DETERMINATES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE TRANSPORTE MASIVO EN COLOMBIA por Carlos Wladimir Gómez Cárdenas

Las áreas metropolitanas Colombianas, con sus singularidades, comparten una historia común que incluye su transporte urbano. Dicha historia en la actualidad se inscribe dentro de tendencias globales que caracterizan el fenómeno metropolitano en el mundo entero.  El aumento de la población, el acelerado crecimiento de las ciudades, el incremento del transporte de personas y el crecimiento del parque vehicular privado son algunas de las tendencias que los gobiernos metropolitanos deben enfrentar hoy por hoy.

Frente a tales desafíos las estrategias gubernamentales se relacionan con la recuperación del espacio público, la movilidad alternativa, el desestimulo al uso del vehículo particular, y la construcción de sistemas de transporte masivo.  En general, los objetivos de política pública buscan mayor eficiencia económica a través de ahorros en tiempos de viaje y costos de operación; protección ambiental entendida como disminución de externalidades ambientales tales como la polución, el nivel de ruido, la vibración, entre otras; seguridad vía disminución de accidentalidad; y áreas metropolitanas habitables que suponen mantener niveles adecuados de calidad de vida, es decir, ciudades socialmente más saludables.

La consecución de estos objetivos se encuentran normativamente orientados por principios tales como la accesibilidad, entendida como la facilidad para acceder al sistema; la sostenibilidad y el equilibrio medioambiental; el desarrollo económico en tanto apoyo a los procesos productivos; y la equidad que distribuye beneficios y costos para todos por igual.

¡No al disciplinamiento del movimiento popular! por La Federación Judicial Argentina

A fines del 2011 se aprobó la Ley antiterrorista con claros objetivos de intimidar al movimiento popular en su capacidad de resistir políticas regresivas y de ajuste. Según la legislación, las movilizaciones populares podrían ser encuadradas por la Justicia como acciones terroristas y aplicarles todo el rigor de la acción penal. Desde el oficialismo se informa que no hay voluntad de reprimir el accionar del movimiento popular, y se les puede dar crédito, sin embargo, en tanto trabajadores de la Justicia somos conscientes del papel del Poder Judicial como instrumento de las clases dominantes, y no faltará la presencia de algún juez que se inspire en el instrumento de reciente aprobación, en rigor, una actualización agravada de la Ley antiterrorista consagrada en 2007, como sucede ahora en Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta, en Catamarca.

Esta orientación destinada a “disciplinar” al movimiento popular es parte de una estrategia integral del Estado argentino que puede seguirse en diferentes instrumentos jurídicos, entre ellos en la Ley de Entidades Financieras, el régimen previsional vigente y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

¿QUIÉN GANA CON LA “GLOBALIZACIÓN”? Libre Comercio, etapa superior del neo-liberalismo(*) por José Francisco Puello-Socarrás

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El pasado 12 de agosto (¡exactamente 2 meses antes de “destrabarse” la ratificación de los Acuerdos de Promoción Comercial – antes denominados TLCs con Colombia, Panamá y Corea del Sur en el Congreso de los Estados Unidos!), C. Fred Bergsten, director del Instituto Peterson para la Economía Internacional, realizó una intervención titulada: “Los Estados Unidos en la Economía Mundial”.

La presentación era parte de una serie de conferencias sobre temas “de actualidad” que anualmente patrocina la Institución Chautauqua a lo largo de una temporada de nueve semanas en las orillas del lago que lleva su mismo nombre, en la ciudad Nueva York[1].

El discurso pronunciado por Bergsten cuestionaba con un tono muy característico, las actitudes tanto del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama como del Partido Republicano en el Congreso usamericano, en lo que él consideraba un persistente desdén por parte de ambos frente a los asuntos estratégicos del comercio internacional de ese país.

