar a materializar un ahorro de escasos recursos públicos, permitiendo alcanzar mayores niveles de eficiencia convirtiendo a nuestras ciudades, quizás, en las primeras áreas metropolitanas de Latinoamérica con un sistema de tecnología híbrida que responda de la manera más adecuada posible al conjunto de necesidades de sus habitantes.

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[1] Los tres determinantes explicativos de la decisión que llevó a implementar Sistemas Integrales de Transporte Masivo tipo Bus Rapit Transit con tecnología de plataforma alta en las principales ciudades colombianas, se construyeron a partir de dos testimonios aportados por expertos. Dichos testimonios recogidos a través de entrevistas semiestructuradas fueron contrastados extrayéndose de ellos algunos apartes importantes los cuales aparecen referenciados en el texto a continuación.

[2] Entrevista No. 1 realizada el 11 de Marzo de 2010 al Profesor Rolf Möller dela Facultad de Ingeniería dela Universidad del Valle.

[3] Entrevista No. 2 realizada el 12 de Marzo de 2010 al Ingeniero Yesid Tello actual Jefe de Operaciones del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

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Esta orientación destinada a “disciplinar” al movimiento popular es parte de una estrategia integral del Estado argentino que puede seguirse en diferentes instrumentos jurídicos, entre ellos en la Ley de Entidades Financieras, el régimen previsional vigente y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La legislación financiera data de 1977, tiempo de ejercicio pleno del terrorismo de Estado bajo la dictadura genocida. Según su mentor, el Ministro de Economía (1976/1981) José Alfredo Martínez de Hoz, esa legislación se constituyó en el “instrumento más revolucionario de su gestión”. Mediante esa ley se habilitó el camino de la concentración y centralización financiera y económica que facilitó la extranjerización de la economía y la subordinación del orden local a las necesidades de la transnacionalización capitalista. Fue un mecanismo de fomento de la dependencia y subordinación al orden mundial, siendo el mecanismo jurídico de constitución de un orden económico disciplinado al poder mundial. A 35 años de entonces ya conocemos el resultado en términos de pérdidas de ingresos de los trabajadores y otros sectores populares, de flexibilización laboral y de menoscabos de derechos sociales y laborales, todo lo que incidió en deteriorar la capacidad de resistencia del movimiento de trabajadores. Toda una estrategia para disciplinar al movimiento obrero y popular.

Modificar el régimen previsional en 1994 fue el camino de la privatización de las pensiones y jubilaciones, toda una estafa a favor de la banca transnacional que operó hasta la re estatización de 2009. Fueron 15 años de brutal transferencia de ingresos previsionales, de aportes de los trabajadores al capital más concentrado que operó desde las AFJP y sus propietarios. El resultado se manifiesta como un achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales, donde más del 70% de los perceptores de ingresos por pensión y jubilación reciben la mínima, en valores muy alejados de la cobertura de la canasta necesaria que reclama el movimiento de trabajadores jubilados y la CTA. En la actualidad, pese a los dos ajustes anuales, el régimen previsional condena a la miseria a la mayoría de los jubilados y pensionados intentando disciplinarlos y conformarlos con ajustes que no resuelven la demanda histórica de percibir el 82% del salario de los trabajadores activos. Las reformas previsionales han pretendido disciplinar a los trabajadores y así como ahora en Europa se pretende bajar los ingresos de los pasivos, la política económica de los 90 y en la actualidad supone la subordinación y el disciplinamiento de la población trabajadora a ingresos previsionales de subsistencia.

En materia de responsabilidad fiscal, el régimen vigente sancionado en agosto del 2004, apuntaba a darle viabilidad a los acuerdos en proceso con el FMI. Era una estrategia a dos puntas, satisfaciendo las demandas del organismo internacional y a disciplinar la capacidad de gasto de las provincias en Argentina, entre otras cuestiones, en lo relativo a empleo y a endeudamiento público. Más allá de las confrontaciones y cancelaciones de deuda pública con el FMI, la legislación siguió vigente, flexibilizada en 2009 y 2010 por imperio de la desaceleración económica asociada a la crisis mundial. Es un mecanismo de disciplina fiscal para controlar el gasto, el endeudamiento de las provincias, y de éstas con sus municipios. Salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y San Luís; los 21 Estados provinciales y el nacional están sometidos a las disposiciones legales de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del órgano competente que preside el Ministro de Economía. Recordemos el espíritu original emanado del FMI para disciplinar al país y de éste para con las provincias, lo que supone anteponer juridicidad a cualquier reclamo de mejora en los ingresos de los trabajadores estatales, o de cualquier gasto público que demande la sociedad. A los trabajadores judiciales se nos niega el derecho a discutir paritarias y a recuperar el sistema de porcentualidad de salarios, que derogó Menem y Cavallo  y que hasta la fecha consagran remuneraciones de privilegio en la justicia argentina, mientras a los trabajadores nos degradan el salario, imponiéndonos el pago del impuesto a las ganancias.

¡No! Los trabajadores percibimos salario, los empresarios ganancias.

Son todos ejemplos de cómo el Estado influido por las clases dominantes intenta por distintos mecanismos el control y disciplina de la sociedad, para así asegurar la reproducción del régimen desde la obtención de las ganancias, su acumulación para acrecentar el capital, y así favorecer la dominación capitalista reproduciendo la explotación del hombre por el hombre.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

Matias Fachal                                                                              Víctor Mendibil

Secretario de Prensa                                                                     Secretario General

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El pasado 12 de agosto (¡exactamente 2 meses antes de “destrabarse” la ratificación de los Acuerdos de Promoción Comercial – antes denominados TLCs con Colombia, Panamá y Corea del Sur en el Congreso de los Estados Unidos!), C. Fred Bergsten, director del Instituto Peterson para la Economía Internacional, realizó una intervención titulada: “Los Estados Unidos en la Economía Mundial”.

La presentación era parte de una serie de conferencias sobre temas “de actualidad” que anualmente patrocina la Institución Chautauqua a lo largo de una temporada de nueve semanas en las orillas del lago que lleva su mismo nombre, en la ciudad Nueva York[1].

El discurso pronunciado por Bergsten cuestionaba con un tono muy característico, las actitudes tanto del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama como del Partido Republicano en el Congreso usamericano, en lo que él consideraba un persistente desdén por parte de ambos frente a los asuntos estratégicos del comercio internacional de ese país.

En opinión de Bergsten, esta “indiferencia” le estaría acarreando a los Estados Unidos perder “una gran oportunidad para crear empleos”, un problema que – sabemos – se torna cada vez más preocupante para la gran mayoría de los países “desarrollados” y que se agrava aún más con las llamadas “crisis de las deudas soberanas”. Bergsten sugería la necesidad de avanzar inmediatamente en este terreno a partir de una tríada de medidas prácticas de las cuales se obtendrían resultados muy rápidos.

Lo que podría ser interpretado como una anecdótica conferencia dentro de las miles que seguramente se vienen realizando sobre estos temas en la primera potencia mundial – y, especialmente, por esta época de crisis capitalista -, contiene sin embargo aspectos que ilustran las perspectivas hoy disponibles desde los principales centros hegemónicos del poder frente a los desafíos y reconfiguraciones que se vienen experimentando en la economía política actual, tanto en el espacio específicamente usamericano como en otros ámbitos más generales a nivel planetario.

El discurso, en su forma y contenido, llama la atención por varias razones.

Como primera medida, respecto a su lugar de enunciación. Bergsten – lo decíamos – ha sido el director del Instituto Peterson para la Economía Internacional desde 1981 (año de su creación) y hasta el día de hoy.

Este centro de investigaciones es ampliamente reconocido como “el think-tank (tanque de pensamiento) más influyente en el mundo”. Ciertamente, las “visiones” y dictámenes ofrecidos desde allí han sido histórica y sistemáticamente acogidos por las autoridades responsables en materia de política económica (fundamentalmente respecto a los aspectos internacionales) en los Estados Unidos durante – por lo menos – las tres últimas décadas.

Bastaría recordar que entre el staff de investigadores se encuentran figuras académicas que trabajan en varias de las más “prestigiosas” universidades de los Estados Unidos y su equipo permanente, en algún momento y la mayoría de veces en simultáneo, estrecha vínculos carnales con los principales organismos gubernamentales, estatales y multilaterales con sede en Washington – empezando por la Presidencia de la República – y también con el complejo circuito de lobby alrededor de Wall Street. No obstante, entre todos ellos, sobresale especialmente uno: John Williamson, economista que desde hace un par de décadas saltó a la fama por dar a luz el Consenso de Washington. De hecho, el Instituto para la Economía Internacional fue la institución “responsable” de organizar durante 1989 las conferencias en las cuales el tristemente célebre Consenso tuvo lugar y, tiempo después, sus sucesivas “versiones”[2]. Esta breve reseña ya pone en perspectiva sobre quiénes estamos hablando y las “nuevas” fórmulas que intentan promocionar.

El texto del discurso – en segundo término – inicia resumiendo la situación actual de la economía usamericana. Bergsten advierte, entre otras cosas, que los Estados Unidos importa hoy la mitad del petróleo que requiere su economía; casi la mitad de los balances contables de las 500 primeras compañías usamericanas se derivan de operaciones internacionales[3]; la mayoría de la deuda del gobierno pertenece a los inversores extranjeros, capital que – según Bergsten – financia buena parte de la inversión doméstica requerida para mantener un crecimiento económico “decente” y gracias al déficit comercial registrado por ese país durante más de 30 años, los Estados Unidos hoy es el primer deudor mundial: posee una deuda externa bruta total de aproximadamente U$23 trillones – la mayoría en manos de China, Rusia y varios países del Medio Oriente, precisamente (¡qué casualidad!) los principales exportadores de petróleo – y pide préstamos al mundo del orden de U$500 billones anuales.