Tras las huellas de la vieja academia europea. Una muy pequeña invitación a mirar hacia el Sur. Por: Santiago Giraldo Luque

Sin duda, las universidades europeas -bien sea por los recursos con los que cuentan, por mantener un espíritu crítico y humanista o por conservar una gran tradición académica no menos que milenaria- han sido apreciadas por una gran parte de los estudiantes latinoamericanos como ejemplos de excelencia académica. De hecho, casi todos los jóvenes soñamos con realizar algún estudio que complemente nuestra formación en los campus históricos de París, Italia, Reino Unido, Alemania o España.

Sin embargo, las barreras establecidas por los gobiernos europeos para limitar los flujos migratorios y evitar que, con excusas académicas, los latinoamericanos se establezcan permanentemente en sus territorios –así como el costo que implica para las monedas de América Latina ser convertidas en euros y subvencionar el precio de los estudios, el trayecto trasatlántico y el mantenimiento diario de una persona que, generalmente, no tendrá permiso para trabajar legalmente-, obligan a pensar en opciones diferentes que satisfagan adecuadamente las demandas formativas y culturales de los jóvenes –y no tan jóvenes- estudiantes.

La latinoamericanización del bienestar europeo: el legado de Colombia para España. Por: Santiago Giraldo Luque

No hace falta recurrir a modelos económicos complejos ni a las –para algunos- alejadas de la realidad teorías críticas de la sociedad capitalista para descubrir las intenciones privatizadoras de algunos de los gobiernos europeos de la última década. El gobierno de Cataluña, por ejemplo, una comunidad autónoma de la que siempre se ha dicho que mira más hacia Europa que a España, declaraba en los días pasados que “la salud es un bien privado que depende de uno mismo, no del Estado”[i]. La frase que deja al descubierto las intenciones –curiosamente publicada en uno de los diarios más afines al partido de gobierno de la Generalitat de Cataluña-, estaba justificada por el siguiente comentario: “No hay un derecho a la salud porque ella depende del código genético que tiene cada persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos, que es lo que sería el ecosistema de la persona… el usuario debe tener la responsabilidad moral que cuando no trata bien a su salud lo hemos de pagar entre todos”[ii].

LA BATALLA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN en la sociedad neoliberal: Chile 2011 por Juan Carlos Gómez Leyton

A la memoria de Daniel Menco, chileno, y Gian Farid, colombiano, mártires del movimiento estudiantil latinoamericano antineoliberal.

La sociedad neoliberal chilena, la más consolidada de la región latinioamericana, ha sido remecida durante los últimos meses por un levantamiento generalizado de las y los jóvenes estudiantes tanto secundarios como universitarios desde la nortina ciudad de Arica hasta la austral Punta Arenas. Cientos de miles de jóvenes se han “tomado” (ocupado) las escuelas, las universidades y, sobre todo, las calles exigiendo y demandando a las autoridades gubernamentales, a la clase política parlamentaria, a los partidos políticos, o sea, a todos los actores que han monopolizado la política durante los últimos 21 años de régimen democrático autoritario electoral, el fin de la educación de mercado. Sin embargo, esta demanda no es solo una exigencia estudiantil al Estado o al régimen político, sino también, lo es para la propia ciudadanía nacional; en otras palabras, la movilización estudiantil exige y demanda la participación activa de la sociedad civil. En ese sentido, el levantamiento juvenil, estudiantil y ciudadano ha tenido la capacidad de convulsionar la “pax política neoliberal” establecida por las clases dominantes, los dirigencias políticas como por las ciudadanías neoliberales a lo largo de las últimas dos décadas en Chile.

La movilización social y política de las y los estudiantes universitarios chilenos se inscribe en una larga lucha en contra de la mercantilización de uno de los derechos humanos y sociales fundamentales, el derecho a la educación. Esta lucha que se inició en los años ochenta del siglo pasado cuando la dictadura militar entregó dicho derecho a las fuerzas del mercado, es decir, a la iniciativa privada del capital e impuso a las y los ciudadanos nacionales, la “obligación” de comprar educación, en el naciente mercado de la educación.