Subrayaba además el deterioro de la importancia económica de los Estados Unidos en términos mundiales, la cual viene literalmente en picada. Desde la Segunda Guerra Mundial la economía usamericana aportaba 50% al PIB mundial mientras que en este momento significa no más del 20% (Septiembre de 2011), sin contar el estancamiento de los salarios promedio por más “de una generación” y que la distribución del ingreso tiende cada vez más a empeorar. Desde luego, el panorama presentado, de ninguna manera, es halagador.

Para Bergsten, la situación de “crisis profunda” en la que se encuentra la economía usamericana, sin embargo puede ser revertida: lejos de modificar el rumbo de las decisiones hasta ahora adoptadas y que, según varios analistas en su mismo país, son las mismas que han acelerado las contradicciones económico políticas que se extienden globalmente – de lo que se trata ahora es profundizar – hasta sus últimas consecuencias – el “modelo de desarrollo” vigente (término con el cual eufemísticamente se denomina a las estrategias de expansión imperial en el capitalismo contemporáneo) y, en particular, aquel que ha rendido grandes beneficios para los capitales usamericanos: la globalización.

A pesar de los problemas por los que atravesaría la economía usamericana, el balance en este sentido explica consistentemente esta apuesta: “Los Estados Unidos han ganado enormemente con esta globalización. Nuestro país – dice Bergsten –cada año es mucho más rico en más de U$1 trillón gracias a la integración comercial. Esto equivale aproximadamente al 10% de toda nuestra renta nacional y más de U$10.000 por hogar. Se acumulan ventajas adicionales con la globalización financiera que ha acompañado los crecientes flujos comerciales (subrayo) [Nota: los “beneficios adicionales” podrían añadir otros U$0.5 trillones al cálculo]. Lo anterior por el lado de las ganancias.

Mientras tanto las pérdidas (“costos” en términos de Bergsten) de la globalización para los Estados Unidos resultan ser bastante diferentes: “Cerca de medio millón de trabajadores (de una fuerza laboral total de 150 millones) pierden su trabajo anualmente, la mayoría por períodos temporales, como resultado del incremento en las importaciones. Algunos tienen que aceptar empleos con bajos salarios en el largo plazo, sufriendo una pérdida en ingresos durante toda su vida. Esos efectos totalizan aproximadamente U$50 billones por año, un monto sustancial en términos absolutos pero sólo un vigésimo de la rentabilidad anual fruto de la globalización…” (resalto y subrayo). Lo anterior no podría ser más expresivo del deplorable y cínico estilo usamericano que impera en asuntos como éstos pues ¡los negocios son los negocios!

La “globalización” – la cual puede ser de diferentes tipos, dimensiones y magnitudes – a la que se refiere aquí y adula hasta el paroxismo Bergsten es evidentemente aquella que favorece en exclusiva los intereses de los capitales usamericanos, es decir, la globalización de carácter neoliberal la cual, en estos momentos, en su concepto, debería avanzar hacia su fase superior: el Libre Comercio (total). Con este objetivo, los Estados Unidos deben insistir en una “gran campaña” – aún más agresiva de la que se ha visto hasta el momento, parece sugerir – para continuar “negociando” y ampliando nuevos Tratados de Libre Comercio, bilaterales o plurilaterales (como el “Acuerdo P4” o Transpacífico (TPP) que vincula Asia y América)[4].

Incluso, Bergsten en su tríada de “soluciones” anima a que, además de los TLCs, el mejor mecanismo para consolidar definitivamente el modelo usamericano de “crecimiento basado en las exportaciones” y la mejor forma para asegurar los mercados mundiales sería lograr un Tratado de Libre Comercio Global que reemplace (o reviva) la Ronda de Doha, la cual – en su opinión – ha sido un total fracaso después de una década de “esfuerzos en las negociaciones”. En estas tentativas propone la “utilización” de las instituciones económicas internacionales como el FMI y la OMC.

Quedaría hacer una observación clave también aludida en el discurso de Bergsten. No se ha recalcado suficientemente que estos “Tratados” por más que aludan al “Libre Comercio”, desde luego una realidad completamente inexistente pues en la práctica se trata de negocios de poderosos monopolios transnacionales, tampoco lo sean estrictamente de “comercio”. Este componente sólo representa una mínima porción de lo que se negocia en ellos. Se trata mejor de Acuerdos de liberalización de inversiones en los cuales los servicios (especialmente financieros; las compras estatales, los derechos de propiedad, etc.) tienen un significado muy estratégico[5].

Lo anterior responde a que los Tratados, recordemos, diseñados a la medida de las pretensiones usamericanas, reproducen las mismas estructuras productiva y de intereses que actualmente existen en los Estados Unidos después de las transformaciones sufridas en ese país desde la década de los 80s. Hoy por hoy el sector manufacturero usamericano representa a lo sumo el 10% de la economía mientras que la Agricultura no más del 1% y los Servicios (sobre todo, los financieros) más del 80%. Este último sector provee el 25% de los empleos y ha crecido los últimos treinta años a tasas del 30% y con salarios 10% superiores a los de la manufactura.

Bergsten sugiere precisamente que los “esfuerzos internacionales” de los Estados Unidos deben enfocarse y apuntar hacia allá, máxime cuando en áreas como América Latina y el Caribe y en las llamadas economías emergentes, la legislación en estos aspectos no se encuentra “acondicionada” (o desregulada) lo cual supone una gran oportunidad para la “apertura de los mercados”.

Sin embargo, las barreras establecidas por los gobiernos europeos para limitar los flujos migratorios y evitar que, con excusas académicas, los latinoamericanos se establezcan permanentemente en sus territorios –así como el costo que implica para las monedas de América Latina ser convertidas en euros y subvencionar el precio de los estudios, el trayecto trasatlántico y el mantenimiento diario de una persona que, generalmente, no tendrá permiso para trabajar legalmente-, obligan a pensar en opciones diferentes que satisfagan adecuadamente las demandas formativas y culturales de los jóvenes –y no tan jóvenes- estudiantes.

Las nuevas opciones necesitan cumplir tres requisitos principales. En primer lugar, los centros académicos deben ser espacios de calidad, deben contar con reconocimiento internacional y deben estar constituidos por grupos de investigación consolidados. En segundo lugar, los precios de los estudios deben ser razonables y ajustados al poder adquisitivo de los demandantes. Por último, las condiciones de acogida de los estudiantes deben permitirles realizar una vida “normal” (tener un trabajo, ser sujeto de derechos, ser incluidos socialmente, contar con una tramitación rápida, justificada y adecuada de los permisos de estancia, etc.).

La mirada antes dirigida a Europa, hoy bajo una crisis que ha obligado a reducir los presupuestos de universidades públicas, a bajar las ayudas a la investigación, a disminuir las plantillas de profesores y a encarecer los precios públicos de los programas de postgrado –cuyos costos por crédito para ciudadanos no comunitarios son casi tres veces más caros que para un nacional europeo-, debe cambiar de orientación y mantenerse o encaminarse hacia la región latinoamericana.

En primer lugar porque la oferta académica de programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados ya ha madurado lo suficiente y tanto los grupos de investigación como las universidades han comenzado a posicionar sus propuestas científicas en las discusiones internacionales. Asimismo, los centros educativos han recibido múltiples reconocimientos a sus actividades de divulgación y se han puesto en marcha procesos de acreditación de excelencia, que muchas universidades y programas en Europa aún no tienen. Los estudios universitarios en centros reconocidos latinoamericanos no tienen nada que envidiarle a los programas del viejo continente.

En segundo lugar, los precios de los estudios, a pesar de ser comparativamente altos en algunos lugares como en Colombia y Chile y en el conjunto de universidades privadas de la región, siguen siendo más baratos que lo que implica un desplazamiento y un mantenimiento transoceánico. Asimismo, el costo de la vida en los países suramericanos es, comparativamente, mucho más económico que en Europa y el mantenimiento del estudiante es así mucho más fácil.

En tercer lugar, las condiciones de tratamiento humano (visados, permisos de trabajo, integración social, inscripción a servicios de salud y, sobre todo, la poca discriminación o la baja dosis de racismo frente al inmigrante) aseguran que el estudiante pueda desarrollar una vida más cercana a la que está acostumbrado a llevar en su país de origen.

La mirada puesta en el Sur obliga a repensar el sentido educativo hacia la búsqueda de alternativas a problemáticas propias desde estudios propios. Vale la pena destacar los esfuerzos que Argentina y Brasil, principalmente, realizan en materia de educación superior. Asimismo, en Colombia, a pesar de los altos costos que implica realizar estudios superiores, se cuenta con varias universidades de excelencia que lideran programas académicos sobresalientes.

Los programas de Maestrías en Colombia, así como en gran parte de América Latina, implican un trabajo muy serio que responde a estudios estratégicos de unidades académicas o a procesos de investigación consolidados. La oferta amplia y completa –una gran herramienta para ubicar fácilmente programas de postgrado en Colombia puede encontrarse en el portal EducaEdu Colombia- garantiza también la posibilidad de diversificación de los perfiles profesionales o investigativos.

La recomendable mirada al Sur para la continuación –o el inicio- de la formación universitaria responde también al cambio que se vive hoy en el mundo. Una perspectiva regional, nacional, latinoamericana, que ubique y enaltezca los referentes académicos propios es necesaria para continuar con el proceso de acelerar en las vías del desarrollo.

Sólo nos resta creérnoslo…

El discurso de lo que pasa en Cataluña empieza a verse en cada uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma y en la mayoría de las farmacias y centros de salud de las poblaciones menores. La reducción de los servicios de urgencias, la disminución de las camas de atención a los pacientes, el cobro –como si fueran hoteles- de las noches que pasa un acompañante con los enfermos o la ausencia de prestación de servicios de atención nocturna para el caso de las farmacias, son símbolos claros del desmonte de un sistema de salud caracterizado anteriormente por su fortaleza y su profesionalidad. Los discursos y primeros síntomas, se encuentran acompañados, como no, de un incremento de la opinión pública –manipulada por intereses económicos- en favor de sistemas que, como el copago y el fortalecimiento del servicio de entidades particulares de salud –que en España se conocen como Mutuas-, premian al sector privado y debilitan a un sector público estigmatizado como una carga excesiva para las arcas en crisis del Estado.

La lección aprendida de Colombia, cuya Ley 100 transformó todos los servicios de salud del país en el marco del decálogo del Consenso de Washington, y de otros países de América Latina, ha demostrado con creces la paulatina eliminación del sistema de salud pública en beneficio de instituciones privadas que, como el caso colombiano de mutuas -Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Coomeva, Famisanar, Colmédica y algunas otras-, arrojan dos escenarios completamente sombríos. El primero, tal y como ha quedado claro en el debate entre los dos modelos que se disputan la presidencia de gobierno en España, define un desplazamiento hacia el sector privado de los enfermos baratos, cubiertos bajo el famoso Plan Obligatorio de Salud (POS), y por el contrario, un envío de los enfermos caros al sistema de salud estatal o a entidades privadas bajo cuotas mucho más altas.

El segundo escenario, como quedó absolutamente claro en el panorama colombiano a partir del destape del escándalo de la salud[i], es el envío de dineros públicos a entidades privadas que, aparte de jugar con la regulación de sus servicios (los enfermos caros), establecen, por una parte, monopolios asociados a los servicios de salud (artículos para hospitales, transporte de emergencias, lavandería e incluso hasta educación superior asociada a los profesionales de la salud), y, por otra, un sistema de beneficios financieros inmensos –otro de los puntos del decálogo de Washington- que, ayudados por sistemas de corrupción política –tal y como ha pasado en Valencia, Andalucía, Canarias o Galicia, por citar sólo las cuatro principales comunidades autónomas implicadas en casos de corrupción- han enriquecido a particulares a costa de un dinero que antes ayudaba al mantenimiento del sistema sanitario español que, vale decir, goza de un excelente prestigio internacional y sus profesionales han recibido llamados, con el agregado de estabilidad, de sistemas de salud como el británico[ii].

La washingtonización de la economía española ha copiado casi exactamente, 20 años más tarde, las recetas que terminaron de abrir las venas de un país que, como Colombia, perdía en cada una de las propuestas formuladas por el Consenso. En la historia reciente de España es muy fácil encontrar la intencionalidad manifiesta de las “Instrucciones de Crecimiento” impulsadas por Estados Unidos, entonces, y por los países de la primera velocidad europea -Francia y Alemania-, ahora. En directa conexión con el tema expuesto de la salud –que también implica la revisión de las pensiones[iii] y la disminución de los presupuestos de la educación pública[iv]-, se enmarca la reforma constitucional realizada en el mes de agosto en la cual se adopta tanto la disciplina fiscal como la reordenación de las prioridades del gasto, tal y como ha pasado con la salud y la educación.

Aunque quizás, lo que más ha impactado a la economía española a partir de su entrada en el sistema económico de la Comunidad Europea es la desaparición del parque empresarial español, tal y como pasó en Colombia en la década del noventa tras la apertura económica conducida por César Gaviria quien le dio la “bienvenida al futuro” al país. Empresas como Endesa, Iberia o Seat, antiguas entidades estatales españolas han sido absorbidas por capitales internacionales de los países de la primera velocidad europea, transformando, como en Colombia, todo el –incipiente- sector industrial en entidades de comercialización de productos cuyos beneficios se van a manos extranjeras. Hoy incluso los productos chinos, que aprovechan muy bien la liberalización del comercio internacional (otro de los puntos del Consenso), se venden mucho más que los productos españoles e incluso los antiguos bares de tapas son ahora administrados por comerciantes del gigante asiático.

El caso de España demuestra, una vez más, que la historia de los países no deja de repetirse en diferentes contextos. El caso colombiano, pero sobre todo el argentino, deberían ser demostraciones de la historia para países que, como España, empiezan a asumir sin vergüenza todas las recetas de un ya fracasado Consenso de Washington. Afortunada y curiosamente, en el mismo periódico del partido que gobierna en Cataluña, en el que apareció la desafortunada visión de la salud como un bien privado, se empiezan a perfilar actitudes que llaman a una salida de la crisis desde una forma alternativa.

El caso de la economía argentina, que en el 2001 suspendió el pago de 95.000 millones de dólares de deuda externa y abandonó el vínculo con el dólar, ha demostrado que ir en contravía del Consenso no hace emerger el caos. Al contrario, en los últimos diez años, según un informe del Centro de Investigación sobre Política Económica –cuya sede, curiosamente se encuentra en Washington- el país ha crecido el 94%, dos veces más que Brasil. De hecho el país latinoamericano ha reducido el número de pobres, ha reducido la tasa de desigualdad y ha recuperado el nivel del PIB que tenía antes de la crisis de finales de siglo. Quizás por salirse de la vía de Washington Argentina no sale en los diarios tanto como Brasil… pero quizás también por eso mismo la naturaleza acaba de premiarla –o castigarla- con petróleo.

La sociedad neoliberal chilena, la más consolidada de la región latinioamericana, ha sido remecida durante los últimos meses por un levantamiento generalizado de las y los jóvenes estudiantes tanto secundarios como universitarios desde la nortina ciudad de Arica hasta la austral Punta Arenas. Cientos de miles de jóvenes se han “tomado” (ocupado) las escuelas, las universidades y, sobre todo, las calles exigiendo y demandando a las autoridades gubernamentales, a la clase política parlamentaria, a los partidos políticos, o sea, a todos los actores que han monopolizado la política durante los últimos 21 años de régimen democrático autoritario electoral, el fin de la educación de mercado. Sin embargo, esta demanda no es solo una exigencia estudiantil al Estado o al régimen político, sino también, lo es para la propia ciudadanía nacional; en otras palabras, la movilización estudiantil exige y demanda la participación activa de la sociedad civil. En ese sentido, el levantamiento juvenil, estudiantil y ciudadano ha tenido la capacidad de convulsionar la “pax política neoliberal” establecida por las clases dominantes, los dirigencias políticas como por las ciudadanías neoliberales a lo largo de las últimas dos décadas en Chile.

La movilización social y política de las y los estudiantes universitarios chilenos se inscribe en una larga lucha en contra de la mercantilización de uno de los derechos humanos y sociales fundamentales, el derecho a la educación. Esta lucha que se inició en los años ochenta del siglo pasado cuando la dictadura militar entregó dicho derecho a las fuerzas del mercado, es decir, a la iniciativa privada del capital e impuso a las y los ciudadanos nacionales, la “obligación” de comprar educación, en el naciente mercado de la educación.

En aquellos años la vasta protesta estudiantil en contra de esas imposiciones se entrelazó con las masivas movilizaciones sociales y políticas por la democracia y el fin de la dictadura. La demanda estudiantil sectorial como tantas otras, ingreso a la gran “bolsa de demandas ciudadanas” que la dirigencia política conceptualizo como la: “deuda social” legada por el dictadura a la democracia. El movimiento estudiantil ochentero reclamaba, el fin de la mercantilización de la educación nacional universitaria y secundaria, la democratización efectiva de las universidades y su gratuidad. Todo lo cual implicaba la reposición del derecho a la educación en la sociedad chilena y el reconocimiento efectivo por el Estado. Al interior de las reivindicaciones del movimiento estudiantil consideraba, la demanda de  la condonación o el fin de las deudas contraídas por los estudiantes a través del sistema de crédito fiscal o universitario establecido por la dictadura y administrado por las Universidades. Este sistema crediticio había transformado las “becas de estudio” tanto las “académicas” como las socioeconómicas, desde 1981/2 en créditos, el cual los estudiantes debían devolver una vez egresados de la Universidad. Muchos de las y los estudiantes de los ochentas siguen siendo hasta el día de hoy deudores del sistema.

Los gobiernos concertacionistas (1990-2010), democráticos y, supuestamente, antineoliberales, a través de un pacto político con los neoliberales autoritarios, hicieron viable la transición desde la dictadura al régimen autoritario electoral actual, mantuvieron y profundizaron la mercantilización de la educación nacional completando de esa manera la destrucción del derecho a la educación iniciado por la dictadura militar. A lo largo de estos años el movimiento estudiantil se movilizó por restaurar ese derecho como para mejorar su condición de estudiantes clientes.[1] La respuesta gubernamental fue, por un lado, represión policial, la cual costo la vida de un estudiante universitario en los años noventa. Y, por otro, la ampliación de un precarizado sistema de becas y, diversas modalidades de sistemas de créditos para “ayudar” a los estudiantes a pagar por su educación.

Bajo el amparo institucional de los gobiernos concertacionistas el capitalismo académico se desplegó a todo su ancho por la República instalando cerca de 40 universidades privadas y varias decenas de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Transformando a las universidades estatales (Universidad de Chile, Universidad de Santiago como a las universidades regionales) en empresas capitalistas académicas: directamente financiadas por los estudiantes y sus familias con escasos aportes del Estado. La lógica empresarial capitalista (autosustentable) como la mercantil (vender formación académica y profesional como también servicios) transformó a la educación superior en una de las “industrias emergentes” más lucrativas y rentables de la sociedad neoliberal chilena.[2]

La expansión de esta particular y específica empresa capitalista ha sido vertiginosa, amplia y arrolladora extendiéndose por todo el país, involucrando a cientos de miles de estudiantes, profesores, académicos, profesionales, trabajadores, etcétera. La cobertura, por ejemplo, o sea, el número de clientes atendidos aumentó, entre el año 2006 y 2010, en un 100%. Actualmente, el sistema educativo superior concentra cerca de un millón de estudiantes-clientes. Las utilidades obtenidas por la mayoría de las empresas-universitarias han sido millonarias. En un cálculo muy simple y básico, tan solo como botón de muestra, si cada uno de los estudiantes en el sistema, paga por adquirir un titulo profesional, en promedio, aproximadamente 300 dólares mensuales, estamos diciendo que el sistema reporta más o menos 300 millones dólares mensuales y, por ende, 3 mil millones de dólares anuales.[3] Tan solo por concepto de aranceles. El capitalismo académico es, sin mucha discusión, altamente rentable para todos los que participan en el sistema. De acuerdo a una información periodística, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la mayoría de las universidades públicas como las privadas obtuvieron utilidades durante el año 2009.[4]

Son estas cifras lo que explica la acérrima defensa de este lucrativo mercado por parte del emergente “empresariado académico” nacional. Este, está conformado por una extensa red social y política, en la cual participan distintos grupos económicos empresariales y sociales  tanto nacionales como internacionales. A los cuales se han incorporado de manera activa la “clase política y dirigente”, vinculados a los partidos políticos con o sin representación parlamentaria. Por ello, es habitual encontrar en los directorios de estas instituciones a ex senadores, exdiputados; a exministros y exsubsecretarios de Estado, dirigentes políticos y diversos integrantes de las dirigencias centrales de los partidos políticos activos o en retiro, etcétera. La participación en este especial y relevante grupo se hace ya sea en la calidad de dueños directos como directores en las diversas corporaciones universitarias, institutos profesionales, centros de formación técnica públicos o privados.

Podríamos sostener que en el manejo y gestión de la educación superior como también secundaria y básica, están presentes  transversalmente los integrantes de la elite empresarial, política como de la elite social, cultural e política de la sociedad civil chilena. Los cuales expresan allí sus diversos intereses económicos, políticos, ideológicos y, académicos en torno a la educación. Al hacer una radiografía sobre quienes son los que controlan el mercado educativo nacional se observaría que todos los principales actores sociales e instituciones, desde las iglesias, instituciones armadas, corporaciones gremiales hasta los partidos políticos, tienen ya sea, una o más universidades como diversos institutos profesionales y centros de formación técnica o escuelas básicas, medias. Todos ellos venden educación, más allá si sus instituciones educacionales tienen fines de lucro o no.

Por esta razón, se podría perfectamente afirmar que las y los estudiantes universitarios como las y los ciudadanos que los acompañan no solo se han rebelado ante el funcionamiento del mercado educativo superior sino también en contra las actuales estructuras de poder político, social y económico predominante en la sociedad neoliberal chilena.[5]

El análisis de la estructura económica y financiera del mercado educativo superior nos indica que su composición interna sufrió una significativa modificación en el año 2005 cuando el gobierno concertacionista del socialista neoliberal Ricardo Lagos y su Ministro de Educación Sergio Bitar promulgaron la Ley 20.027 que estableció el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con dicho medida, eminentemente financiera, por ende desligada de todo sentido social, abrieron las puertas de la educación, por un lado, al sistema bancario nacional y, por otro, el ingreso a la educación superior de miles y miles de jóvenes, quienes por medio del endeudamiento bancario, podrían cumplir su “sueño” de alcanzar una profesión universitaria.

En consecuencia, gracias a la “financiarización”[6] del mercado educativo la masa de ciudadanos-estudiantes en calidad de clientes-usuarios, creció de manera explosiva. Además, con el ingreso del sistema financiero bancario nacional con respaldo estatal se hizo posible la “educación para todos”. Ciertamente,  para todos aquellos que podían o querían o se veían en la obligación de endeudarse para adquirir un titulo profesional técnico o universitario, en otras palabras, comprar a crédito educación, como se hace con cualquier otra mercancía que se vende en la sociedad chilena. La educación pasó a ser -como bien lo señalo el presidente Sebastian Piñera-, “un bien de consumo” [7] y no un derecho ni un bien público sino una particular mercancía.[8]

Al cabo de un lustro de haberse establecido la “financiarización” en el mercado educativo los “clientes-estudiantes usuarios” percibieron que tanto el servicio como la calidad del mismo no tenían relación con los altos niveles de endeudamiento, por un lado, ni con los valores cobrados por las instituciones, por otro. Y, tal vez, lo más grave desde el punto de vista académico-laboral, era que  los títulos profesionales adquiridos no los habilitaban para incorporarse al mercado laboral ni a ningún otro mercado existente en la sociedad neoliberal. El problema era que miles de jóvenes adquirían títulos profesionales y grados académicos profundamente devaluados. Aquellos que lograban terminar la educación superior se encontraban al cabo de dos, tres o cuatro años de estudios, endeudados con la banca nacional y, lo peor de todo, en la calidad de cesantes semi-ilustrados  (la tasa de cesantía a nivel juvenil en Chile es, la más alta de la fuerza de trabajo nacional, según las estadísticas gubernamentales, esta alcanzaría alrededor del 19%). Ante este escenario profundamente adverso y desconcertante las y los jóvenes estudiantes, especialmente, los universitarios salieron a las calles a manifestar su malestar e indignación contra el mercado educativo superior. Desatándose una nueva batalla por la educación.

En las calles de las principales ciudades del país, los estudiantes universitarios, especialmente, de las universidades públicas, se encontraron en los primeros meses con los estudiantes de las universidades privadas y de otras instituciones de la educación superior, pero también, con la masiva y bullanguera presencia de las y los estudiantes secundarios. El movimiento estudiantil universitario se transformó en una multitudinaria y colectiva acción social y política de la juventud chilena en contra del mercado educativo y contra del sistema político neoliberal. La protesta de los jóvenes al correr de los meses adquirió tintes de rebelión social y política.

La potencia política y social de esta rebelión juvenil y estudiantil con sus masivas marchas, ocupaciones de establecimiento y, sobre todo, con su radical crítica al sistema educativo nacional abrió la estructura oportunidades políticas para que se incorporaran a la rebelión activamente miles y miles de ciudadanos antineoliberales.

En efecto, los ciudadanos “subpolíticos” antineoliberales que desde la instalación del sistema político democrático autoritario han estado trabajando y haciendo política social en los márgenes institucional de él, irrumpieron y se sumaron con sus históricas demandas a la movilización estudiantil, ampliando la base social y política de la rebelión juvenil. De esa forma, la movilización estudiantil en un lapso corto de tiempo se transformó un masivo movimiento social y político ciudadano de orientación anti-neoliberal.[9]

Lo que convoca transversalmente a este movimiento ciudadano antineoliberal es, fundamentalmente, la reposición en la sociedad chilena, en primer lugar y, tal vez, ante todo, el derecho a la educación y, en segundo lugar, la refundación de la política democrática. Ambas cuestiones constituyen demandas radicales que prometen alterar completamente la forma como se ha organizado la sociedad chilena en los últimos 30 años. Es esta condición la que nos permite sostener el carácter de rebelión de la actual movilización ciudadana.

Para el movimiento la reposición política y ciudadana del derecho a la educación es primordial. Por esa razón, considera que dicho derecho debe estar en el centro de las preocupaciones políticas y sociales no solo del Estado, como fue durante el siglo pasado, sino, esencialmente de la sociedad civil, o sea, de las y los ciudadanos.  No se trata de estatizarlo sino de ciudadanizarlo. La ciudadanización de este derecho implica que quienes se hacen cargo de él, son los propios ciudadanos los cuales, de una u otra, de manera colectiva “mandatan” al Estado, a través de un régimen político democrático participativo, hacerse cargo de la operativa que implica su implementación. En esta dimensión el movimiento ciudadano en su vertiente popular se plantea asumir la responsabilidad de la educación en sus propias manos. Este es un punto profundamente innovador de algunos sectores políticos que integran y participan en el movimiento, ante la tradicional y desgastada apelación estatista.

Ahora bien, la demanda por una educación gratuita y social y estatalmente garantizada, evidentemente, debe ser asumida por una nueva forma estatal. Tanto la actual forma estatal neoliberal como el régimen de democracia protegida existente no pueden hacerlo. Como lo han expresado los defensores del neoliberalismo,  la existencia de una educación pública gratuita desde la preescolar hasta la superior es políticamente imposible implementarla, pues sería contrario a todos sus planteamientos políticos y, sobre todo, económicos.[10] La única forma que queda al movimiento es lograr la reestructuración integral del sistema educativo nacional. Ello implica, en otras palabras, el fin del mercado de la educación en Chile.

La demanda por gratuidad esta siendo ampliamente discutida y analizada por los distintos actores políticos y sociales del país. Diversas argumentaciones han sido construidas tanto por aquellos que se le oponen como por los que están a su favor. Sin embrago, la discusión política entorno a este punto tiene inmovilizado tanto al gobierno del Presidente Sebastian Piñera como al movimiento juvenil, estudiantil y ciudadano. Podríamos sostener que el conflicto se encuentra en empate. La posición del gobierno y de los actores políticos y sociales ligados al empresariado del capitalismo académico sostiene que establecer la gratuidad del derecho a la educación es imposible en Chile. El propio presidente Sebastián Piñera ha cerrado completamente esa posibilidad al señalar que Chile no puede ofrecer ese sistema. Pues el gobierno, “no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones. Primero, porque Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta. Pero en segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos”.

            El camino para enfrentar la demanda estudiantil y ciudadana por parte del gobierno de derecha ha sido similar a la seguida por los cuatro gobiernos concertacionistas en el pasado reciente, reforzar la entrega de becas. Y, en ese sentido el anunció de la generación de un sistema de becas que buscara financiar al 40 por ciento de los hogares más pobres del país no más que continuar la misma política pública construida por la dictadura y la concertación. No hay novedad en el ofrecimiento. Lo mismo ocurre con el otorgamiento de créditos para los otros grupos socioeconómicos. El fundamento de esta política se encuentra en las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también planteó que sería injusto entregar educación gratuita para todos los estudiantes y que, además, el país no está en condiciones de cubrir esa demanda.        Esta fundamentación ha sido asumida y respaldada por otros sectores políticos ligados a la Concertación de Partidos Políticos por Democracia como también por algunos sectores de la izquierda nacional. Con la idea de rechazar la gratuidad para todos, incluso para los sectores con mayores ingresos, todos están aceptando que la educación siga siendo “vendida” en el mercado educacional y ésta siga siendo comprada por las y los ciudadanos interesados en obtenerla. Bajo el equivocado principio de que no se debe financiar la educación de aquellos que pueden pagarla, se busca mantener un sistema altamente lucrativo para el capital privado, pero profundamente injusto e incluso inhumando para el resto de los ciudadanos que deben realizar enormes esfuerzos materiales para comprar un titulo profesional.

Establecer la gratuidad de la educación supone terminar con el capitalismo académico, implica en lo sustantivo no la desaparición del sistema privado educativo, pero si su reducción significativa. A nivel de la educación superior universitaria, implicaría, el fortalecimiento de las universidades públicas, específicamente, las estatales. Estas debieran abrir sus puertas a todos los jóvenes que egresen de la Enseñanza Media. Por tanto, abolir los odiosos sistemas de selección y discriminación actualmente existentes. La Universidad de Chile como la Universidad de Santiago de Chile, debieran volverse universidades nacionales dispuestas a recibir jóvenes provenientes de todos los estratos socioeconómicos. Debiera fundarse el Instituto Nacional de Formación Superior Técnica y Profesional, que atendiera a todos aquellos jóvenes interesados en obtener una profesión técnica profesional no universitaria.

Todo este sistema de educación publica-ciudadana debiera ser sostenido por la sociedad civil, o sea, en otras palabras por la ciudadanía, a través de un sistema, no competitivo y lucrativo como el actual, si no de carácter fraternal y solidario. Para tal efecto, los que tienen más deben ayudar a los que tiene menos, para que ello ocurra se requiere de una reforma tributaria profunda que permita obtener los recursos necesarios para financiar un derecho humano que es considerado por todos como fundamental. Por esa razón, ética y política, debe ser rescatado de las manos (in)visibles del mercado capitalista neoliberal.

Por otro lado, debiera también establecerse constitucionalmente que ninguna institución universitaria, media o básica debiera cobrar por ofrecer educación.

Al momento de escribir esta presentación la batalla por la educación sigue su curso, las posiciones de los principales actores sociales y políticos involucrados se mantienen tal como se plantearon hace cinco meses atrás. Sin embargo, la dominación y la hegemonía capitalista neoliberal en Chile ha comenzado agrietarse.

Evidentemente que para superar y transformar la sociedad neoliberal se requieren muchas más grietas. Se necesitan de más y más ciudadanas y ciudadanos en las calles, que estén dispuestos cambiar total y radicalmente las actuales estructuras del poder político, económico y social. En otras palabras, hay que abrir las grandes alamedas no solo para pasen las masivas y lúdicas marchas juveniles sino para darle paso a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer posible el cambio revolucionario ciudadano.

De no producirse esa acción histórica, la batalla por la educación quedara encerrada en los estrechos espacios del conflicto tan propio de las sociedades neoliberales, o sea, entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. Como ya sabemos cuando ello ocurre, el único ganador hasta ahora ha sido el Mercado y el Estado, y la Sociedad Civil, ha sido permanentemente derrotada. Salvo quizás en las sociedades latinoamericanas que han buscado liberarse del mercado o de las decisiones mercantiles estatales como, por ejemplo, la boliviana.

Santiago de Chile, octubre de 2011

El mundo se encuentra en una depresión que vacila al filo de un choque realmente gigantesco. Nadie en ningún lado estará exento de los efectos negativos de este choque, aún si algunos pocos suertudos logren ganar dinero con ello. La primera gran preocupación de cada gobierno no es cómo hacerlo bien, sino cómo hacerlo menos mal que los otros estados.

La atención de la prensa mundial ha estado muy enfocada en los debates públicos en los Estados Unidos, la Eurozona, y desde luego China. Pero esto no significa que los otros estados – grandes o pequeños, creciendo en apariencia o evidentemente estancados – no estén igualmente preocupados, ya que a menudo tienen menos capacidad de maniobra que los más grandes.

En Julio, en medio del gran drama, la Eurozona alcanzó un compromiso político de este  tipo. ¿Esto le permitirá a la Unión Europea (UE) hacerlo “menos mal” que muchos de sus competidores? Es posible. Pero para observar lo que realmente sucedió, necesitamos movernos más allá de las complicadas decisiones económicas. Nadie parece estar de acuerdo con lo que realmente se acordó, y mucho menos, si ello no significa nada bueno en términos de los dilemas económicos que enfrentan los países de la Eurozona.

El compromiso fue político, no económico, y las mayores consecuencias serán políticas. Lo que los países de la Eurozona lograron hacer fue salvar el euro como moneda única. Algunos piensan que esto es maravilloso; otros, que es un desastre. Pero el punto es que lo salvaron. Y en términos de las luchas geopolíticas emergentes en el mundo, esto permitirá a Europa mantenerse como un actor principal.

Carsten Volkery, escribiendo en Der Spiegel, sintetizaba las decisiones de esta forma: “Los líderes europeos [Julio 21] presionaron hacia un segundo paquete de salvataje para la bancarrota griega, el cual incluía un sorprendente nivel de participación privada. Adicionalmente, les han estado otorgando nuevos poderes a los salvaguardas de la Eurozona, haciendo que sospechosamente se parezcan a un FMI europeo”.

El debate económico prioritario acerca de la deuda griega (y aquellas de los otros países de la Eurozona) tiene todos los ingredientes convencionales. En un extremo estuvieron quienes predican una fe total en el “mercado” no importa cuáles sean las consecuencias. Los más extremistas, quisieron presionar hacia la salida de Grecia de la Eurozona (aunque ello parezca ser legalmente imposible). En el otro extremo, quienes predican la solidaridad económica basada en un énfasis neo-Keynesiano de (re)crear la demanda efectiva – un “mini-Plan Marshall”.

El problema político subyacente fue la política interna de los diferentes países. Una solución keynesiana fue profundamente impopular en Alemania y la Sra. Merkel temió razonablemente un desastre electoral si insistía en ello. Una solución neo-liberal ponía en riesgo el severo malestar popular en Grecia, España, y eventualmente en muchos otros países. El gran compromiso no fue otro que el del francés Nicolás Sarkozy, quien luchó por otorgarle nuevos poderes al Fondo Europeo de Estabilización Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) celebrando públicamente lo que él llamó, el comienzo de un Fondo Monetario Europeo. Incluso, Merkel convino en que esta comparación no era implausible.

Merkel ganó la concesión que buscaba – involucrar a los inversionistas privados. Y finalmente el Banco Central Europeo (BCE) también estuvo de acuerdo con dar su bendición. El EFSF emitirá sus propios bonos y aquellos que tengan en su poder bonos griegos pueden intercambiarlos por estos nuevos bonos, los cuales presumiblemente tendrán tasas de interés más bajas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de su nueva directora, Christine Lagarde, señaló en que el efecto de todo esto podría ser positivo para todos. Desde luego, este nuevo arreglo permite al FMI estar menos involucrado, y a su vez que sus recursos propios se ensanchen. Inclusive, Gran Bretaña, que no es miembro de la Eurozona, aplaudió el compromiso.

¿Es esta especie de magia la que “salvará” a Europa? De ninguna manera. Primero que todo porque existen aún actores intentando deshacer el compromiso. Las consecuencias electorales estarán por verse.

¿Por qué Sarkozy, el heredero post-Gaullista de De Gaulle, se convierte en el arquitecto de un compromiso que lleva a Europa cada vez más cerca de una estructura de gobierno común? Dos razones realmente. De una parte, después de una serie de reveses políticos, parece bien, en términos de las próximas elecciones en Francia, que Sarkozy haya logrado algo en política exterior. Las encuestas francesas indican que sus ratings de hecho se dispararon.

La segunda razón, sin embargo, es bastante Gaullista. De Gaulle se opuso a una mayor federalización en Europa pues pensaba que esto servía a los intereses de los Estados Unidos en detrimento de los intereses de Francia. Pero hoy, más “federalismo” en Europa sirve a los intereses europeos (y franceses) a expensas de los intereses usamericanos. Un colapso de la Eurozona podría conducir hacia la eliminación de Europa occidental como uno de los grandes actores en el sistema inter-estatal – y fortalecería el dólar en un tiempo en que la moneda usamericana necesita toda la ayuda que pueda obtener.

Voces en la izquierda de la izquierda constantemente se lamentan que la Eurozona es básicamente una institución neo-liberal que protege los bancos y lastima a la gente común. En gran parte, esto es cierto. Lo que nunca he entendido es por qué alguien piensa que la izquierda lo haría mejor con una serie de estados separados. Para mí esto significaría que las fuerzas neoliberales serían todavía más poderosas si la Unión Europea desaparece.

El punto decisivo es que Estados Unidos y su Eurozona harán “lo menos malo” en el más grande colapso que se avecina. Eso seguramente no será más que un logro, pero en la carrera por los botes salvavidas, Europa puede que se garantice al menos una oportunidad.

(*) Traducido por José Francisco Puello-Socarrás para el blog: www.colombiadesdeafuera.wordpress.com del texto original: Wallerstein, Immanuel, “Racing for the Lifeboats: Did the Euro Make It?” (Commentary No. 310, August 1, 2011). Copyright by Immanuel Wallerstein, distributed by Agence Global. Agradecemos la autorización personal del profesor Wallerstein para publicar este artículo.

Amado Boudou, el actual Ministro de Economía acompaña a Cristina Fernández, la actual mandataria en la fórmula del oficialismo. Javier González Fraga hace lo propio con Ricardo Alfonsín, el candidato de la oposición mejor posicionado a la fecha. Una primera discusión, basada en los antecedentes de ambos candidatos es interrogar sobre cuán lejana es la concepción del desarrollo económico que ambos sustentan. El Ministro se formó en la liberal CEMA, centro de enseñanza del “mainstream” de los 90´ y militó en la agrupación de la derecha universitaria vinculada al clan Alsogaray. El segundo del radical Alfonsín fue presidente del BCRA en tiempos de Menem. Ambos muestran antecedentes que los asocian a la lógica capitalista, que ahora, en tiempos de crisis, se manifiesta como política económica donde predomina la intervención estatal.

Conviene señalar, también, que la política económica de estos tiempos no parece llevar el nombre del titular de la cartera económica, tal como ocurrió con los emblemáticos Martínez de Hoz (1976-1981) en tiempos de la dictadura genocida, o con Cavallo durante la convertibilidad del menemismo (1991-96) , o la gestión De la Rúa (2001). Bajo la presidencia de Néstor Kirchner y aún en vida durante la gestión de Cristina Fernández se aludía al timón económico en manos del ex presidente. Todo indica que en el próximo periodo, las decisiones seguirán en manos de quien ejerza la titularidad del poder ejecutivo.

El “modelo” es defendido en cada acto oficial, tal como ocurrió el viernes 1 de Julio pasado en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2011, organizadas todos los años por el BCRA. Desde la oposición sistémica es poco lo que se conoce en materia de política económica, más allá de algunas posiciones relativas al manejo del tipo de cambio o a las retenciones. No es que sean temas menores, pero las modificaciones que se sugieren en el debate cotidiano no modifican esencialmente la estructura productiva y de relaciones sociales que definen el funcionamiento del capitalismo en el país. Nuevas devaluaciones fortalecerán una distribución regresiva del ingreso, del mismo modo que lo haría la eliminación o reducción de las retenciones a las exportaciones de productos primarios; a afectarían las cuentas fiscales retrayendo el gasto social si es que se privilegian los cumplimientos de compromisos de la deuda pública. Lo que pretendemos señalar es que el funcionamiento esencial del modelo productivo o de desarrollo no está en discusión, por lo menos entre las dos fórmulas presidenciales que encabezan las preferencias, siempre según las consultoras de opinión.

El “modelo”

El crecimiento y la distribución del ingreso son los ejes del “modelo” en Argentina, según sostuvo Cristina Fernández en su alocución en las Jornadas del BCRA, al decir que “No se puede crecer en forma sostenida si se profundiza la desigualdad” (1), siendo ambos aspectos, la evolución cuantitativa de la economía, como los indicadores de igualdad o desigualdad, un problema difícil de evaluar ante la ausencia de estadísticas creíbles. En rigor, la evaluación resulta de intuiciones y valoraciones conceptuales sobre el rumbo de la política y la economía.

El interrogante remite a la economía que viene, aunque resulta previsible imaginar pocos cambios en la orientación de la política del gobierno si continúa el FpV, y en nuestra hipótesis, también si hubiera sorpresa con Alfonsín (no pareciera). Afirmamos una tendencia a la continuidad, de cara a los recurrentes balances realizados por el sentido de la gestión iniciada en mayo del 2003. Así surge del balance realizado por la Presidenta en las Jornadas del BCRA y en cuanto evento nacional o mundial participa. No es distinta la actitud de Boudou.

Veamos por donde pasa el “modelo”. No existe discusión sobre las principales ramas de la producción que explican el crecimiento, asentado principalmente en la industria automotriz, la construcción y la inserción internacional como país exportador de materias primas, especialmente soja y productos de la mega minería a cielo abierto. Como siempre hemos sostenido, la discusión debiera transitar sobre ese modelo productivo, recientemente sostenido por las autoridades en la reunión de Ministros de agricultura del G20 en París (Junio del 2011) y en la cumbre del Mercosur realizada en el Paraguay (Junio 2011), donde Boudou estrenó su candidatura ante la ausencia de la Presidenta. La llegada a la titularidad de la FAO de un brasileño, José Graziano Da Silva, ex Ministro de Lula y responsable del programa “hambre cero”, con apoyo argentino, nos confirma la orientación de un rumbo en la defensa y promoción de la sojización a futuro, mal que les pese a los pueblos fumigados, a los agricultores familiares, o a los pueblos originarios. Es una tendencia estructural del desarrollo, no solo para la Argentina, sino para los países del Mercosur.

El tema de la desigualdad se las trae, más allá de la credibilidad o no en las cifras, ya que esa parece ser la política adoptada en toda la región latinoamericana.

Según informa la CEPAL, en su Panorama social de América Latina y el Caribe, con datos hasta el 2010, comentado en un interesante artículo sobre la política de transferencia de renta del gobierno Lula y comparativo con un panel de 12 países de la región, escrito por Reinaldo Gonzalvez (2), en todos los países de América Latina disminuye la desigualdad con relación a la crisis de principio de siglo, encabezando el ranking, Venezuela, Perú y Brasil. Es curioso, pues simplificando la orientación gubernamental, nos encontramos con 3 gobiernos diferenciados en sus orientaciones de izquierda, de derecha y de centro izquierda, con lo cual, producto de lo ocurrido en las dos décadas previas, los 80´ y los 90´de empobrecimiento y conflictividad, todos los países aplican políticas sociales compensatorias, cuyos volúmenes de inversión apenas requieren de medio punto o menos del PBI, salvo Ecuador que supera el 1%. (Ver Cuadro I)

Una de las 10 conclusiones del articulista señala que “el imperativo de la gobernabilidad y la perpetuación en el poder son los determinantes principales de las políticas redistributivas en la región, independiente del modelo económico-político vigente en cada país; o sea, las políticas redistributivas son funcionales en la lucha por el poder político” (3). Nada indica, a la luz de estas consideraciones, cambios sustanciales en las políticas sociales de carácter compensatorio, sea quien sea el que gobierne, claro que sí, podría haber modificaciones en la gestión del conflicto, tal como puede anticiparse con el desalojo de los docentes santacruceños en la protesta frente al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Cuadro I – Programas de transferencia de renta (CEPAL, 2010)

Fuente: Reinaldo Gonzalvez, “Reducción de la desigualdad en el gobierno Lula, análisis comparativo, 20 Junio 2011”, con datos de Cepal, en Panorama Social de América Latina y Caribe, 2010.

Pese a las políticas redistributivas, la región latinoamericana y caribeña, en donde se inserta nuestro país, sigue siendo un territorio de desigualdad importante, y según el PNUD (4), entre los 5 países más desiguales del mundo figuran 4 latinoamericanos, Colombia, Bolivia, Brasil y Honduras. El país extra regional es Sudáfrica.

Para pensar y discutir

Insistamos en el tema de la credibilidad sobre las estadísticas nacionales, las que asume en pleno la CEPAL. Pero, más allá de los datos, lo que no aparece en la discusión electoral, por lo menos en las dos fórmulas presidenciales que encabezan las encuestas, y que son secundadas por economistas con antecedentes “liberales”, es la estructura del funcionamiento del capitalismo local.

La asignatura pendiente es el debate sobre el modelo productivo y a partir de él organizar la distribución equitativa del ingreso. Hace falta discutir qué, cómo y para quién producir, base material de una estrategia de desarrollo a compartir con otros países en la región, generando una integración para la satisfacción de las necesidades populares. Ello supone la promoción de la soberanía alimentaria, energética, ambiental y financiera, constituyendo un rumbo de autonomía de las causales de la crisis capitalista.

¿Se puede intentar un rumbo autónomo del capitalismo en crisis? Es evidente que resulta compleja la respuesta desde la soledad de un país. Es un interrogante a resolver en forma compartida con otros países en la región, y requiere una fuerte convicción y voluntad política de un sujeto colectivo nacional y regional.

El problema es la ausencia o límites de la institucionalidad vigente para esa discusión. La Unasur o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, contienen en su seno proyectos de desarrollo no convergentes, donde conviven objetivos favorables y críticos a la concepción del “libre comercio”. Resulta auspiciosa la ausencia de EEUU en esta nueva institucionalidad regional, aun cuando el proyecto liberalizador por este sustentado sea parte de las convicciones de algunos actores de esa nueva institucionalidad.

En el camino de la gesta del bicentenario por la independencia y la emancipación de nuestramérica, renovar el objetivo, o si se quiere, el mito de la revolución, asume un desafío concreto de la imaginación para materializar otro mundo posible.

1/ http://www.presidencia.gov.ar (Consultado el 2/07/11).

2/Reinaldo Gonzalvez, “Reducción de la desigualdad en el gobierno Lula, análisis comparativo, 20 Junio 2011”, con datos de Cepal, en Panorama Social de América Latina y Caribe, 2010.

3/ Traducción de JCG, que en versión original dice: “o imperativo da governabilidade e a perpetuação no poder são os determinantes principais das políticas redistributivas na região, independente do modelo econômico-político vigente em cada país; ou seja, as políticas redistributivas são funcionais na luta pelo poder político”

4/ Citado por Reinaldo Gonzalvez en el artículo mencionado.

1. La crisis capitalista no terminó. Contrario a lo que sostienen desde los gobiernos de la región y buena parte del pensamiento del establishment e incluso sectores del movimiento popular y la izquierda, la crisis capitalista en curso continúa descargando su costo sobre los trabajadores y los pueblos en todo el mundo. Son los 1.020 millones de hambrientos que reconoce la FAO, o los 1.000 millones de trabajadores con problemas de empleo e ingreso según la OIT. El gobierno de EEUU profundiza su déficit estructural, comercial y fiscal, y continúa demandando a su Parlamento la extensión de su capacidad de endeudamiento público, exacerbando su carácter de gran deudor mundial y afianzando la debilidad global del dólar. Por su parte, Europa está acosada por la crisis de la periferia de la Unión, profundizando el ajuste en esos países y en el este. Existe temor de incumplimiento de las deudas públicas, especialmente en Grecia, lo que afectaría la situación de los principales bancos alemanes y franceses, y en última instancia a los norteamericanos. La Unión Europea sufre la crisis y pone en discusión la estabilidad y el papel pensado para el Euro. Japón incorporó los problemas derivados del terremoto y el Tsunami a los recurrentes problemas de crisis. El capitalismo desarrollado que explica el 75% del producto global da cuenta de una crisis de larga duración y solo atina a resolverla con ajuste en sus territorios y a una fortísima intervención estatal de liquidez para el salvataje de las empresas comprometidas. La crisis se procesa en olas, primero en EEUU, luego en Europa y en Japón para desarrollar un círculo vicioso de ajustes e intervenciones estatales para la continuidad del capitalismo en su etapa de transnacionalización. Esas gigantescas intervenciones de gasto público para el salvataje inducen una imagen de solución en el imaginario social.
2. La crisis es mundial y afecta a nuestros países. Nuestra región es funcional a la acumulación capitalista global, que demanda de nuestros países recursos naturales y fuerza de trabajo barata. La crisis es económica, financiera, alimentaria, energética, ambiental, sistémica, integral, del conjunto del orden civilizatorio. América Latina y el Caribe son parte de esta crisis del orden capitalista. El alza de los precios de las materias primas que favorecen las cuentas nacionales de nuestras economías son expresión de la crisis. Los precios suben debido a las condiciones del funcionamiento transnacional de la economía contemporánea. Las crisis están entrelazadas y la insuficiencia de hidrocarburos en el modelo productivo en curso requiere la utilización de productos agrarios para la producción de energía alternativa, encareciendo los alimentos. EEUU utiliza buena parte de su producción maicera para la generación de combustible. Al mismo tiempo, la especulación con materias primas alimentarias y mineras eleva los precios con cargo a la factura de alimentos e insumos de países atrasados y dependientes de esos elementos. Este modelo productivo es la causa de la crisis ambiental vía emanación de gases tóxicos. Todo el conjunto, sea la dimensión especulativa, el traslado de productos a la energía, o la contaminación son parte esencial de un orden de la producción que definen las transnacionales de la alimentación y la biogenética. El resultado en divisas sirve para la cancelación de parte de la deuda externa de nuestros países, los pagos recurrentes de intereses y una creciente cuenta de remesas de utilidades al exterior, con escasa incidencia en la mejora de la distribución del ingreso.
3. Las economías de los países de América Latina y el Caribe crecen por encima de la media mundial. La afluencia de divisas por exportaciones y el atractivo que supone la región para el ingreso de inversiones externas directas y para la especulación incide en el crecimiento económico. La expansión económica está significando la apreciación de las monedas en muchos casos, y/o en otros, la acumulación de reservas internacionales. En ambos casos se eleva la deuda interna para frenar la inflación. Los datos de las cuentas nacionales hacen invisible problemas estructurales de nuestras economías. El crecimiento esconde la reprimarización, la dependencia en la determinación de los precios de las materias primas, y el estar sometido al ciclo de los precios, intensificación de la transnacionalización por crecimiento de inversiones extranjeras e incluso por la compra de tierras. La realidad del crecimiento económico permite disimular la continuidad de gravísimos problemas sociales que recorren nuestra geografía, el desempleo y el empleo precario, la flexibilización laboral y salarial, la desindicalización de la población trabajadora; agudizando los problemas de la agricultura familiar, de los campesinos y los trabajadores del campo. La paradoja es un crecimiento económico ajeno al disfrute de la población empobrecida, la mayoría de la sociedad. El crecimiento no se distribuye, aunque con recursos fiscales producto de la expansión económica se aplican políticas sociales compensatorias, que no sacarán a la población “beneficiaria” de sus problemas esenciales, aún cuando les permite un ingreso de sobrevivencia. El consumo suntuario es la contracara, con lo cual, constatamos que el patrón de consumo se deriva del “modelo” productivo.
4. El “neo desarrollismo” es política hegemónica. El ascenso de las luchas populares en los años 90´ deslegitimó las políticas de ajuste y reforma estructural, más conocidas como neoliberales. Los gobiernos resultantes de la primera década del Siglo XXI en la región desplazaron el discurso favorable al neoliberalismo y las recetas del consenso de Washington. Los partidos clásicos del orden neoliberal fueron desplazados por proyectos políticos que impulsaron un discurso crítico a las políticas implementadas en las dos décadas previas, aunque no se han modificado esencialmente los condicionantes jurídicos institucionales que habilitaron la extranjerización de nuestras economías, la concentración y la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Las políticas en curso se califican como “neo desarrollistas” para la promoción del “capitalismo nacional”, algo imposible en tiempos de transnacionalización. Aún siendo discutible, el desarrollismo de los 50´ a 70´ fue una política aplicada por burguesías nacionales que alentaban un proyecto de acumulación propio. La realidad de nuestros días es que las burguesías locales logran la acumulación en tanto y en cuanto sean parte subordinada del proceso de transnacionalización y reprimarización de las estructuras productivas. El “neo desarrollismo” es parte del discurso hegemónico a escala mundial luego de la crisis, pues ya no se duda de la intervención estatal, aún para salvar al capitalismo. La apuesta “neo desarrollista” es a privilegiar la producción sobre la especulación, y sin embargo, la especulación se mantiene y desarrolla en el mundo, siendo los productos generados en nuestra región objetos de especulación financiera global. Además, la producción en desarrollo es parte de la dominación de las transnacionales. El discurso “neo desarrollista” tiene muy poco del desarrollismo de hace cuatro décadas. Vale recordar la emergencia del pensamiento crítico latinoamericano, la teoría de la dependencia, el marxismo, la teología de la liberación, que en distintos niveles y efectividad denunciaron y desnudaron los límites de la teoría desarrollista. Hoy queremos reivindicar la validez y actualidad de los propósitos de la crítica para renovarlos y recrearlos en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista actual en crisis.
5. El imperialismo intensifica su iniciativa. La ofensiva del capital transnacional sobre la región se asienta en la fuerte presencia militar, sea con bases militares, con ejercicios conjuntos con fuerzas militares de nuestros países, y con la reinstalación de la IVº flota, tanto como el aliento a formas de desestabilización institucional como el golpe en Honduras. Vale destacar las iniciativas de articulación institucional que obvian la presencia de EEUU, tal como la Unasur o la Confederación Latinoamericana y Caribeña, claro que con los límites de la presencia de Estados fuertemente comprometidos con el libre comercio y el proyecto de EEUU, tal el caso de Colombia. Las clases dominantes de la región pretenden incidir en la situación política para deslegitimar el reclamo y conflicto social, pretendiendo con el accionar de los medios de comunicación y su poder económico el restablecimiento de gobiernos subordinados a la lógica de la liberalización y la dominación imperialista. Por ello no debe sorprender que en la estrategia del poder mundial se utilice la complicidad de gobiernos del sur del mundo en el G20 para reinstalar el papel rector del FMI en el sistema financiero, y como instrumento privilegiado del ajuste y la reaccionaria reestructuración. El accionar de los grandes capitales y los principales estados capitalistas y los organismos supranacionales son expresión de la ofensiva del capital para salir de la crisis y renovar condiciones para la explotación, la acumulación y la dominación.
6. La resistencia de los pueblos se extiende. Si en la década pasada la novedad del cambio político transitó por nuestra región, la rebelión popular se extiende por el norte de África y en Europa. La lucha de los países árabes y de los indignados del viejo mundo se une a la perspectiva de lucha emancipatoria de los pueblos de nuestramérica y marcan la perspectiva de que junto a la ofensiva del capital existen los pueblos en lucha en búsqueda de un futuro diferente, donde la crisis no avance como recomposición del capitalismo, sino alimentando la perspectiva del otro mundo posible. Es el momento de unir los esfuerzos de los dirigentes sociales y los intelectuales críticos en torno a una nueva base programática que confronte con las medidas regresivas del capital y las ilusiones que generan las políticas asistencialistas. Para que ello sea efectivo se requiere darle un carácter anticapitalista y antiimperialista a las luchas populares, al tiempo que renovar la organización social para articular una perspectiva superadora de la sociedad capitalista en crisis. Lo cual implica en esta etapa impulsar la Unidad Continental contra la Transnacionalización, en la medida que las empresas transnacionales y sus socios nacionales subordinados configuran y expresan al gran capital y al imperialismo que explota a los trabajadores, destruye el medio ambiente y atenta contra la soberanía de los pueblos.

Guararema (Brasil), 26 de junio de 2011.

Lo que queda después de leer a Rancière[1] es una sensación de que ahora, en la era política posterior a la misma llamada posguerra fría, no queda política. O bueno, para no parecer que he malinterpretado a lo que ha mencionado este filósofo francés, lo que parece haber quedado en nuestros días es una post-política, una post-democracia. Claro, sin duda, para Rancière, no se puede hablar de post-democracia sin antes tener claro que es la democracia: un modo de hacer política (no un régimen político) en el cual lo más preponderante es la capacidad de representación del demos, del pueblo. El demos, sin embargo, no tiene un significado per se, sino que es un “significante vacío”: una palabra (significante) vacía de un significado la cual simplemente puede ser re-llenada por quien desee apropiársela (esto con una intenciones “hegemonizante”)[2].

Lo que Rancière quiere decirnos acá es que en la democracia, el pueblo existe simplemente porque alguien (un partido, un político, una facción, etc.) quiere darle un nombre, atribuirle unos valores que no son objetivos. Este es el carácter representativo del demos. Puede ser apropiado por todos pero al final no significa nada en sí mismo.

En ese sentido creo que no puede haber muchas discusiones. El pueblo termina siendo la característica fundamental para legitimar la mayoría de regímenes políticos en el mundo. Incluso intervenciones militares internacionales. El demos internacionalmente es el leitmotiv de ciertos valores que cada día parecen menos cuestionables. Eso a nivel internacional; sin embargo, volviendo a Rancière, a nivel local estamos llegando a concebir la democracia desde una posición consensual: la post-democracia.

¿A qué se refiere este autor con “democracia consensual”? Es una “democracia” donde no hay demos políticamente explícito (un pueblo en conflicto y dividido –en clases, razas, credos, etc.- donde cada pequeña parte quiere ser representada); al contrario, la sociedad está dividida simplemente por una falta de consenso, por una falta de tolerancia, porque sus participantes no han hecho un análisis racional de sus necesidades y prioridades. En últimas, la sociedad se divide por la ausencia del Öffentlichkeit: de un espacio de la opinión pública, en palabras de Habermas.

Esto no es una apología al “fin de la historia”, estilo de F. Fukuyama; para  Rancière en esta nueva democracia no hay un manejo político de la política en términos de lucha por el poder. Ya no se refleja la representación del demos con pretensiones “universalizantes”. En este orden de ideas, la política actual podría entenderse como apolítica ya que no busca representar al no-representado. Para los promotores de la post-democracia ya no hay una multiplicidad al interior de pueblo y su única preocupación, en términos “políticos”, es la de mostrarse capaces de gestionar eficientemente los recursos públicos (en Colombia, mejores que Mockus y Peñalosa en este campo, no hay).

En defensa de la intolerancia, es un libro de S. Zizek, donde el autor recalca como en los países desarrollados, en este momento, se está dando un proceso de despolitización de la política para darle paso a una economización de la misma. Lo único que importa (como también lo menciona Rancière en su texto) es el manejo “justo” de los recursos, de los impuestos recaudados. Los principios programáticos de los partidos tradicionales se rompen para darle paso a nuevos partidos (a los famosos Catch all) que prometen de lo mismo que una famosa campaña electoral en São Paulo: Roba, pero hace.

¿Qué consecuencias trae ese consenso en las “democracias” actuales? Para Rancière la respuesta es clara: intolerancia y un odio “pre-político”. No hay una percepción del otro políticamente hablando, no como “contradicción” en términos hegelianos” sino como némesis, como enemigo irreconciliable. Este filósofo no puedo haber puesto el mejor ejemplo de esta problemática consensual: los inmigrantes en Francia anteriormente no se les reconocía como inmigrantes, sino como obreros, trabajadores extranjeros; sin embargo, con la institucionalización del otro como agente externo (el concepto burocrático de inmigrante) el odio pre-político y la intolerancia éstos se siente en la percepción francesa con mayor fuerza.

La post-democracia no permite en su discurso un dialogo y una lucha entre agentes políticos: ahora todos somos agentes racionales y por lo tanto, económicos: Homo œconomicus. Es el fin del Zoon Politikón. Nace una nueva libertad.

II

¿Cómo se representa la libertad de la post-democracia en nuestros países, en el “subdesarrollo”? Pongamos de ejemplo a Colombia. Juan Manuel Santos, el presidente más “querido” del continente, en su discurso de posesión se refirió a su gobierno como el de la gran “reconciliación nacional”. Un gobierno que se ha llamado a sí mismo como de “Tercera Vía”; modelo propuesto por asesores de T. Blair, quien colaboró con Santos en la elaboración de un libro sobre esta “vía”. Santos, a diferencia de Turbay y Barco que también hablaron de ser gobiernos de paz y de reconciliación, llega al poder con una movilización social casi aniquilada, donde los actores más “combativos” están desarmados, amenazados y con todos sus procesos destruidos. La “Tercera Vía” de Santos llega como una forma post-democrática al afirmar que en Colombia ha llegado la hora de reconciliarnos, de darnos cuenta que todos somos todos, de que ya no deben haber diferencias de derecha y de izquierda: este gobierno es (por fin) un gobierno de todos. Sí, cuando se neutralizado cualquier oposición.

Esta es la “Tercera vía”: mantener lo viejo bajo la apariencia de ser algo nuevo. En este sentido, los viejos intereses siguen vigentes al mismo tiempo que las antiguas disputas se van desvaneciendo de la esfera de lo político. Obviamente, el gobierno de Santos no es la radiografía  de democracia consensual a la que Rancière hace referencia.

La post-democracia de Rancière, al impedir la “representación” de los excluidos, logra revivir la intolerancia y el odio, ambos pre-políticos. En este sentido cabe preguntarse: ¿ha habido alguna vez un “significante vacío” para los excluidos colombianos? ¿Ha existido alguna vez un significante que nos agrupe como un demos con pretensiones hegemónicas? En esta conceptualización de Rancière, y teniendo en cuenta el termino de Laclau, en Colombia nunca ha existido un término que nos logre agrupar, masificar, en nación: nunca ha existido el demos en Colombia; ni siquiera un intento.

La pretensión de construir la masa en Colombia fue sepultada el 9 de abril de 1948.

III

En ese intento de poner la post-democracia de Rancière en el gobierno de “Tercera Vía” de Santos, ¿dónde queda el odio pre-político? Es decir, ¿Si la falta de “representación” del demos, en vez de llevarnos al consenso nos lleva a la intolerancia, a la percepción del otro como némesis? ¿Esto cómo se evidencia en la actualidad colombiana? Al parecer, esto no es muestra más que de nuestra hibridez. Al igual que N. Canclini determinó los valores culturales latinoamericanos como mediados por la hibridez de temporalidades (un entrelazamiento entre modernidad, pre-modernidad y post-modernidad), también podríamos hablar de esta misma hibridez de términos netamente políticos y sociales.

En lo que respecta a lo político en Colombia, Santos se muestra a sí mismo como el representante de la “third way” post-democrática donde no hay atomización en la sociedad; al mismo tiempo y lugar, el odio pre-político parece mantenerse: no hay una percepción del otro en términos de contrincante-contradictor, sino más bien como enemigo o némesis, haciendo que las discrepancias pueden solucionarse solamente en el campo de la eliminación física; y en la mitad, en la mediocridad, la modernidad a medias, las instituciones configuradas y creadas desde una visión hipostasiada de la realidad: la “ensoñación” como fuente de derecho. Modernidad, post-modernidad y pre-modernidad políticas, que al final de cuentas, no sólo influye en la reproducción material de la sociedad de Colombia, sino que además reproduce indiscriminada sus valores, una especie de “derramamiento” de la hibridez por todo el corpus social.